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De un tiempo ac\u00e1, el derecho p\u00fablico colombiano -hijo del derecho administrativo franc\u00e9s- comenz\u00f3 a experimentar el desmantelamiento de la noci\u00f3n del servicio p\u00fablico<\/strong> y se principiaron a quebrar sus principios y sus conceptos m\u00e1s elementales, todo ello con fundamento primero en la descentralizaci\u00f3n administrativa<\/strong> y luego en la permisi\u00f3n de que los servicios p\u00fablicos fueran prestados por los particulares<\/strong>.<\/p>\n En efecto, mientras la primera hab\u00eda creado en la d\u00e9cada de los a\u00f1os 60 adem\u00e1s de los establecimientos p\u00fablicos<\/strong> (juzgables a la luz del derecho p\u00fablico), las empresas industriales y comerciales del Estado<\/strong>, y las sociedades de econom\u00eda mixta<\/strong> (juzgables a la luz del derecho privado), la segunda puso al Estado a competir<\/strong> con los particulares en un \u00e1rea que hasta ese momento le hab\u00eda sido exclusiva<\/strong> y que, incluso, dentro de una concepci\u00f3n democr\u00e1tica, explicaba su raz\u00f3n de ser como Estado: la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Al amparo de la descentralizaci\u00f3n se termin\u00f3 transformando<\/strong> los establecimientos p\u00fablicos primero en sociedades de econom\u00eda mixta y despu\u00e9s en empresas industriales y comerciales del Estado. Esa transformaci\u00f3n posibilit\u00f3 que se diera comienzo al trasteo<\/strong> de numerosas entidades oficiales desde el \u00e1mbito del derecho p\u00fablico<\/strong>, donde eran juzgadas por la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, la jurisdicci\u00f3n natural para juzgar al Estado, bajo principios de derecho p\u00fablico, al \u00e1mbito del derecho privado<\/strong>, donde pasaron a ser juzgadas por la jurisdicci\u00f3n civil ordinaria, como cualquier particular, bajo principios de derecho privado, lo que hizo que, por ejemplo, el Instituto de Seguros Sociales (ISS), tradicionalmente un establecimiento p\u00fablico del orden nacional y sujeto, por tanto, al derecho p\u00fablico, se convirtiera en una empresa industrial y comercial del Estado, y pasara a ser juzgado por la jurisdicci\u00f3n civil ordinaria como cualquier otra empresa privada, al punto de que las demandas dirigidas contra este por la muerte de pacientes en sus cl\u00ednicas (hoy, por cierto, en manos privadas) y que hab\u00edan sido presentadas correcta y oportunamente ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, comenzaron a ser rechazadas con el argumento de que deb\u00edan serlo ante la justicia civil ordinaria. Esta aparentemente inocente remisi\u00f3n de una jurisdicci\u00f3n a otra no era tan inocente, como se suger\u00eda. Por el contrario, encerraba razones de fondo, que nosotros advertimos en su momento, con precario \u00e9xito. El tiempo, juez supremo, termin\u00f3 d\u00e1ndonos la raz\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n <\/em> <\/em><\/p>\n <\/em><\/p>\n <\/p>\n Pero la verdadera crisis del servicio p\u00fablico como raz\u00f3n de ser del Estado<\/strong> principi\u00f3 cuando se admiti\u00f3 que los servicios p\u00fablicos fuesen asumidos tambi\u00e9n<\/strong> por los particulares. Si bien inicialmente se reservaron para el Estado unas prerrogativas que lo pon\u00edan por encima de aquellos (cosa que era l\u00f3gica puesto que, en \u00faltimas, se trataba de la transfusi\u00f3n a estos de unas funciones que, en principio, eran propias<\/strong> del Estado), con el paso del tiempo el Estado fue siendo colocado al mismo nivel<\/strong> de los particulares hasta acabar poni\u00e9ndosele en una posici\u00f3n de desventaja<\/strong>. Por ese camino, se privatizaron<\/strong> servicios p\u00fablicos esenciales como las telecomunicaciones y se agudiz\u00f3 la privatizaci\u00f3n de la salud, de la seguridad social y de la educaci\u00f3n. Aunque no se ha llegado al extremo de privatizar servicios p\u00fablicos que ya no tendr\u00eda presentaci\u00f3n alguna privatizar, porque de hacerlo pr\u00e1cticamente se desnaturalizar\u00eda al Estado mismo, s\u00ed se le introdujeron fuertes aranceles y expensas al servicio p\u00fablico de justicia en la rama contencioso-administrativa, en la cual -despu\u00e9s de una f\u00e9rrea oposici\u00f3n en el interior del Consejo de Estado, se col\u00f3 lo que el consejero Eduardo Suesc\u00fan Monroy llam\u00f3 “el instituto romanista de las costas”<\/em>, en virtud del cual si el Estado pierde el pleito no paga costas, pero si lo pierde el particular \u00e9ste s\u00ed tiene que pagarlas. Se produjo, adem\u00e1s, una reforma al derecho procesal penal que puso la debilidad del reo a tener que enfrentar el poder\u00edo ilimitado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, debido a lo cual no es lo mismo, en Colombia, ser un reo rico que un reo pobre, pues el primero nivela su desigualdad frente al Estado con su poder econ\u00f3mico, que le permite acopiar medios probatorios de primera, mientras que al segundo a duras penas le alcanza su estrella para que le nombren un defensor de oficio. Incluso, se ha llegado a hablar de contratar con particulares el servicio p\u00fablico de las prisiones, adem\u00e1s de que ha habido noticia sobre pagos de entidades bancarias y empresas a la Polic\u00eda Nacional por el servicio p\u00fablico de vigilancia, servicio que se supone sostenido con nuestros impuestos y que debe ser brindado a todos por igual y sin contraprestaci\u00f3n adicional alguna, y, en algunas regiones colombianas se lleg\u00f3 a una asombrosa aceptaci\u00f3n social de que el servicio p\u00fablico de seguridad ciudadana fuese prestado por particulares, d\u00e1ndose origen a fen\u00f3menos de los que todav\u00eda no se repone el pa\u00eds.<\/p>\n <\/p>\n <\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/em> <\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/em><\/em><\/em><\/em><\/em>Le har\u00eda inmenso provecho a Colombia iniciar un gran debate nacional sobre la privatizaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos<\/strong> y, de paso, sobre las actuales tendencias que pretenden desacreditar al Derecho Administrativo<\/strong>, considerado hasta hace poco el instrumento logrado por la democracia para que la fragilidad del ciudadano pudiera enfrentar el poder\u00edo avasallador del Estado, y hoy perversamente presentado por sus enemigos, a trav\u00e9s de los grandes medios de comunicaci\u00f3n y ante una comunidad que se traga las pastillas sin agua, como una mera herramienta apta para esquilmarlo.<\/p>\n <\/p>\n <\/em><\/p>\n <\/em><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" De un tiempo ac\u00e1, el derecho p\u00fablico colombiano -hijo del derecho administrativo franc\u00e9s- comenz\u00f3 a experimentar el desmantelamiento de la noci\u00f3n del servicio p\u00fablico y se principiaron a quebrar sus principios y sus conceptos m\u00e1s elementales, todo ello con … Sigue leyendo
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\n<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em>Hay una an\u00e9cdota<\/strong> que hoy queremos contar. Hace ya un considerable n\u00famero de a\u00f1os, el registrador especial del estado civil en Barrancabermeja se encontraba junto con sus subalternos preparando las instalaciones de la Registradur\u00eda del Estado Civil para un certamen electoral que se avecinaba. Al querer acomodar una varilla en la terraza de la edificaci\u00f3n, esta se aproxim\u00f3 tanto a la red de alta tensi\u00f3n, que gener\u00f3 el llamado arco voltaico y se produjo la consiguiente descarga de alto voltaje, a consecuencia de la cual el funcionario perdi\u00f3 ambas manos. Se demand\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa a la Electrificadora de Santander y al Municipio de Barrancabermeja bajo el argumento de que la conducci\u00f3n de la energ\u00eda el\u00e9ctrica, la iluminaci\u00f3n de las ciudades, el funcionamiento de las industrias y el consiguiente avance del progreso generaban unos enormes riesgos<\/strong> que deb\u00edan ser asumidos por la comunidad beneficiada<\/strong> si alguien, a consecuencia de los mismos, sufr\u00eda da\u00f1o en su vida o en su integridad. El Tribunal Administrativo de Santander admiti\u00f3 la demanda y adelant\u00f3 el proceso. Pero cuando se aproximaba a la etapa del fallo, sorprendi\u00f3 al demandante declarando la nulidad de lo actuado y el archivo del expediente, por considerar que la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa carec\u00eda de competencia para ese asunto y el mismo deb\u00eda ventilarse en el \u00e1mbito de la justicia civil ordinaria con base en las normas y principios del derecho privado, pues se trataba de un asunto meramente privado<\/strong>. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de tratar por primera vez el espinoso tema de la privatizaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos y la grave incidencia que ya empezaba a tener en el desmantelamiento del derecho p\u00fablico colombiano. Lo hice en el recurso de apelaci\u00f3n que, por supuesto en mi condici\u00f3n de abogado, redact\u00e9 y present\u00e9. All\u00ed part\u00ed de la base de que la electrocuci\u00f3n de un ciudadano o el hecho de que sufriera graves lesiones en su integridad f\u00edsica a consecuencia de los riesgos generados por una actividad de inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> adelantada por una empresa del Estado<\/strong> en beneficio de un municipio<\/strong> no pod\u00eda ser tenida como una cuesti\u00f3n meramente privada. El magistrado ponente nos coment\u00f3 que hab\u00eda le\u00eddo nuestro memorial y que, aunque ya a \u00e9l no le correspond\u00eda resolverlo, estaba de acuerdo<\/strong> conmigo. Pues bien: curiosamente, a favor de que la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa dictara sentencia de fondo y condenara<\/strong> a la Electrificadora se hab\u00eda pronunciado el vocero de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ante el Tribunal. Y curiosamente tambi\u00e9n, aquel magistrado a quien le dirigimos el citado memorial y que nos dijo que estaba de acuerdo con nosotros era el doctor Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez Maldonado, actual Procurador General de la Naci\u00f3n.
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