JUAN GUILLERMO GÓMEZ OSPINA, ABOGADO DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ASESINADO EN EL BARRIO LOS ROSALES DE BOGOTÁ POR ROBARLE SU CELULAR.
Definitivamente, hablar de la justicia colombiana es llover sobre mojado. Aquí, en definitiva, no hay justicia.
Esa verdad desoladora ya la sabemos todos, la hemos experimentado, la hemos sufrido, la hemos denunciado. Y lo peor de todo es que la percepción que tenemos es la de que nuestras palabras críticas se las ha llevado el viento.
A una considerable cantidad de funcionarios judiciales lo único que les importa es irse acercando a su anhelada pensión de jubilación. La carrera judicial es una farsa. Una gran cantidad de funcionarios y empleados judiciales están en sus puestos en calidad de encargados, es decir, “mientras tanto”. Un “mientras tanto” eterno que les ha permitido a no pocos el jubilarse. Eso, sin embargo, no sería grave si la falta de preparación académica, la ausencia de compromiso con el ideal de justicia, la burocratización de la justicia, la petulancia insoportable de malos funcionarios y peores empleados, y hasta una espeluznante falta de ortografía y de redacción no se apreciaran por doquier, como vicios y defectos de una justicia improvisada e indolente ante el sufrimiento ajeno.
Pero esto no es todo. “Tras de cotudos, con paperas”: a una justicia congestionada y lerda, se ha unido, de un tiempo para acá, el gravísimo problema de los paros judiciales y las asambleas permanentes.
Y es que paralizar el servicio de justicia, un servicio público que jamás debería paralizarse, con el objeto de reclamar sus servidores diversas prestaciones a las que tienen derecho y que el Estado les burla sin sonrojarse, se volvió cosa común.
Las funestas consecuencias de este otro vicio, por supuesto, no tardan en aparecer.
Para la muestra, un botón: dos de los desalmados asesinos del joven y brillante abogado santandereano Juan Guillermo Gómez Ospina acaban de salir libres, muertos de la risa, como si no hubieran hecho nada, sólo por el ya manido vencimiento de términos, concretamente porque una inoperante Fiscalía General de la Nación no presentó a tiempo el escrito de acusación que debía presentar y cuando debía celebrarse la audiencia para decidir acerca del mismo estalló el paro judicial, y los abogados defensores de aquellos criminales, ágiles y astutos, aprovecharon el río revuelto para la consiguiente ganancia de pescadores.
No valió que los hubieran capturado casi en flagrancia, con las manos en la masa, llevando consigo el teléfono celular de la víctima, a quien acababan de dejar tendido sobre el gélido suelo bogotano con una puñalada en el corazón. No valió que el vecindario del barrio Los Rosales hubiese alertado con prontitud a las autoridades. No valió que no hubiese sido necesaria una compleja labor investigativa, porque los delincuentes no sólo fueron filmados, sino que, además, hasta confesaron su horrendo crimen. No valió nada, porque la ineptitud de nuestra paquidérmica justicia volvió a dar al traste con los anhelos de justicia de una familia honorable y de una sociedad irritada: los funcionarios dejaron vencer los términos y ahora dos de los asesinos están otra vez en la calle ofreciendo grave peligro a la comunidad.
Emilia Lucía Ospina Cadavid, la sufrida madre de la víctima, se ha dirigido, indignada, a los medios de comunicación para denunciar la libertad de dos de los asesinos de su hijo y la inminente posibilidad de que salgan libres los otros dos.
Esto de acudir a los medios, dicho sea de paso, se ha convertido en la única vía que le está quedando a la gente decente de este país, golpeada por la creciente ausencia de justicia. Y eso, claro, si los medios la dejan hablar y no le cortan cuando apenas empieza a exponer su correspondiente drama.
Nuestro portal, que en su momento registró el asesinato de Juan Guillermo y se solidarizó con el dolor de Emilia Lucía y de los suyos, se une ahora al sentimiento de asombro, indignación y desencanto que experimenta, otra vez, la atribulada familia del joven y promisorio jurista, y reitera su ya viejo clamor de que el Estado colombiano se amarre, por fin, los calzones frente al delito y le brinde a la comunidad que trabaja y estudia, en vez de quemar sus energías en la vagancia y en la criminalidad, el derecho que tiene de contar con una justicia debida y pronta.
