El ejercicio libre de la abogacía en Colombia: de la mesura a la censura. Por Óscar Humberto Gómez Gómez.

¡Lo que faltaba! A toda la carga de irrespeto que viene sufriendo la abogacía, en un país donde, en general, cada día pierden dignidad las profesiones liberales, se pretende unir ahora la mordaza.

Sí: la mordaza; la misma arma de intimidación y silencio que en los regímenes totalitarios se emplea para callar a la prensa libre, ahora se pretende utilizar también para que la abogacía libre (de la que nos honra formar parte) no exprese, con absoluta libertad, sus críticas, recriminaciones, denuncias y reproches contra los funcionarios del Poder Judicial del Estado que, abusando de la autoridad que les da su investidura, arrasan con los derechos del más frágil, o solo entienden sus cargos como el instrumento apto para darle rienda suelta a su prepotencia y altanería, o, en fin, no llegan a esos empleos gracias a sus méritos personales, sino por razones que ellos deberían ser los primeros en explicar de manera satisfactoria, porque lo cierto es que con sus actuaciones no muestran precisamente la sólida formación académica que se supone en un juez, y con mayor razón en un magistrado, ni —lo que resulta más grave—un verdadero espíritu de justicia.

No es admisible que a quienes no somos de los que le mandamos razones a Santander para que las entienda Bolívar; a quienes, por el contrario, somos de los que llamamos pan al pan y vino al vino, aunque, eso sí, jamás empleamos en el foro la palabra soez, la expresión vulgar, el grafito anónimo, el ataque infundado, la llamada telefónica amenazante o insultante, ni enviamos sufragios, ni contratamos sicarios, ni escupimos a nadie, ni lo abofeteamos, sino que, simplemente, valiéndonos de la palabra escrita o de la elocuencia forense, como corresponde hacerlo a todo el que tiene valor civil, luchamos por una administración de justicia recta, culta, preparada, pero sobre todo justa, nos amenacen con la espada de Damocles de la compulsa de copias para que se nos venga encima el poder disciplinario del Estado.  Menos admisible, el que los consejos seccionales de la judicatura y el Consejo Superior atiendan solícitos esas compulsas y, de una buena vez, la emprendan contra los juristas que nos atrevemos a expresar de frente y con nuestros nombres y apellidos, lo que todo el mundo dice en privado o bajo la careta protectora de un anónimo o de una identificación ficticia.

Ni la compulsa de copias, ni la acción disciplinaria se establecieron como medios de censura. Consiguientemente, ni la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ni las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales, pueden convertirse en los Torquemadas que no permiten el disentimiento, ni la libre expresión, ni la crítica fuerte, ni el reproche claro y contundente por parte de los abogados con valor civil contra aquellos funcionarios que actúan mal dentro del aparato jurisdiccional colombiano y que con sus actuaciones desafortunadas están contribuyendo a dar al traste con la cada vez más escasa credibilidad y respetabilidad que le queda a la Justicia colombiana.

Ni más faltaba que en un país donde la opinión pública vigila y critica sin contemplaciones a los personeros de la comunidad, porque, al fin de cuentas, es esa comunidad la que, en últimas, con sus impuestos sostiene la burocracia; ni más faltaba que en esta nación donde se cuestiona sin miramientos a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo; ni más faltaba que en una democracia donde se llevan a cabo marchas, manifestaciones y protestas públicas contra esos funcionarios, entre los cuales se incluye al propio Presidente de la República, Jefe de Estado y Primer Magistrado de la Nación, pretendan ahora volverse intocables algunos del Poder Judicial, cuando —y precisamente por también formar parte del Poder Público— ellos deben responder, igualmente, por sus actos ante la comunidad y esta tiene pleno derecho de enrostrarles sus errores, abusos y tropelías.

La abogacía libre de este país no tiene por qué estar conformada por eunucos mentales, ni por cobardes, ni por profesionales muertos de miedo, condenados a solo poder comentar lo que está pasando dentro de la Justicia colombiana alrededor de una mesa de café y mirando para todas partes para cerciorarse de que nadie los esté escuchando. La abogacía debe estar integrada por juristas que sientan que su papel protagónico en la sociedad colombiana no debe circunscribirse a la rutinaria tarea de promover procesos, controlar su trámite y presentar memoriales, sino que, además, deben hacerse partícipes de la descomunal lucha porque en Colombia reine algún día una pronta y cumplida justicia, en el entendido de que ese sueño es tan solo una faceta de esa otra lucha, aún más descomunal, por construir una sociedad más digna, libre y justa.

Y es que parte fundamental de la labor del abogado ha de ser la de cuestionar, siempre que haya que hacerlo, no solo los vicios, errores y abusos judiciales, sino incluso el arribo a los cargos del Poder Judicial —o la permanencia en ellos— de personajes indolentes, arbitrarios o incapaces, de esos a quienes, con tal de hacer ver quién es el que manda, o de imponer sus extravagancias procesalistas, o de hacer prevalecer sus errores sobre el sentido común, no les importa que un niño huérfano, una viuda sumida en la pobreza, un mutilado agobiado por el desempleo, la exclusión y la desesperanza, una familia a la que le han arrebatado injustificadamente a un hermano, en fin, no les importa que aquel que acude a ellos se quede para siempre sin justicia, mientras que, en cambio, hombres y mujeres competentes y dueños de una vida intachable y de un corazón justo, no pueden acceder a esos puestos solo porque no se prestan para formar parte de roscas, trincas y componendas o carecen de vocación para lagartos.

Que nadie se equivoque con nosotros: defenderemos nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión y para ejercerlo no le pediremos permiso a nadie.

Una cosa es la mesura, impuesta por el Código Disciplinario del Abogado —que, dicho sea de paso, ha debido concertarse con la abogacía libre, y no reflejar solamente el pensamiento del Estado, entre otras cosas porque ya es hora de que se entienda que la abogacía es una profesión liberal y que los abogados no somos funcionarios estatales— y otra cosa, diametralmente distinta, es la pusilanimidad, la abyección, la genuflexión, el temor reverencial y la lambonería.

El derecho a hablar y a escribir para exponer lo que se piensa es una conquista de la civilización y de la democracia.

Y como se está tomando una malentendida obligación de “mesura” y de “respeto” como caballito de batalla para amedrentar y silenciar a la abogacía libre colombiana, llegó la hora de arreciar la exigencia que venimos haciendo: que no sea el Estado el que nos juzgue disciplinariamente, porque no somos funcionarios ni empleados del Estado, sino que lo hagan tribunales de ética de la abogacía constituidos por pares nuestros.

Sí: que nos juzguen juristas prestantes y de trayectoria capaces de entender cómo nos toca a los abogados en este país para ejercer la hermosa profesión que escogimos. Cómo nos toca abrirnos paso a codazos en medio de la morosidad más grande del mundo, de una maraña de ambigüedades normativas, de palmarias contradicciones jurisprudenciales, del más descomunal desorden en los archivos, y de ciertos funcionarios y empleados que, a pesar de sus inocultables prejuicios, se niegan a declararse impedidos, que no leen lo que el abogado les escribe, ni escuchan lo que les dice, que exhiben una manifiesta carencia de preparación académica y que, pese a sus protuberantes limitaciones, ponen en evidencia un ego más enorme que la catedral de Gaudí en Barcelona. En fin, que sean conscientes de cómo nos toca a los abogados colombianos sobreaguar en un océano de adversidades cotidianas, que nadie comprende, ni a nadie le importa comprender.

Persígase al abogado pícaro, al deshonesto, al inepto, al irresponsable. Pero no se persiga el derecho que a la libertad de expresión conquistó la abogacía.