![\"OSCAR](\"https:\/\/lapiedrafilosofal.com\/wp-content\/uploads\/2012\/06\/OSCAR-HUMBERTO-GOMEZ.jpg\")
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Tres ciudadanos honorables fueron estafados por un sujeto que, como consecuencia de su acci\u00f3n fraudulenta, los perjudic\u00f3 econ\u00f3micamente.<\/p>\n
Los afectados abrieron proceso penal contra el autor del delito a trav\u00e9s de la correspondiente denuncia.<\/p>\n
Empero, los a\u00f1os pasaron y pasaron hasta que, finalmente, y a pesar de haber sido condenado el delincuente en primera y en segunda instancia, y debido al largu\u00edsimo tiempo que hab\u00eda transcurrido sin que quedara en firme la condena \u2014porque el estafador h\u00e1bilmente interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2014, la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. De esa forma qued\u00f3 sin efecto la condena y el autor de la estafa se sali\u00f3 con la suya: ni purg\u00f3 pena alguna por su delito, ni tuvo que indemnizar a sus v\u00edctimas por el da\u00f1o econ\u00f3mico que les caus\u00f3.<\/p>\n
Los afectados demandaron, entonces, al Estado \u2014concretamente a la Rama Judicial\u2014 porque con su inercia hab\u00eda posibilitado que el autor del hecho da\u00f1oso no tuviera que asumir la correspondiente indemnizaci\u00f3n. Pidieron que dicha indemnizaci\u00f3n la asumiera, entonces, el Estado.<\/p>\n
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Secci\u00f3n Tercera fall\u00f3 el proceso diciendo que la reclamaci\u00f3n no era procedente por cuanto si la justicia penal se hab\u00eda tomado todos los interminables a\u00f1os que se tom\u00f3, hasta que la acci\u00f3n penal prescribi\u00f3, fue porque eso era lo normal aqu\u00ed, eso era lo que en promedio aqu\u00ed suced\u00eda y que si bien era cierto lo que alegaban los afectados en el sentido de que la ley se\u00f1alaba unos t\u00e9rminos, nada de eso se aplicaba en la realidad.<\/p>\n
Como era natural, los damnificados apelaron la sentencia y el expediente subi\u00f3 al Consejo de Estado – Secci\u00f3n Tercera, que ahora est\u00e1 subdividida en tres subsecciones. A una de ellas le correspondi\u00f3 el caso en reparto y acaba de dictar la sentencia.<\/p>\n
En su sentencia, la Subsecci\u00f3n se aparta de lo que dijo el Tribunal y reconoce que, en efecto, s\u00ed hubo \u2014como alegan los demandantes\u2014 una inadmisible demora de la justicia penal en dictar la sentencia definitiva dentro del proceso penal, que debido a esa demora la acci\u00f3n penal prescribi\u00f3, que gracias a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal el delincuente no respondi\u00f3 tampoco civilmente; que, en suma, los afectados se quedaron sin indemnizaci\u00f3n; y que, por consiguiente, s\u00ed hubo responsabilidad del Estado en lo acaecido, pues el Estado les caus\u00f3 un da\u00f1o a los afectados al no haberles garantizado el derecho de acceso a la justicia.<\/p>\n
Dice textualmente la sentencia lo siguiente:<\/p>\n
“En este punto, la Sala admite, como lo ha venido haciendo la jurisprudencia,<\/strong> El acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia no se circunscribe a la<\/strong> En los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado por falta de celeridad y <\/strong>eficiencia de la administraci\u00f3n de justicia, la indemnizaci\u00f3n que se reclama est\u00e1 <\/strong>dada por la frustraci\u00f3n, para quienes acudieron al aparato jurisdiccional, de <\/strong>hallarse satisfechas sus necesidades de obtener pronta y cumplida justicia, <\/strong>frustraci\u00f3n que no es otra cosa que el reflejo de un defectuoso funcionamiento<\/strong>“.<\/p>\n <\/p>\n Hasta ah\u00ed, todo perfecto.<\/p>\n Empero, a continuaci\u00f3n, la Subsecci\u00f3n sorprende a los estafados \u2014y, por supuesto, a su abogada\u2014 al decir que lo que pidieron en la demanda no era lo que han debido pedir, pues el Estado no tiene por qu\u00e9 pagarles la indemnizaci\u00f3n que les hubiera tenido que pagar el delincuente, porque no hay relaci\u00f3n entre un hecho da\u00f1oso y el otro<\/strong><\/em><\/span>.<\/p>\n En otras palabras, dice la Subsecci\u00f3n que lo \u00fanico por lo cual pod\u00edan reclamar era por la “frustraci\u00f3n<\/strong>” que les hab\u00eda producido el no haber podido acceder a la justicia<\/strong><\/em><\/span>.<\/p>\n Pero hay, adem\u00e1s, un detalle adicional: la sentencia sugiere que si bien la ley les daba a los afectados dos opciones, esto es, la de ejercer la acci\u00f3n civil dentro del proceso penal o la de ejercer la acci\u00f3n civil en un proceso civil, al escoger ellos la primera de las dos v\u00edas, se atuvieron a las contingencias que esa v\u00eda pudiera tener en el camino. Es decir, que si hubiesen escogido la otra opci\u00f3n, tambi\u00e9n tendr\u00edan que haberse atenido a las contingencias de ese otro camino.<\/p>\n Dice textualmente la sentencia lo siguiente:<\/p>\n “Pero resulta que, en el caso que nos ocupa, la demanda no se dirige a obtener<\/strong> En efecto, en la demanda se dijo, b\u00e1sicamente, que los denunciantes perdieron <\/strong>definitivamente el dinero arrebatado con el fraude, porque la condena <\/strong>patrimonial que se emiti\u00f3 en lo penal contra el se\u00f1or Barlainer R\u00edos Osorio y que <\/strong>les permit\u00eda recuperar lo estafado se vino abajo con la prescripci\u00f3n de la <\/strong>acci\u00f3n penal que se dict\u00f3 por la mora judicial.<\/strong> <\/p>\n En otras palabras, las v\u00edctimas de la estafa pagaron caro el haber seguido una de las v\u00edas legales que ten\u00edan, al haber dejado el Estado prescribir la acci\u00f3n penal y, por consiguiente, haber dado al traste con la acci\u00f3n civil que los afectados estaban ejerciendo dentro de ella.<\/p>\n <\/p>\n Ahora bien: al haber optado por constituirse en parte civil dentro del proceso penal \u2014que es una opci\u00f3n absolutamente legal, contemplada por el legislador con perfecta claridad<\/strong><\/em><\/span>, tal y como expresamente lo se\u00f1ala la sentencia\u2014 los damnificados ya hab\u00edan demandado civilmente al autor de la estafa<\/strong><\/em><\/span> y la \u00e9tica les imped\u00eda demandarlo tambi\u00e9n ante la justicia civil<\/strong><\/em><\/span> porque estar\u00edan cobrando dos veces el mismo da\u00f1o<\/strong><\/em><\/span>.<\/p>\n La primera gran pregunta es: El que haya prescrito la acci\u00f3n penal \u2014prescripci\u00f3n que, obviamente, arrastr\u00f3 al archivo tambi\u00e9n la acci\u00f3n civil, acci\u00f3n que los afectados estaban ejerciendo correctamente dentro del proceso penal\u2014 y el que esa prescripci\u00f3n haya sido imputable al Estado<\/strong><\/em><\/span> (como lo reconoce la sentencia), \u00bfacarreaba la responsabilidad del Estado?<\/p>\n La sentencia responde que s\u00ed.<\/p>\n La segunda gran pregunta es: Y de ser as\u00ed, \u00bfla responsabilidad del Estado consist\u00eda en tener que pagarles lo que ha debido pagarles quien les caus\u00f3 el da\u00f1o, o solo una suma simb\u00f3lica por la “frustraci\u00f3n” de no haber podido acceder a la justicia<\/strong><\/em><\/span>?<\/p>\n La sentencia dice que el Estado solo estaba obligado a lo segundo, porque no hay “relaci\u00f3n” entre una cosa y la otra.<\/p>\n Pero surge, entonces, un tercer tema de discusi\u00f3n: Si a partir de la Ley 446 de 1998, es obligatoria la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios, pues as\u00ed lo ordena perentoriamente su art\u00edculo 16, gracias a lo cual hoy en d\u00eda se deben reconocer de oficio incluso perjuicios no expresamente reclamados en la demanda, pero cuya causaci\u00f3n aparece plenamente demostrada en el proceso, \u00bfno ha debido, entonces, reconoc\u00e9rseles a los damnificados la compensaci\u00f3n por la “frustraci\u00f3n” que, obviamente, les produjo el no haber tenido, finalmente, acceso a la justicia?<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tres ciudadanos honorables fueron estafados por un sujeto que, como consecuencia de su acci\u00f3n fraudulenta, los perjudic\u00f3 econ\u00f3micamente. Los afectados abrieron proceso penal contra el autor del delito a trav\u00e9s de la correspondiente denuncia. Empero, los a\u00f1os pasaron y … Sigue leyendo
\n que la mora judicial o la tardanza injustificada en el servicio p\u00fablico de<\/strong>
\n administraci\u00f3n de justicia puede generar la responsabilidad patrimonial del<\/strong>
\n Estado, si se prueba que con ese defectuoso funcionamiento se causan da\u00f1os<\/strong>
\n antijur\u00eddicos, da\u00f1os que s\u00f3lo estar\u00edan determinados por el hecho de no haberse <\/strong>encontrado, finalmente, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, siendo <\/strong>ello un derecho constitucional de los asociados.<\/strong><\/p>\n
\n simple recepci\u00f3n y tr\u00e1mite de los requerimientos que se hagan al Estado en este <\/strong>tema, sino que exige de \u00e9ste una soluci\u00f3n leg\u00edtima que ponga fin al conflicto, a <\/strong>trav\u00e9s de los dictados de sus jueces, independientemente de cu\u00e1l sea la <\/strong>decisi\u00f3n que en el escenario penal se tome de fondo. La terminaci\u00f3n anormal <\/strong>de un proceso penal por la configuraci\u00f3n de fen\u00f3menos como la prescripci\u00f3n, <\/strong>tal cual ocurri\u00f3 en este asunto, no es reflejo de un acceso real y efectivo a la <\/strong>justicia para quienes son v\u00edctimas de conductas punibles.<\/strong><\/p>\n
\n una indemnizaci\u00f3n por las razones que se acaban de indicar, pues, el da\u00f1o que <\/strong>deprecan est\u00e1 dado por situaciones que no tienen su origen en la actividad de <\/strong>la administraci\u00f3n de justicia, realmente los perjuicios inferidos son la <\/strong>consecuencia de una negociaci\u00f3n sobre bienes inmuebles que los<\/strong>
\n demandantes realizaron con el se\u00f1or Barlainer R\u00edos Osorio y que, a la postre,<\/strong>
\n result\u00f3 incumplida (fraudulento en lo penal) como se admite en la propia<\/strong>
\n demanda.<\/strong><\/p>\n
\n Frente a lo anterior, debe decirse que tal argumento no es de recibo para esta<\/strong>
\n Corporaci\u00f3n, en la medida en que el resarcimiento que, eventualmente,<\/strong>
\n deber\u00eda reconocerse a los demandantes por la actuaci\u00f3n de la Naci\u00f3n – Rama<\/strong>
\n Judicial no resulta, ni en su g\u00e9nesis, ni en su causa, relacionada con la<\/strong>
\n indemnizaci\u00f3n que les deb\u00eda la persona que los defraud\u00f3, ello sumado a que los <\/strong>demandantes tuvieron la oportunidad de obtener las respectivas<\/strong>
\n compensaciones e indemnizaciones a trav\u00e9s del ejercicio de las acciones civiles <\/strong>correspondientes, las cuales est\u00e1n consagradas en la ley para obtener el <\/strong>cumplimento o la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa que<\/strong>
\n firmaron y en virtud del cual entregaron los dineros que, afirman, nunca<\/strong>
\n retornaron a su patrimonio.<\/strong>
\n Recu\u00e9rdese que, en el supuesto de la comisi\u00f3n de delitos, las personas tienen la <\/strong>posibilidad de acudir al proceso civil ante los jueces de dicha especialidad, o <\/strong>de hacerse parte civil dentro del proceso penal; pero, la decisi\u00f3n de tomar una <\/strong>u otra opci\u00f3n puede acarrear contingencias que, de ser contrarias a sus<\/strong>
\n intereses, no generan autom\u00e1ticamente la trasplantaci\u00f3n de las obligaciones<\/strong>
\n perseguidas hacia terceros.<\/strong>
\n De forma que, las pretensiones de la demanda, en este caso no pueden estar<\/strong>
\n dirigidas a recuperar aquellas cifras que los demandantes dejaron de recibir<\/strong>
\n como indemnizaci\u00f3n por el delito del que fueron v\u00edctimas, esto es, las<\/strong>
\n cantidades en las que fueron estafados, m\u00e1s algunos r\u00e9ditos porque (sic) no existe <\/strong>ninguna relaci\u00f3n entre la defraudaci\u00f3n de la que fueron v\u00edctimas los<\/strong>
\n demandantes y la actividad de la Rama Judicial que, con posterioridad,<\/strong>
\n adelant\u00f3 el proceso penal contra el presunto victimario.<\/strong>
\n Como en las pretensiones de la demanda no se formul\u00f3 ninguna que est\u00e9<\/strong>
\n orientada a obtener una indemnizaci\u00f3n del perjuicio causado a los <\/strong>demandantes por la frustraci\u00f3n del derecho a acceder a la administraci\u00f3n de <\/strong>justicia en los t\u00e9rminos en que se se\u00f1al\u00f3 renglones atr\u00e1s, se negaran (sic) las <\/strong>pretensiones de la demanda, en la medida en que el da\u00f1o que se endilga a la <\/strong>Naci\u00f3n \u2013 Rama Judicial (la p\u00e9rdida de los dineros defraudados) no le resultan <\/strong>imputables.<\/strong>
\n Por las razones ac\u00e1 expuestas, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia de primera<\/strong>
\n instancia.<\/strong>
\n COSTAS:<\/strong>
\n No habr\u00e1 lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida<\/strong>
\n por las partes, de conformidad con las previsiones relativas al art\u00edculo 171 del<\/strong>
\n C\u00f3digo Contencioso Administrativo.<\/strong>
\n En m\u00e9rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso<\/strong>
\n Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n A, administrando justicia en nombre <\/strong>de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,<\/strong>
\n F A L L A:<\/strong>
\n PRIMERO.- CONFIRMASE la sentencia apelada, pero por las razones expuestas <\/strong>en la parte motiva de este fallo.<\/strong>
\n SEGUNDO.- Ejecutoriado el presente fallo, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal <\/strong>de origen.<\/strong>
\n TERCERO.- Sin costas.<\/strong>
\n C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE<\/strong>”<\/p>\n