![\"OSCAR](\"https:\/\/lapiedrafilosofal.com\/wp-content\/uploads\/2012\/06\/OSCAR-HUMBERTO-GOMEZ.jpg\")
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Tal y como ya lo hab\u00edamos expresado en este portal, NO es cierto que el abogado est\u00e9 OBLIGADO a apelar la sentencia desfavorable si, desde su punto de vista profesional, considera que no debe ser impugnada.<\/p>\n
El Consejo de Estado nos acaba de dar la raz\u00f3n. La Caja Agraria en liquidaci\u00f3n pretend\u00eda que su apoderado, por no haber apelado la sentencia condenatoria impuesta en su contra por un juzgado laboral, fuera obligado a reembolsar a la entidad todo cuanto hab\u00eda tenido que pagar como consecuencia de la condena que se le impuso.<\/p>\n
Aunque el Consejo de Estado advierte que no est\u00e1 dentro de su \u00f3rbita la cuesti\u00f3n disciplinaria, es obvio que si el abogado NO estaba obligado a apelar, tampoco pod\u00eda ser sancionado disciplinariamente por no hacerlo.<\/p>\n
Aqu\u00ed vuelve a verse la imperiosa urgencia que hemos venido se\u00f1alando en el sentido de que no sea una instituci\u00f3n del Estado, como lo es la Sala Jurisdiccional- Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la que tenga en sus manos la potestad de juzgar desde el punto de vista \u00e9tico la conducta de la Abogac\u00eda colombiana. La Abogac\u00eda es una PROFESI\u00d3N LIBERAL y los abogados NO son funcionarios del Estado.<\/p>\n
Como nuestros amigos recuerdan, hace poco la precitada Sala Jurisdiccional- Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancion\u00f3 a una abogada por no haber apelado una sentencia adversa a la Empresa de Acueducto de Bogot\u00e1 y nosotros expresamos en aquella oportunidad \u2014y m\u00e1s all\u00e1 de las circunstancias particulares del caso\u2014 nuestras profundas preocupaciones frente a lo que podr\u00eda significar ese precedente.<\/p>\n
Lea:<\/p>\n
http:\/\/www.oscarhumbertogomez.com\/?p=13579<\/a><\/p>\n Nuestra lucha, por supuesto, proseguir\u00e1 hasta que desaparezca el Consejo Superior de la Judicatura. Pero no para que se le reemplace por otra instituci\u00f3n estatal. Lo que exigimos es la creaci\u00f3n de un tribunal de \u00e9tica integrado por figuras verdaderamente prominentes de la Abogac\u00eda colombiana. Solo as\u00ed tendr\u00edamos una Abogac\u00eda libre, decente, influyente, respetada y digna. “CONSEJO DE ESTADO Conoce la Sala el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la parte demandante contra la \u201cPRIMERO.- Declarar no probada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n y caducidad I. A N T E C E D E N T E S<\/p>\n 1. La demanda.<\/p>\n Mediante demanda presentada el 19 de diciembre de 2005, la Caja Agraria \u2013 en \u201c1\u00ba Que se declare que entre las partes existi\u00f3 un contrato, en virtud del cual 2\u00ba Que se declare que el abogado RODRIGO HERNANDO VARGAS PARRA 3\u00ba Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n se condene al abogado 4\u00ba Que la suma de dinero por la que se condene al demandado con fundamento en 5\u00ba Que se condene a la parte demandada al pago de las costas que se generen a 2. Los hechos.<\/p>\n En el escrito de demanda, la parte actora narr\u00f3 los siguientes hechos:<\/p>\n 2.1. En 1995, el se\u00f1or Ovidio Buitrago Grimaldo demand\u00f3 a la Caja de Cr\u00e9dito 2.2. La Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero, otorg\u00f3 poder especial al abogado 2.3. Luego de rituadas las etapas propias del proceso, el Juez 5\u00ba Laboral del Circuito 2.4. Seg\u00fan narr\u00f3 la demandante, incumpliendo sus obligaciones, el abogado Rodrigo 2.5. El Juzgado 5\u00ba Laboral del Circuito, liquid\u00f3 las costas y agencias en derecho y el 2.6. Encontr\u00e1ndose en firme la sentencia de primera instancia, el apoderado solicit\u00f3 2.7. Habiendo sido requerido para explicar los motivos por los cuales no present\u00f3 2.8. Posteriormente, ante la insistencia de la Caja Agraria – en liquidaci\u00f3n, el (…)<\/p>\n 2.9. La demandante extract\u00f3 y transcribi\u00f3 en la demanda las observaciones tomadas 2.10. El 6 de octubre de 2005 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de conciliaci\u00f3n prejudicial Del art\u00edculo 70 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se establece igualmente que el acto No es mandatorio acudir en la alzada, por el solo hecho del apoderamiento judicial. Por otra parte, se advierte que la falta de apelaci\u00f3n no es necesariamente lesiva, toda En consecuencia, resulta determinante en el sentido del fallo que ha de proferirse en A juicio de la Sala procede el argumento del demandado, toda vez que seg\u00fan lo Sin entrar a dilucidar lo que ocurri\u00f3 entre el 14 y el 17 de agosto de 2002, en el t\u00e9rmino La condena impon\u00eda, entre otras, una sanci\u00f3n moratoria diaria, la cual a 30 de junio de Desde la perspectiva que otorga el acervo probatorio en este caso, se advierte adem\u00e1s Por otra parte, en relaci\u00f3n con las costas del proceso se tiene en cuenta que el No corresponde evaluar aqu\u00ed si la sentencia de primera instancia en el proceso laboral Por lo tanto, aunque la facultad de apelaci\u00f3n estaba incluida dentro de la gesti\u00f3n En conclusi\u00f3n, se confirma la consideraci\u00f3n del Tribunal a quo en el sentido de que De conformidad con las consideraciones acerca de la responsabilidad contractual por (…)<\/p>\n 12.2. Nexo de causalidad o imputaci\u00f3n del perjuicio derivado de la falta de Adem\u00e1s de que no acredit\u00f3 la existencia de la obligaci\u00f3n, la parte actora fall\u00f3 en Por el contrario, en el plenario se encuentra acreditada una sentencia del Tribunal Seg\u00fan declar\u00f3 el demandado, llev\u00f3 alrededor de 300 procesos, tuvo contratos con la Por lo tanto, fall\u00f3 la prueba del deber de colaboraci\u00f3n, lo cual lleva a desligar la omisi\u00f3n Aunque parece obvio, debe advertirse al actor que en este proceso no aport\u00f3 (…)<\/p>\n 12.3. El da\u00f1o alegado.<\/strong><\/p>\n Con relaci\u00f3n a la tasaci\u00f3n del perjuicio, la Sala considera importante hacer una reflexi\u00f3n En este plenario, nada permiti\u00f3 inferir el resultado que habr\u00eda obtenido la apelaci\u00f3n y Por el contrario, de acuerdo con el contenido de la sentencia, la apreciaci\u00f3n de las \u201c(\u2026) la no interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n dentro del proceso del se\u00f1or Ovidio Ahora bien, seg\u00fan se expuso en las consideraciones generales de la sentencia, la En el evento de reclamar otros perjuicios, se requerir\u00edan pruebas diferentes para llevar Lo cierto es que en este estado, no resulta procedente imponer al apoderado una En este aspecto procesal no logr\u00f3 la Caja Agraria – en liquidaci\u00f3n, soportar su dicho, Nada permite inferir que hubiera existido otra fuente de responsabilidad imputable al En consecuencia, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de denegar la declaraci\u00f3n de <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tal y como ya lo hab\u00edamos expresado en este portal, NO es cierto que el abogado est\u00e9 OBLIGADO a apelar la sentencia desfavorable si, desde su punto de vista profesional, considera que no debe ser impugnada. El Consejo de … Sigue leyendo
\n![\"\"](\"https:\/\/lapiedrafilosofal.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/justice.jpg\" "\\"justice\\"")
\nA continuaci\u00f3n, reproducimos textualmente el importante pronunciamiento del Consejo de Estado:<\/p>\n
\nSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
\nSECCI\u00d3N TERCERA \u2013 SUBSECCI\u00d3N A<\/strong>
\nConsejero ponente (E):<\/strong> HERN\u00c1N ANDRADE RINC\u00d3N<\/strong>.
\nBogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015)
\nRADICACI\u00d3N:<\/strong> 25000233100020060013101<\/strong>
\nEXPEDIENTE: 37725<\/strong>
\nACTOR:<\/strong> Caja Agraria, en liquidaci\u00f3n<\/strong>
\n DEMANDADO: Rodrigo Hernando Vargas Parra<\/strong>
\n REFERENCIA: Contractual<\/strong><\/p>\n
\nsentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Tercera,
\nSubsecci\u00f3n A, el cuatro (4) de junio de dos mil nueve (2009), mediante la cual se
\ndispuso:<\/p>\n
\npropuestas por el demandado Rodrigo Vargas Parra.
\nSEGUNDO.- Negar las pretensiones de la demanda.
\nTERCERO.- Sin condena en costas.\u201d<\/p>\n
\nliquidaci\u00f3n, en ejercicio de la acci\u00f3n contractual consagrada en el art\u00edculo 87 del
\nC\u00f3digo Contencioso Administrativo, solicit\u00f3 las siguientes declaraciones y
\ncondenas contra Rodrigo Hernando Vargas Parra:<\/p>\n
\nel abogado RODRIGO HERNANDO VARGAS PARRA, en su condici\u00f3n de
\nmandatario judicial externo, le prest\u00f3 sus servicios profesionales a LA CAJA
\nAGRARIA \u2013 EN LIQUIDACI\u00d3N – dentro del proceso ordinario laboral que en contra
\nde \u00e9sta hab\u00eda instaurado el se\u00f1or Ovidio Buitrago Grimaldo.<\/p>\n
\nincumpli\u00f3 el aludido contrato, al no haber ejecutado satisfactoriamente la totalidad
\nde las obligaciones a su cargo.<\/p>\n
\nRODRIGO HERNANDO VARGAS PARRA, a pagarle a la demandante CAJA
\nAGRARIA \u2013 EN LIQUIDACI\u00d3N -, a t\u00edtulo de perjuicios, una suma no inferior a
\ndoscientos veintisiete millones treinta mil ciento diez y ocho pesos ($227\u2019030.118)
\nm\/cte, y que ese pronunciamiento se extienda a los pagos que mes a mes debe
\nhacer la demandante para cubrir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del se\u00f1or Ovidio Buitrago
\nGrimaldo.<\/p>\n
\nla pretensi\u00f3n anterior, sea indexada, esto es corregida monetariamente como
\nmecanismo para cubrir la desvalorizaci\u00f3n de la moneda.<\/p>\n
\nra\u00edz del presente tr\u00e1mite judicial.\u201d<\/p>\n
\nAgrario Industrial y Minero, con el fin de obtener la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de
\njubilaci\u00f3n y de otras prestaciones derivadas del contrato de trabajo que existi\u00f3 entre las
\npartes. Para ello, el se\u00f1or Ovidio Buitrago Grimaldo demand\u00f3 el reconocimiento del
\nincentivo extraordinario por trabajos especiales equivalente al 60% del sueldo b\u00e1sico
\nasignado al cargo del jefe grado 24 y la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones
\ncorrespondientes, a lo cual consider\u00f3 tener derecho en raz\u00f3n de su vinculaci\u00f3n al
\nproyecto de modernizaci\u00f3n que adelant\u00f3 la mencionada entidad.<\/p>\n
\nRodrigo Hernando Vargas Parra, el cual, en ejercicio de su gesti\u00f3n contest\u00f3 la
\ndemanda, invoc\u00f3 las excepciones de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n, falta de t\u00edtulo para
\npedir, cobro de lo no debido, pago y todo hecho que pueda tipificar excepci\u00f3n.<\/p>\n
\nde Bogot\u00e1 en sentencia del 14 de agosto de 2002 declar\u00f3 no probadas las excepciones
\ny conden\u00f3 a la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero a pagar al demandante las
\nsumas debidas por reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, sobre remuneraci\u00f3n
\nsalarial, reliquidaci\u00f3n de las primas de servicios escolaridad y vacaciones,
\nreliquidaci\u00f3n de las cesant\u00edas y la indemnizaci\u00f3n moratoria por cada d\u00eda de retardo en
\nel pago.<\/p>\n
\nHernando Vargas Parra no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de
\nagosto 14 de 2002, \u201ca pesar de que dicho prove\u00eddo no s\u00f3lo era susceptible de ser
\nimpugnado por esa v\u00eda, sino que adem\u00e1s el juez a quo no se pronunci\u00f3 de fondo
\ndesvirtuando la totalidad de los medios exceptivos por \u00e9l mismo alegados y en
\nconsideraci\u00f3n a que a su mandante le impusieron una serie de onerosas prestaciones,
\ncircunstancias todas estas que implicaban tener que haber agotado la alzada\u201d.<\/p>\n
\nabogado las objet\u00f3. Finalmente, previo dictamen pericial, las agencias en derecho
\nquedaron en firme por la suma de $50\u2019000.000. La demandante indic\u00f3 que esa suma
\ntambi\u00e9n se reclama dentro del perjuicio solicitado en este proceso, por ser derivado de
\nla no apelaci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n
\nque se tramitara el grado de consulta respecto de la sentencia de agosto 14 de 2002,
\npetici\u00f3n que fue negada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, b\u00e1sicamente por la
\nnaturaleza jur\u00eddica de la Caja Agraria \u2013 en liquidaci\u00f3n, al \u201cno existir evidencia de que la
\ncondena impuesta a la Caja Agraria sea adversa a la Naci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
\nrecurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, el abogado remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n del 20 de
\nnoviembre de 2002, en la cual se limit\u00f3 a indicar que \u201cno fue posible apelarla dentro de
\nla oportunidad procesal\u201d.<\/p>\n
\nabogado indic\u00f3 en comunicaci\u00f3n del 16 de abril de 2004, que la no interposici\u00f3n del
\nrecurso obedeci\u00f3 finalmente a un an\u00e1lisis juicioso del suscrito, a trav\u00e9s del cual lleg\u00f3 a
\n\u201cla convicci\u00f3n de que no exist\u00edan argumentos jur\u00eddicos ni de car\u00e1cter probatorio que
\nmodificaran la decisi\u00f3n tomada por el a quo\u201d.<\/p>\n
\nde la carpeta de la hoja de vida del se\u00f1or Ovidio Buitrago Grimaldo, toda vez que all\u00ed
\nconstaron los documentos en los cuales la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero
\ndecidi\u00f3 en su oportunidad, que el se\u00f1or Buitrago no ten\u00eda derecho al incentivo
\nextraordinario por trabajos especiales, b\u00e1sicamente por cuanto no existi\u00f3 un acto de
\nvinculaci\u00f3n a uno de los cargos del proyecto de modernizaci\u00f3n y se afirm\u00f3 que
\n\u00fanicamente colabor\u00f3 en forma temporal y espec\u00edfica por espacio de 30 d\u00edas apoyando a
\nla firma Price Waterhouse, entre el 9 de octubre, fecha en que se inform\u00f3 su asignaci\u00f3n
\npara ese prop\u00f3sito y 20 de diciembre de 1989, fecha en que termin\u00f3 el proyecto, seg\u00fan
\nla afirmaci\u00f3n contenida en la referida transcripci\u00f3n de documetos.<\/p>\n
\nante la Procuradur\u00eda S\u00e9ptima Judicial, delegada ante el Tribunal Administrativo de
\nCundinamarca, la cual se declar\u00f3 cerrada por falta de acuerdo entre las partes.
\n(…)<\/p>\n
\nde apoderamiento para la representaci\u00f3n judicial incluye la facultad de apelar la
\nsentencia y no se requiere poder o autorizaci\u00f3n adicional para ello.
\nSin embargo, a diferencia de lo que sostuvo la Caja Agraria -en liquidaci\u00f3n-, el mandato
\npara la representaci\u00f3n judicial que exhibi\u00f3 en este caso, no incluy\u00f3 la obligaci\u00f3n de
\ninterponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia desfavorable, ello se establece
\npor cuanto el plenario careci\u00f3 de prueba alguna sobre una instrucci\u00f3n en ese sentido y
\nla ley no impone esta conducta como un deber imperativo, ni en el r\u00e9gimen del contrato
\nde mandato ni en el estatuto de la profesi\u00f3n.<\/p>\n
\nSiendo as\u00ed, a falta de pacto contractual que permita configurar ese deber, no se puede
\ncalificar como incumplimiento contractual la sola conducta consistente en omitir la
\npresentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
\nvez que de acuerdo con las circunstancias particulares puede ser beneficioso a los
\nintereses de un parte dejar de recurrir la sentencia de primera instancia, a\u00fan cuando
\nsea condenatoria.<\/p>\n
\neste proceso, que la demandante dej\u00f3 de especificar las obligaciones del abogado al
\nque confiri\u00f3 el mandato judicial y brill\u00f3 por su ausencia la prueba de que hubiera
\nexistido el deber de apelar o de solicitar autorizaci\u00f3n para no presentar el recurso.
\nEn el presente proceso, la Caja Agraria \u2013 en liquidaci\u00f3n, aleg\u00f3 que exist\u00eda la obligaci\u00f3n
\nde apelar la sentencia de primera instancia, basada en el deber de colaboraci\u00f3n que la
\nLey 80 impone al contratista del Estado y afirm\u00f3 que en este caso exist\u00edan argumentos
\njur\u00eddicos para apelar. Por su parte, el demandado aleg\u00f3 que no estaba obligado a
\npresentar la apelaci\u00f3n, que pod\u00eda aplicar su buen juicio, que careci\u00f3 de pruebas y
\nargumentos para acudir en la alzada y afirm\u00f3 que la segunda instancia causar\u00eda
\nmayores erogaciones a la Caja Agraria \u2013 en liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
\nprobado en este plenario, la conducta sub judice no se apart\u00f3 de las instrucciones del
\nmandante ni falt\u00f3 a los deberes legales de la profesi\u00f3n y en este contexto, se acepta
\nque el apoderado pod\u00eda aplicar su buen juicio.<\/p>\n
\nde la ejecutoria del fallo, pues se desconoce si en ese lapso hubo un razonamiento
\nsobre la protecci\u00f3n de la posici\u00f3n econ\u00f3mica de la demandada o simplemente el
\napoderado fall\u00f3 en el control del conocimiento oportuno de la sentencia, se observa que
\nel dicho del demandante en cuanto a las erogaciones en caso de apelaci\u00f3n y la defensa
\nde esos intereses, cobra sentido en este acervo probatorio, seg\u00fan se observa con
\nfundamento en lo siguiente:<\/p>\n
\n2004, alcanzaba el valor de $157\u2019760.295, impuesta con base en la apreciaci\u00f3n de la
\nprueba de la mala fe por la renuencia a pagar que present\u00f3 la Caja Agraria, para la
\n\u00e9poca en que el trabajador le reclam\u00f3. Dicha sanci\u00f3n ir\u00eda creciendo a raz\u00f3n de
\n$34.095 diarios, seg\u00fan la sentencia de primera instancia y en caso de acudir en la
\nalzada, estar\u00eda en el riesgo de incremento, bajo el supuesto de que el Tribunal Superior
\nde Distrito Judicial de Bogot\u00e1 coincidiera con la apreciaci\u00f3n de la conducta que tuvo el
\njuez de primera instancia, por el tratamiento que la Caja Agraria dispens\u00f3 al trabajador
\nen las reclamaciones \u00e9ste le present\u00f3 en la v\u00eda gubernativa.<\/p>\n
\nque el valor de la sanci\u00f3n moratoria no se acredit\u00f3 como pagado por la Caja Agraria –
\nen liquidaci\u00f3n, ni fue espec\u00edficamente reclamado en este proceso, de donde se
\ninfiere que en efecto la ejecutoria de la sentencia de primera instancia abri\u00f3 paso a la
\nreliquidaci\u00f3n de la base de la pensi\u00f3n y al pago de la condena por ese concepto, con
\ncargo a la masa de liquidaci\u00f3n, sin incluir mayores valores por moratoria.<\/p>\n
\ndemandado SI present\u00f3 objeci\u00f3n, seg\u00fan se acredit\u00f3 en el plenario, am\u00e9n de que se
\nacepta que pudo entenderse por el mandatario que la segunda instancia habr\u00eda
\nincrementado la base de las costas tomadas por el Juez, teniendo en cuenta que se
\ndeterminaron en relaci\u00f3n con las prestaciones peri\u00f3dicas resultantes de la condena y
\nellas seguir\u00edan caus\u00e1ndose hasta tanto se diera la decisi\u00f3n final.<\/p>\n
\nhabr\u00eda sido susceptible de revocaci\u00f3n, ni predecir el \u00e9xito o fracaso de la segunda
\ninstancia, puesto que basta advertir que la labor del apoderado judicial es de medios en
\ncuanto al resultado de la sentencia y en caso alguno puede obligarse a obtener el fallo
\nen un determinado sentido.<\/p>\n
\ncontratada al apoderado y te\u00f3ricamente pod\u00eda ser un medio de defensa recomendable,
\nno se prob\u00f3 la obligaci\u00f3n consistente en el deber de presentar apelaci\u00f3n, por lo tanto,
\nse destruye la base de la argumentaci\u00f3n de la demandante y resulta improcedente
\ndeclarar el incumplimiento del abogado por la falta de presentaci\u00f3n del recurso.<\/p>\n
\nresult\u00f3 insuficiente la prueba a cargo de la demandante para efecto de fundar una
\ncondena; se recuerda que a la demandante correspond\u00eda demostrar el acuerdo
\ncontractual acerca del deber o la obligaci\u00f3n de apelar la sentencia y no lo hizo, por
\nmanera que se asume que ese deber no existi\u00f3 en el caso particular que ahora se
\nexamina.<\/p>\n
\nincumplimiento, no habiendo omisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n, el plenario carece de prueba de
\nun elemento b\u00e1sico de la responsabilidad civil, por lo cual no existe base para imponer
\nla condena.<\/p>\n
\napelaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n
\ndesplegar los medios probatorios id\u00f3neos acerca del deber de colaboraci\u00f3n que
\nargument\u00f3 como necesario para la adecuada defensa de sus intereses: se limit\u00f3 a
\nrelacionar los argumentos jur\u00eddicos que en su oportunidad tuvo la entidad para no
\natender la reclamaci\u00f3n prejudicial, pero careci\u00f3 de pruebas para soportar su argumento
\nen relaci\u00f3n con la condena judicial, por ejemplo, a trav\u00e9s de casos an\u00e1logos: con fallos
\nfavorables para la entidad, identificaci\u00f3n de pruebas no valoradas en el proceso u otro
\naspecto pertinente para desprender el deber de apelar la sentencia en defensa de sus
\nintereses.<\/p>\n
\nSuperior de Bogot\u00e1 a favor de una trabajadora vinculada al mismo proyecto de
\nmodernizaci\u00f3n, con fallo condenatorio en segunda instancia.<\/p>\n
\nentidad para otros juicios laborales y obtuvo fallo favorable a la Caja Agraria en la
\nmayor\u00eda, pero la demandante dej\u00f3 de enfocar esos contratos entre las mismas partes y
\nla gesti\u00f3n de los procesos respectivos, lo cual podr\u00eda haber arrojado luces sobre la
\ninterpretaci\u00f3n del contrato sub judice, en torno al alegado deber de colaboraci\u00f3n en la
\nrelaci\u00f3n contractual121. Si no lo hizo, se asume que esas pruebas no lo ayudaban en su
\npretensi\u00f3n o no cont\u00f3 con ellas a pesar de que deb\u00edan hacer parte de su archivo y
\ncorrespondencia.<\/p>\n
\nen la presentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, con el supuesto da\u00f1o, es decir, no qued\u00f3
\nacreditado el elemento correspondiente al nexo de causalidad o la imputaci\u00f3n del da\u00f1o
\nal demandado.<\/p>\n
\nelementos para establecer el perjuicio atribuido sobre la base de que el abogado se
\nhubiera constituido en garante del resultado \u2013 objeto contractual que habr\u00eda sido ilegal- ,
\ntampoco demostr\u00f3 que el demandado hubiera obrado como determinante del sentido
\ndel fallo, en consecuencia, ha de estarse a que la conducta del profesional del derecho
\nno incidi\u00f3 en el sentido del fallo que la Caja Agraria \u2013 en liquidaci\u00f3n, se vio compelida a
\ncumplir.<\/p>\n
\nacerca del m\u00e9todo de liquidaci\u00f3n que se propuso por la demandante, toda vez que la
\nsola falla de presentaci\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n en el proceso laboral, no lleva
\nindefectiblemente a determinar un perjuicio equivalente a la condena en el mismo, ni
\nsiquiera en el supuesto de la culpa del abogado por falencia en el control de los
\nt\u00e9rminos de ejecutoria.<\/p>\n
\nmucho menos se encuentran elementos para trasladar al abogado el valor equivalente a
\nlas obligaciones pensionales que estaban a cargo de la Caja Agraria \u2013 en liquidaci\u00f3n,
\nen su calidad de patrono vencido en el juicio en primera instancia.<\/p>\n
\npruebas y los riesgos de la apelaci\u00f3n, la Sala da credibilidad a lo que en su
\noportunidad, inform\u00f3 el abogado a la liquidadora de la entidad:<\/p>\n
\nBuitrago Grimaldo, obedeci\u00f3 finalmente, a un an\u00e1lisis juicioso del suscrito[,] del conjunto
\nde pruebas practicadas por las partes, a trav\u00e9s de las cuales llegu\u00e9 a la convicci\u00f3n de que
\nno exist\u00edan argumentos jur\u00eddicos ni de car\u00e1cter probatorio que modificaran la
\ndecisi\u00f3n.\u201d<\/p>\n
\nresponsabilidad civil es suced\u00e1nea de la prestaci\u00f3n incumplida, de manera que en este
\ncontexto, se entiende bien que el perjuicio imputable a la falta de apelaci\u00f3n [en el
\nsupuesto- no probado- de que presentar el recurso fuera obligatorio], solo podr\u00eda dar
\nlugar a un da\u00f1o tasado en relaci\u00f3n con el valor de la prestaci\u00f3n contractual a cambio de
\nla gesti\u00f3n encomendada, esto es el monto de los honorarios.<\/p>\n
\nal Juez a la convicci\u00f3n de avanzar en la valoraci\u00f3n de lo que habr\u00eda sido la privaci\u00f3n de
\nuna instancia de discusi\u00f3n en el proceso laboral, frente a la posibilidad razonada de
\nrevocaci\u00f3n de la condena.<\/p>\n
\ncondena por perjuicios, menos a\u00fan para tasar dichos perjuicios en el valor equivalente
\nal monto de las obligaciones que la sentencia estableci\u00f3 a cargo del patrono, es decir,
\nno existe base suficiente para liquidar el supuesto da\u00f1o ocasionado por la falta de
\npresentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, ni para acceder a la pretensi\u00f3n del demandante,
\nen orden a imponer al apoderado el pago por el monto equivalente al ajuste de la
\nmesada pensional. Por lo tanto, la pretensi\u00f3n ser\u00e1 denegada.<\/p>\n
\npor falta de prueba del da\u00f1o, teniendo en cuenta que present\u00f3 una sumatoria de los
\nvalores de reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n m\u00e1s costas y solicit\u00f3 que el abogado fuera
\ncondenado a ellos, sin prueba suficiente de los elementos que configurar\u00edan la
\nresponsabilidad del profesional del derecho sobre tal valor, lo cual, en caso de acceder,
\nllevar\u00eda a una injusticia palmaria en la correcci\u00f3n del da\u00f1o supuestamente causado.
\nSe agrega, adem\u00e1s, que Fiduciaria la Previsora S.A. – patrimonio aut\u00f3nomo de
\nremanentes de la Caja Agraria -en liquidaci\u00f3n-, lleg\u00f3 a realizar el pago que se acredit\u00f3
\nen este proceso tres a\u00f1os despu\u00e9s de la condena, tr\u00e1mite del cual no se conoci\u00f3 detalle
\no relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n del abogado ahora demandado.<\/p>\n
\ndemandado, puesto que la sentencia de primera instancia en el proceso laboral se
\nobserva soportada en las pruebas all\u00ed practicadas, la conducta del abogado en la
\natenci\u00f3n de ese litigio aparece acorde con un deber de cuidado normal en la
\ncontestaci\u00f3n de la demanda y durante todo el debate probatorio, sin perjuicio de que
\nposteriormente no act\u00fao en el t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia. Los asuntos
\ndisciplinarios est\u00e1n por fuera de este debate, fueron conocidos por la jurisdicci\u00f3n
\ncompetente seg\u00fan se infiere de los oficios cruzados y no existe aqu\u00ed factor alguno que
\npermita construir justamente el deber de reparar, ni menos el de reembolsar lo pagado
\npor la demandante.<\/p>\n
\nincumplimiento del contrato y desestimar las pretensiones de pago de perjuicios”.<\/p>\n