![\"OSCAR](\"https:\/\/lapiedrafilosofal.com\/wp-content\/uploads\/2012\/06\/OSCAR-HUMBERTO-GOMEZ.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
Cada vez m\u00e1s se est\u00e1n poniendo en evidencia los enormes riesgos que trae consigo el ejercicio de la potestad disciplinaria omn\u00edmoda que la ley les da a los jueces y magistrados para, incluso, privar de la libertad a las personas cuando, simplemente, consideran que les han faltado al respeto.<\/p>\n
En el caso de la abogac\u00eda, esta profesi\u00f3n liberal fue puesta por el Estado bajo la f\u00e9rula de su poder disciplinario a trav\u00e9s de un c\u00f3digo en cuya redacci\u00f3n tom\u00f3 parte exclusivamente el Poder P\u00fablico. All\u00ed se describen como faltas disciplinarias numerosas conductas, entre ellas una aparentemente obvia, pero cuya peligrosidad para la libertad de expresi\u00f3n de la abogac\u00eda ya empieza a notarse: la que se denomina “faltas al respeto debido a los funcionarios p\u00fablicos<\/strong>“, entre los cuales se incluyen, desde luego, los del Poder Judicial.<\/p>\n La cuesti\u00f3n cobra una particular gravedad porque, en primer lugar, por ninguna parte se define qu\u00e9 debe entenderse por “respeto<\/strong>“, y, en segundo lugar, si bien se se\u00f1ala que, de todos modos, la abogac\u00eda tiene derecho a “denunciar<\/strong>” las faltas cometidas por los funcionarios estatales, y a “reprocharlas<\/strong>“, es evidente \u2014como lo comprobar\u00e1 este portal\u2014 que tales vocablos, “denunciar” y “reprochar”, no<\/strong> son comprendidos en su verdadera significaci\u00f3n por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de suerte que esa Sala censura<\/strong> al abogado que se atreve a, precisamente, denunciar<\/em> y reprochar<\/em> las faltas de esos funcionarios. La censura se impone con el argumento de que se ha violado el deber de “mesura<\/strong>“, concepto que tampoco se delimita en ninguna parte del c\u00f3digo y queda, por lo tanto, al libre criterio de la Sala Disciplinaria decir si le parece que el orador o el escritor forense fue mesurado en su discurso o en su pieza escrita, o no lo fue.<\/p>\n En otras palabras, mientras el propio C\u00f3digo Disciplinario del Abogado le otorga a la abogac\u00eda colombiana el derecho a la denuncia<\/em> y al reproche <\/em>(que, dicho sea de paso, no son solo un derecho, sino tambi\u00e9n un deber<\/em> de todo ciudadano honorable), una visi\u00f3n totalmente recortada de esas nociones, al igual que de la noci\u00f3n de mesura<\/em>, permite que a quien denuncia<\/em> o a quien reprocha<\/em>, le caiga todo el peso del poder disciplinario estatal.<\/p>\n Pero la cosa es todav\u00eda m\u00e1s grave.<\/p>\n En efecto, la Sala Disciplinaria califica la “mesura” y el “respeto” con la mera lectura aislada<\/strong>, completamente fuera de contexto<\/strong>, de la pieza oratoria pronunciada o del memorial escrito por el jurista. De modo que aspectos de capital importancia como la justicia o injusticia de la denuncia o del reproche, los motivos determinantes, las circunstancias antecedentes, el estado de \u00e1nimo del jurista, las condiciones de adversidad o angustia en que se desenvolv\u00eda, la provocaci\u00f3n de la que hubiese sido v\u00edctima por parte del funcionario estatal, la particular monstruosidad de los hechos minimizados o despreciados por el funcionario, el hecho de que el jurista estuviese defendiendo su honor profesional, etc\u00e9tera, nada, absolutamente nada significan.<\/p>\n Y ello, a pesar de que, clara y expresamente, el propio C\u00f3digo Disciplinario del Abogado ordena que se tengan en cuenta las nociones y principios del derecho penal <\/strong>y a pesar de que, literalmente, habla de la “antijuridicidad<\/strong>“, de la “culpabilidad<\/strong>” y de las causales que excluyen la una o la otra.<\/strong> Como lo sabe cualquier penalista, el hecho de que una persona mate a otra no siempre constituye delito de homicidio y, por ende, no siempre se puede castigar al autor con una pena, pues si concurre en los hechos una causal que excluya la antijuridicidad \u2014como lo es, por ejemplo, la leg\u00edtima defensa del honor\u2014 no puede afirmarse, jur\u00eddicamente hablando, que existi\u00f3 falta y, por consiguiente, es jur\u00eddicamente imposible imponer castigo alguno, por cuanto la reacci\u00f3n fue justificada<\/strong>. Y si el derecho justifica hasta el sacrificio de la vida en leg\u00edtima defensa del honor o de otro bien jur\u00eddico, se cae de su peso que\u2014con mayor raz\u00f3n\u2014 justifica una reacci\u00f3n no letal, como la que se plasma en una intervenci\u00f3n forense.<\/p>\n Empero, eso no es lo m\u00e1s grave.<\/p>\n Y es que en el caso de los funcionarios del Estado<\/strong> sancionados disciplinariamente \u2014por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por ejemplo\u2014 tales decisiones son actos administrativos<\/strong> y, por consiguiente, ellos pueden acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa en ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad<\/strong>.<\/p>\n No ocurre lo mismo con la abogac\u00eda. Los abogados<\/strong> sancionados disciplinariamente \u2014entre ellos (para la cuesti\u00f3n que nos ocupa, los multados, censurados o hasta suspendidos por haber ejercido su derecho a la denuncia y el reproche) quedan inmersos en una sin salida. Las decisiones por medio de las cuales se les sanciona no<\/strong> son considerados actos administrativos, sino sentencias judiciales<\/strong>, y por lo tanto no<\/strong> pueden acudir a la acci\u00f3n de nulidad.<\/p>\n Y, sin embargo, la Corte Constitucional, por v\u00eda de tutela, ha dejado en evidencia que en el juzgamiento y sanci\u00f3n de abogados, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha incurrido en<\/strong> violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del abogado sancionado<\/strong>. As\u00ed, por ejemplo, una memorable sentencia de la Corte Constitucional ampar\u00f3 los derechos fundamentales de un abogado que hab\u00eda sido sancionado por la precitada Sala Disciplinaria por haber cobrado, a t\u00edtulo de honorarios, el porcentaje que hab\u00eda pactado con su cliente, una alcald\u00eda municipal. A la Sala Disciplinaria le pareci\u00f3 el porcentaje pactado como desproporcionado y, adem\u00e1s, censuraba al profesional del derecho por no haber reducido dicho porcentaje a pesar de que, finalmente, el pleito hab\u00eda terminado anticipadamente por conciliaci\u00f3n judicial. La Corte encontr\u00f3 que, en primer lugar, la tabla de tarifas de honorarios profesionales aprobada por el Ministerio de Justicia para el Colegio Nacional de Abogados, permit\u00eda pactar no solo ese porcentaje, sino incluso uno mucho mayor, y que, en segundo lugar, ninguna norma obligaba al profesional a reducir lo pactado solo porque obtuviera el resultado perseguido con menos trabajo y menos tiempo del previsto.<\/p>\n Esto es, por supuesto, extremadamente grave.<\/p>\n Y lo es, porque la Corte Constitucional no estudia todas las tutelas<\/strong>, sino solamente aquellas que la correspondiente Sala de Selecci\u00f3n escoge<\/strong> para que sean revisadas por esa corporaci\u00f3n. Las dem\u00e1s, es decir, las no escogidas \u2014y que son la inmensa mayor\u00eda\u2014 son devueltas<\/strong> y el accionante tiene que resignarse. Aquel abogado, por ejemplo, habr\u00eda quedado sancionado si la Corte Constitucional no se hubiera interesado en su caso.<\/p>\n \u00bfEn qu\u00e9 quedan, entonces, los derechos fundamentales de los abogados sancionados cuyas tutelas no<\/strong> son seleccionadas para revisi\u00f3n?<\/p>\n Pero, aun as\u00ed, lo m\u00e1s grave no es tampoco esto. Lo m\u00e1s grave es que las demandas de tutela contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera y en segunda instancia, las decide la misma Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cada vez m\u00e1s se est\u00e1n poniendo en evidencia los enormes riesgos que trae consigo el ejercicio de la potestad disciplinaria omn\u00edmoda que la ley les da a los jueces y magistrados para, incluso, privar de la libertad a las … Sigue leyendo