¿Retén permanente en la autopista a Floridablanca? Reflexiones sobre la presencia del Estado en las vías públicas

Una de las primeras tareas que los ciudadanos de esta martirizada Colombia debemos exigirles tanto al próximo Congreso Nacional como al próximo Gobierno Nacional es que, de una vez por todas, el Estado dicte el Nuevo Código Nacional de Tránsito y Transporte.
Pero que esta vez el Estado se asegure de producir y entregarle a la sociedad colombiana un estatuto bien redactado, coherente, justo y, sobre todo, acorde con nuestra realidad social, económica y cultural.
Además, hay que arreciar la lucha por la abolición definitiva de las secretarías municipales de tránsito, que como las de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta no tienen razón de ser, y que la Policía Nacional asuma de inmediato el manejo de esa actividad.
Y ello, porque ya Colombia no aguanta más ese maremagno de desorden, absurdidad e injusticia que tenemos hoy en día en materia de tránsito y transporte, gracias a una legislación mal hecha, bajo cuya sombra alcahueta terminaron refugiándose unas autoridades de tránsito a las que hace rato se les olvidó (sin que ninguna autoridad disciplinaria ni penal se haya preocupado por recordárselo) cuáles son sus verdaderas funciones, para qué fueron realmente creadas, para qué se les sostiene con nuestros impuestos, cuál es su verdadera misión dentro del organigrama general del Estado, y a lo único que se dedican hoy en día es a salir a las vías públicas a “extorsionar” a los colombianos.

Una línea continua demasiado continua

En la carretera Bucaramanga-Bogotá, por ejemplo, la señalización de la vía viene sirviendo para que haga fiesta la corrupción más insostenible. Los ciudadanos ya no temen que les salga la guerrilla. Lo que los ciudadanos temen ahora es que se les aparezca un retén de tránsito.
El INVÍAS, en efecto, trazó una línea continua desde Piedecuesta prácticamente hasta Santana (Boyacá), con una que otra pequeña interrupción.
Pues bien: un automovilista puede conducir en carretera a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Esto significa que mientras no vaya a más de 80 kilómetros por hora, el Estado tiene que respetarle su derecho a la libre movilización. El Estado, entonces, no puede obligar a un automovilista a marchar a una velocidad menor, 20 kilómetros por hora, pongamos por caso, pues la ley a la vez que le señala un límite que debe respetar, vale decir, UNA OBLIGACIÓN, también le señala UN DERECHO, en este caso el de poder marchar, sin que se le moleste por ello, hasta a 80 kilómetros por hora. Lo contrario sería un absurdo: la ley le permitiría al ciudadano conducir hasta a 80 kilómetros por hora en carretera, pero lo sancionaría por ir a una velocidad no mayor de ésa.
¿Pero, qué está sucediendo? Veamos: Un automovilista que viaje hacia Bogotá y quede exactamente detrás de un tractocamión en ascenso tendría que seguir su viaje marchando a la misma velocidad del tractocamión, pues la línea continua, trazada de manera abusiva sobre la carretera, le impediría adelantarlo. Como obviamente los automovilistas se ven precisados a adelantar a las numerosas “tractomulas” que ascienden pesadamente, las autoridades de tránsito se apostan en sitios estratégicos desde donde saben que sorprenderán a los infelices a los que no les queda más remedio que sobrepasar la línea continua. Y, por supuesto, detrás de eso viene el “¿ahora cómo arreglamos?”, y el soborno, y la inmoralidad, o, de lo contrario, el comparendo, el enredo, la multa.
La norma jurídica debe ser lógica. Y la autoridad no es una banda de forajidos que se agazapa para caer de súbito sobre el pobre diablo que se desplaza inocentemente, y que inocentemente cae en su celada.

Las secretarías de tránsito de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta deben desaparecer. La Policía Nacional debe asumir el manejo del tránsito en Bucaramanga. Bucaramanga ya es una sola y comprende a Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Bucaramanga, pese a lo que, obviamente, sostienen los politiqueros en defensa de sus intereses, ya se unió hace rato con Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Los argumentos abundan. Citemos apenas unos cuantos de ellos.
a) Por ejemplo, del barrio Provenza de Bucaramanga al vecino barrio Cañaveral de Floridablanca se pasa caminando unos cuantos pasos.
b) De CENFER, en Girón, se pasa, caminando unos pocos pasos, a la vecina sede de Servicargo, ubicada ya en Bucaramanga.
c) Mientras unas casas del complejo residencial Ruitoque Condominio, cuya entrada queda en el kilómetro 7 de la autopista Floridablanca-Piedecuesta, están ubicadas en terrenos de Floridablanca, otras lo están en terrenos de Piedecuesta.
d) En el Código de Procedimiento Civil se le concede un llamado “término de la distancia” al demandado que se ha notificado del mandamiento ejecutivo dentro de un proceso hipotecario en un municipio distinto de aquel donde queda la sede del juzgado. Es decir, que si bien la ley le da cinco días para defenderse, ello sólo sucede si se ha notificado en el mismo juzgado. Si lo ha hecho en un juzgado ubicado en otro municipio, comisionado para ello, entonces tendrá esos mismos cinco días, pero incrementados con un “término de la distancia”, que va de uno a quince días. Pues bien: dentro del proceso ejecutivo hipotecario que le adelantaba una de las antiguas corporaciones de ahorro y vivienda, tanto el Juzgado 6o Civil del Circuito de Bucaramanga como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga le negaron al demandado Édgar Antonio Rodríguez Lizarazo el llamado “término de la distancia”, a pesar de que se había notificado del mandamiento ejecutivo, no en Bucaramanga, sede del juzgado, sino en Piedecuesta, lugar de su residencia. El juzgado y el tribunal consideraron que “prácticamente” quien vive en Piedecuesta vive en Bucaramanga y que, por consiguiente, quien se notifica de una providencia no lo hace en municipios distintos si ello acontece en Bucaramanga o si sucede en Piedecuesta.

Ahora bien: si todo esto es así, ¿qué justifica, aparte de los intereses politiqueros, que se mantenga esa artificial división? Nada, absolutamente nada lo justifica.

Pero si es absurdo que se mantengan cuatro municipios donde ya hay uno solo, sí que resulta más absurdo que se persista en sostener cuatro oficinas de tránsito donde debería existir una sola.

En efecto, vamos al tema del tránsito y veamos cómo está funcionando la corrupción oficial y el abuso contra el ciudadano gracias a esa artificial división entre Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Pongamos el caso hipotético de un automovilista que sale de Piedecuesta hacia Bucaramanga. Va, pongamos por caso, para la Alcaldía de Bucaramanga, ubicada en la calle 35 con carreras 10 y 11, por lo cual le queda práctico llegar por el occidente, vale decir, ingresando por Quinta Estrella y Campohermoso.  Pues bien: es posible que ese automovilista tenga que enfrentar en el camino cuatro retenes distintos: un retén de la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta, otro de la Secretaría de Tránsito de Floridablanca, otro de la Secretaría de Tránsito de Girón (dado que se va, obviamente, por el anillo vial) y otro de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, este último generalmente instalado a la entrada de Campohermoso. Ese automovilista podrá ser multado, entonces, cuatro veces por la misma infracción (un bombillo fundido, la falta del botiquín, el SOAT vencido, etcétera), pues cada dependencia municipal puede alegar su propia autonomía respecto de las otras.

¿Por qué equipo “de carretera” dentro de la ciudad?

Los agentes de tránsito (mal llamados “alféreces”) de la Secretaría de Tránsito de Floridablanca vienen instalando un retén permanente, ubicado en el sitio denominado Aranzoque,  en el cual exigen a los automovilistas el equipo de carretera. Es más: no sólo lo exigen, sino que, además, escudriñan su composición, siempre en busca de la manera de sacarle dinero al infeliz ciudadano al que han hecho detener.
¿Es legal esta exigencia, a personas que se están desplazando dentro del casco urbano del municipio? No es acaso, por definición, el equipo de carretera un requisito que debe cumplirse “en carretera”, es decir, cuando uno va de viaje?
La ilegalidad de la exigencia es evidente. Pero en ella han descubierto los agentes de tránsito proclives a la corrupción una mina de oro, una fuente inagotable de dinero para sus bolsillos, porque, sorprendidos con la falta del equipo de carretera, los despreocupados automovilistas, que por no sentir que estuviesen viajando no se percataron de ello o fueron pillados con el extinguidor “vencido” (vencimiento que, a propósito, no lo da la fecha, sino la señal correspondiente sobre el color verde, indicativo de la presión admisible) sienten que enfrentan una elevada multa, se ven conminados a escoger entre un comparendo absurdo, pero que, de todos modos, deberán pagar sin reclamo alguno, o darle al agente un billete de cincuenta mil pesos para zanjar el problema. Y como nada incentiva más la corrupción que el hecho de que la misma produzca dividendos y, peor aún, que esté rodeada de impunidad, cada caso va aumentando la ambición del corrupto, de modo que éste termina por entender que, además del sueldo que le pagan dizque para que controle el tránsito (tarea que no cumple), puede ganarse otro tanto, o más, con sólo formar parte del retén.
Mientras las autoridades se dedican a extorsionar en el retén, los obreros, en vez de trabajar, se dedican a representar el papel de autoridades de tránsito. Y mientras ese absurdo sucede, la gente se mata en la autopista.
Todos los hemos visto: los agentes de tránsito sólo preocupados de parar vehículos en el retén para pedir documentos y, como ya anotamos, ver de qué manera acrecientan sus arcas o las arcas de la secretaría de tránsito y entre tanto trabajadores de las obras del Metrolínea, dedicados, no a acelerar los paquidérmicos trabajos de esa interminable obra civil, sino a fungir como agentes de tránsito con una paleta de colores rojo y verde.
Los muertos en la autopista a consecuencia de los gravísimos errores de control del tránsito en las obras del Metrolínea ya suman un número considerable. Son las consecuencias fatales de la negligencia de unas autoridades que demostraron hasta la saciedad que definitivamente no entendieron la razón de ser de su existencia.

¿Cuál es, entonces, la solución?

1o.) No deben existir entidades oficiales cuyo único propósito sea conseguir plata. Eso las hace extremadamente peligrosas. Las secretarías municipales de tránsito, a los ojos del ciudadano común, son más poderosas que el Ejército.
2o.) Las secretarías de tránsito ya han demostrado hasta la saciedad ser focos de ineficiencia y corrupción. Deben, por ello, desaparecer. Además, porque ninguna falta hacen.
3o.) La Policía Nacional debe asumir el manejo del tránsito urbano.
4o.) Mientras se produce su abolición, debe prohibírseles a las secretarías de tránsito municipales que actúen como si fueran policía de carreteras, porque no lo son.
5o.) A quien transite por las vías urbanas no pueden exígírsele requisitos dados por la ley para quienes transiten por las carreteras.
6o.) El ciudadano debe aprender que un comparendo no es sino una citación para que alguien se presente a una inspección de tránsito a rendir unos descargos acerca de una falta que se le imputa. Debe, por ello, exigir que la oficina ante la cual se va a defender no dependa de la misma secretaría de tránsito que lo acusa de la falta, sino que sea una oficina completamente independiente y neutral. Igualmente, deben erradicarse de la ley las presiones que se le hacen al ciudadano para que no se defienda, como la de que si lo hace perderá beneficios y rebajas que, en cambio, sí obtendrá si guarda silencio.
7o.) El Ministerio de Transporte debe encargarse del aspecto puramente administrativo del tránsito, como son las matrículas, los traspasos, etcétera. Debe haber una presencia real y efectiva de la Procuraduría General de la Nación en la actividad que cumplan las autoridades de tránsito.
8o.) En ciertas circunstancias y bajo determinadas condiciones, el ciudadano debe tener derecho a acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa frente a resoluciones de las inspecciones de tránsito (al fin y al cabo autoridades administrativas que expiden actos administrativos) que puedan estar viciadas de nulidad. Igualmente, debe poder reclamar el restablecimiento de su derecho conculcado, por ejemplo respecto de una multa injustamente impuesta.
9o.) En un país donde el salario mínimo legal está alrededor de los quinientos mil pesos, ninguna multa de tránsito debe estar por ese mismo valor. Las exorbitantes multas que consagra el código no han servido sino para estimular la corrupción. Las multas deben ser de tal cuantía, y contar con un procedimiento tan sencillo para su pago, que al ciudadano le resulte más atractivo asumir legalmente la consecuencia de su obrar, que ofrecer o aceptar pagar un soborno.

¿El hecho de que una vía nacional pase por la comprensión territorial de un municipio la convierte en vía municipal? ¿El vecindario de Ruitoque va a permitir resignado que les instalen retenes permanentes a su alrededor?

La vía Bucaramanga – Bogotá, sobra decirlo, es una vía nacional. La autoridad a cargo de la cual se encuentra la vigilancia y control del tránsito vehicular sobre estas vías es la Policía Nacional a través de la dependencia que antes se llamaba Policía de Carreteras y hoy se denomina Policía de Tránsito y Transportes. Sin embargo, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca pretende convertirse en la autoridad ante la cual deben comparecer todos los que circulen por la autopista, lugareños del sector o viajantes que se desplazan hacia la capital de la república, seleccionados arbitrariamente por los agentes apostados en un retén instalado, día tras día, frente a su casco urbano y que amenaza con volverse permanente.  Para esa presencia invasora del derecho a circular que tienen los habitantes de la zona, entre los cuales casualmente se encuentran los residentes en Ruitoque Condominio, la oficina de tránsito florideña invoca el hecho de su jurisdicción sobre el territorio municipal y el hecho de que ese tramo de la vía nacional a la capital de la república pertenece, en todo caso, a Floridablanca. Surgen, entonces, las preguntas obvias: ¿Es eso constitucional? ¿Es legal? ¿No debería el Estado colombiano definir esa dualidad de autoridades ejerciendo poder sobre un mismo tramo? En caso de un accidente imputable a negligencia oficial, ¿cuál de los dos entes responde?

Llama poderosamente la atención, claro está, la sospechosa insistencia de la Dirección de Tránsito de Floridablanca -institución que carga con constantes señalamientos de corrupción e ineficiencia en su contra- de instalar, con carácter permanente, unos retenes notoriamente encaminados a “pescar” a los visitantes del Ruitoque Golf Country Club y a los residentes y visitantes de Ruitoque Condominio. ¿Qué busca la entidad con eso? ¿La insistente instalación diaria de esos retenes quiere decir, acaso, que la Dirección de Tránsito de Floridablanca -o personal suyo- descubrieron que ahí hay una “mina de oro”? Y de ser así, de ser ciertos todos los comentarios que uno escucha por doquier, ¿puede aceptarse que esa sea la labor de una entidad del Estado creada para regular el tránsito vehicular, y que lo sea justamente cuando a lo largo y ancho de Colombia la opinión pública clama a gritos por la lucha decidida contra la ineficiencia oficial y, por supuesto, contra la maldita corrupción, que está acabando con el país?

Una observación final: El papel del periodismo frente a la denuncia ciudadana y la solución de los problemas existentes en el tránsito.

Los medios de comunicación deben darles generosa cabida a las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre los vicios que amenazan con convertirse en lo habitual dentro del tránsito vehicular. Esa actitud es el primer paso hacia la solución de estos problemas. Si los periódicos, al contrario, lo que hacen es ocultar, por la razón que sea, esas anomalías, o negarles el acceso a sus páginas -también por la razón que sea- a quienes tienen el valor civil de hacerlas públicas, cada vez será peor la corrupción y más alejados estaremos de que algún día tengamos una circulación pacífica y segura por nuestras vías públicas.

Hace algunos meses, cuando no contábamos aún con este portal en Internet, escribimos un artículo titulado “Retén en Aranzoque y trancón en la autopista“.  Allí referíamos la absurda situación de que los propios agentes de tránsito de Floridablanca están generando fenomenales atascos en la autopista (dado que con su retén ocupan todo un carril, es decir, media calzada), mientras que, en cambio, la tarea de regular el tráfico -que deberían estar cumpliendo- se la asignan a trabajadores de las obras civiles que allí se ejecutan, obreros rasos a quienes se les dota de una paleta con los colores rojo y verde, y los letreros de “PARE” y “SIGA“, como si tuviesen conocimientos en una materia tan extremadamente delicada.  Cuestionábamos también que mientras tal cosa ocurre, frente al susodicho retén circulan desafiantes los automotores y motocicletas que van dejando un ofensivo chorro de humo que se ven obligados a respirar los que marchan detrás de ellos, los vehículos pesados que ponen en riesgo a los ocupantes de los automóviles pequeños al andar por la izquierda y a gran velocidad, los automóviles que ensordecen a todo el mundo con una música de pésimo gusto que brota impunemente a través de parlantes estrambóticos acondicionados en sus baúles, los carros que ponen en evidencia un lamentable estado de conservación y mantenimiento -y que son un peligro latente para la integridad física de las personas, pues en cualquier momento pueden desencadenar una tragedia al quedarse sin frenos, por ejemplo- y, en fin, un sinnúmero de irregularidades frente a las cuales los agentes del retén permanecen indiferentes, como si actuar ante tan protuberantes anomalías no fuese parte esencial de sus funciones.  Pues bien: si dicho artículo fue dado a conocer por la prensa de Bucaramanga, ello sólo sucedió gracias a que el columnista de Vanguardia Liberal Puno Ardila, destacado guitarrista, artista y cantor santandereano, integrante de la agrupación musical Los Muchos y directivo de la Fundación Armonía, que organiza el Festivalito Ruitoqueño, y de Funmúsica, la entidad que convoca el Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez, tuvo la amable iniciativa de cedernos su espacio editorial durante dos días. [Sea la oportunidad de agradecerle públicamente al maestro Ardila su gentil muestra de deferencia].

Reafirmamos nuestra convicción de que el periodismo solamente debe estar de parte de la verdad, cualquiera que ella sea y afecte a quien sea, y ningún medio de comunicación santandereano le debería cerrar sus puertas a ningún santandereano que tenga el valor civil de pronunciarse, con sujeción a la verdad, acerca de los problemas que aquejan a su región. En últimas, los periódicos también existen para contribuir desde sus páginas a la construcción de un mundo mejor: más justo, más libre y, desde luego, más honesto.