De ser cierto que el poder de las instituciones del Estado —como la Fiscalía General de la Nación— se está empleando para perseguir a personas decentes y honestas, solo con el propósito de dar rienda suelta a odios personales, antipatías políticas o políticas públicas inmorales, pero que inexplicablemente se persiste en mantener, todos estamos en un gravísimo peligro.
De hecho, casos sonados como el de Sigifredo López, casos menos sonados como el de Manuel José Mena, y casos no sonados, como el de Fredy Jiménez, que tienen como común denominador la persecución penal contra personas inocentes y que se vieron tras las rejas de una cárcel sin haber cometido delito alguno y fueron deshonrados ante la opinión pública como delincuentes sin serlo, tienen muy, pero muy preocupados a todos los colombianos.
Y si el inmenso poderío del Fiscal Eduardo Montealegre —de cuya candidatura a la Presidencia de la República ya ha comenzado a hablarse— se utiliza impunemente contra figuras públicas, como la exContralora General de la República, ¿qué puede sucederle al anónimo ciudadano del común?
Hagamos memoria, para ubicarnos en el contexto del tema:
La exContralora Sandra Morelli denunció al Fiscal General de la Nación porque, según ella, estaba recibiendo pagos de honorarios profesionales por parte de Saludcoop — entidad a la que había asesorado— cuando ya era Fiscal. Infortunadamente para el país, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que pudo haber definido esa situación, ha guardado total silencio. (Dicho sea de paso, el país observa, con profunda molestia, que el Fiscal, al igual que otros altos funcionarios del Estado, parecieran tener no solo fuero, sino la impunidad garantizada, debido a la absoluta inoperancia de esa Comisión de Acusación).
La Fiscalía comenzó, entonces, a allanar las instalaciones de la Contraloría, a someter a interrogatorios a sus investigadores fiscales, a incautarse de documentos y equipos informáticos, etcétera, lo que fue interpretado como el ejercicio del poder de investigación penal de la Fiscalía para obstruir las indagaciones de la Contraloría sobre Saludcoop, pues con tales diligencias —que se volvieron repetitivas— los subalternos de Sandra Morelli comenzaron a sentirse intimidados para proceder, bajo el temor de que pudiesen convertirse en sujetos pasivos de la persecución penal del Estado.
En todo caso, lo cierto es que la opinión pública colombiana no debe aceptar que el poder de la Fiscalía General de la Nación se emplee para fines distintos a la persecución general del delito y a su reducción cada vez más drástica. El que se permita la persecución penal de gente inocente por parte de un Fiscal poderoso y politizado, con fuerte influencia sobre el Presidente de la República (se dice que fue el artífice de la caída del anterior Ministro de Justicia) y con amplias posibilidades de llegar a ser el próximo Presidente de la República, el país podría ir camino hacia una dictadura.
Las preguntas que han emergido de este caso no han sido respondidas:
¿Son ciertas las denuncias de la exContralora?
¿Es honesta la apertura de investigación penal contra ella por parte de la Fiscalía?
¿Realmente ella incurrió en delito al tomar en arriendo para la Contraloría el precioso edificio contiguo al Centro Comercial La Gran Estación de El Salitre?
¿Realmente debía seguir la Contraloría en el vetusto, horroroso e inseguro edificio del centro de Bogotá?
¿Es cierto que la Fiscalía General de la Nación paga más por el metro cuadrado de arriendo que lo pagado por la Contraloría, es decir, que el Fiscal mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio?
¿Por qué se tasa el monto del daño en el valor total de los cánones pagados, como si se hubiesen pagado por una “casa en el aire”, como en la canción de Escalona, y no por un edificio nuevo, moderno, confortable y con excelente ubicación?
¿Deben las dependencias oficiales seguir asociadas a instalaciones viejas, oscuras, incómodas, mal ubicadas, riesgosas e insalubres?
¿No deben las instalaciones del Estado irradiar una imagen de respetabilidad y majestad?
¿El Fiscal General de la Nación en su lujoso y seguro búnker, y la Contralora General de la República en un edificio de mala muerte?
¿Se le está cobrando a la exContralora con su persecución penal el haberse pronunciado contra el “carrusel de los magistrados” en la Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya politización es también evidente, al igual que la de la Administración de Justicia en general?
¿Se le está cobrando el haberse pronunciado contra las irregularidades en Saludcoop y sobre la relación del Fiscal Montealegre con esa poderosa EPS?
¿Qué está pasando en Colombia con las garantías de imparcialidad que la Justicia nos debe garantizar a todos los colombianos?
¿Por qué no se atendió la solicitud de la exContralora de que se designara un Fiscal General de la Nación Ad-Hoc para investigar su caso, dada la obvia antipatía personal que por ella debe experimentar el Fiscal Montealegre, y se dejó esa controvertida investigación en manos de un subalterno suyo?
Si el principio de imparcialidad no se le respeta a una alta dignataria del Estado, a una figura pública de alto nivel, ¿qué podemos esperar, entonces, los demás colombianos?
¿Están en Colombia la inocencia y la libertad en peligro inminente?
