Cuando una institución no entiende para qué existe; cuando una entidad oficial ignora cuál fue la finalidad que se persiguió al crearla; cuando unos funcionarios públicos no saben cuáles son sus funciones; cuando los representantes de la ley desconocen sus deberes; cuando una dependencia estatal no tiene claras sus prioridades; cuando a la autoridad nadie le explica cuál es el papel que la sociedad espera de ella, ni ella hace nada por averiguarlo por su cuenta, se termina, inexorablemente, en lo que terminaron nuestras ya tristemente célebres direcciones o inspecciones de tránsito apostadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga. En lo que terminaron las cuatro: la de Bucaramanga, la de Floridablanca, la de Girón y la de Piedecuesta. Es decir, en unas entidades absolutamente inútiles, cada vez más lejanas de la ciudadanía y de la problemática del tránsito vehicular, y dedicadas tan solo a explorar nuevos caminos que las conduzcan directo a la cartera de quienes, por residir aquí, tienen la desgracia de verse obligados a conducir en este anarquizado sector de la geografía patria.
Y es que, ciertamente, ninguna sirve para nada, ninguna hace nada por al menos colaborar en la regulación del tránsito —que es para lo único que existen—, pero todas han terminado por ocupar en la vida de los ciudadanos un papel de intimidación más importante que el del Ejército.
Y es que al atisbar en el camino un retén de tránsito, el ciudadano se asusta más que el ver que quienes le están ordenando detener la marcha son las Fuerzas Armadas.
La razón es simple: la única finalidad —definitivamente la única— por la cual las agentes de tránsito del área metropolitana montan retenes es por buscar plata. A eso se redujo toda la labor de las direcciones de tránsito. Regular el tráfico ya no les importa en absoluto. Tampoco, llegar con celeridad al lugar donde acaba de producirse un accidente y cumplir allí a cabalidad con la misión que les asigna la ley.
El temor ciudadano hacia estos personajes que se le cruzan en su camino en el sitio y el momento menos pensado tiene, desde luego, su explicación lógica: el ciudadano teme porque las multas de tránsito en este país donde el salario mínimo oscila alrededor de setecientos mil pesos, son exageradamente elevadas, y por ello la gente prefiere acceder a la exigencia venal de cien mil pesos que tener que pagar siete veces esa cantidad frente a una congestionada y antipática ventanilla.
Pero como si ello fuera poco, de unos años para acá, se ha venido insistiendo, en actitud desafiante, en entregarles las calles de nuestros municipios y las autopistas que los comunican, a empresas privadas, cuyo único objetivo, como el de toda empresa privada, es el ánimo de lucro.
Aquí pareciera que sufriéramos de amnesia o que la historia nos fuera ajena. Hace algunos años, sufrimos la experiencia de Ciudad Móvil, una empresa que resultó ser un apéndice del poder político de los hermanitos Moreno Rojas, y que se sentía la dueña de las calles de Bucaramanga. Sujetos con uniforme que simulaban autoridad iban calle arriba y calle abajo, a bordo de una grúa, a la cacería de algún despistado que hubiese dejado su automóvil parqueado al frente de su residencia. Con el mentiroso pretexto de poner orden en las vías públicas, Ciudad Móvil convirtió los llamados “cepos” en un jugoso negocio, en medio de la indignada oposición ciudadana.
Finalmente, el contrato entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Ciudad Móvil fue declarado nulo por la autoridad judicial competente y el director de tránsito que lo había firmado fue destituido del cargo e inhabilitado por largos años para ejercer funciones públicas.
Nuestro proyecto artístico y cultural El Campesino Embejucao, que narró, al son de los aires folclóricos, lo que fue la historia de esta tierra en los albores del XXI, aportó su grano de arena a esa lucha que nuestro pueblo libró para desterrar aquel engendro.
Hoy, cuando revive el fantasma con el nuevo proyecto que la Alcaldía de Bucaramanga pretende sacar adelante para entregarle el control de las vías públicas a otra entidad privada, y cuando una empresa particular ya está enriqueciéndose con las fotomultas gracias a un contrato con la cuestionada Alcaldía de Floridablanca, y cuando Girón atraviesa su peor momento en la penosa historia de la corrupción administrativa, es hora de que revivan las notas de aquella canción, que incluso sonó en las sesiones del Consejo de Estado cuando esa corporación definió a favor de nuestro martirizado pueblo la demanda contra el contrato que le permitió a la corrupta Ciudad Móvil engrosar sus cuentas bancarias y llegar a creer, en la cima de su arrogancia, que las calles y avenidas de Bucaramanga habían pasado a ser propiedad suya.
