Se debatirá de nuevo en los estrados judiciales el vergonzoso caso del joven santandereano José Franklin Jerez Villalobos. Por Óscar Humberto Gómez Gómez

ÓSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ. Fotografía de Nylse Blackburn. 2009

 

Como nuestros amigos lo saben, el joven santandereano JOSÉ FRANKIN JEREZ VILLALOBOS fue víctima del Estado colombiano por partida doble, pues, de un lado, el Ministerio de Transporte lo dejó mutilado a través de una falla del servicio derivada de la irresponsable conducta de uno de sus conductores oficiales, quien, en avanzado estado de embriaguez, lo embistió y le destrozó una de sus piernas, extremidad que hubo de serle amputada, y de otro lado, el mismo Ministerio de Transporte le permitió a un delincuente, a través de funcionarios corruptos, que tranquilamente se llevara de sus instalaciones, ubicadas en el CAN de Bogotá, un cheque que le correspondía a él y que debía serle entregado a su apoderado – casualmente el director de este portal – y campantemente lo cobrara por ventanilla en un banco cercano.

 

 

 

 

 

El caso de JOSÉ FRANKIN ha sido llevado otra vez a los estrados judiciales colombianos mediante nueva demanda contencioso-administrativa, entablada en esta oportunidad contra la Rama Judicial, y a través de una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación.

En el proceso contencioso administrativo, las esperanzas de justicia estarán cifradas en los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander que no tuvieron participación alguna en el trámite del anterior proceso -ya que los que conocieron de éste tendrán que declararse impedidos- y en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, corporación que tampoco tuvo participación en el mismo.

En cuanto a la tutela, las esperanzas estarán cifradas en la Corte Constitucional, alto tribunal que reiteradamente ha defendido el derecho de los ciudadanos a acudir a la acción de tutela contra decisiones judiciales.

La Corte Constitucional estará en libertad de asumir el conocimiento del caso, si así lo desea, seleccionando la tutela para conocer de ella. Si no lo hace, podría ser exhortada por el Defensor del Pueblo o el Procurador General de la Nación a través de lo que se conoce como una solicitud de insistencia. En caso contrario, la Corte Constitucional se pondrá al margen de este asunto.

 

CONSEJO DE ESTADO

 

CORTE CONSTITUCIONAL

 

DR. VOLMAR PÉREZ, DEFENSOR DEL PUEBLO

 

DR. ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En la demanda de tutela se cuestiona la actuación desplegada en el caso por la Fiscalía General de la Nación, entidad que no solo no investigó el robo del cheque y torpedeó la justa reclamación elevada por la joven víctima para que el Ministerio de Transporte le pagara lo que seguía debiéndole, sino que, además, se apresuró a pedir, con una argumentación sesgada, la preclusión y archivo de la investigación penal que por delitos como los de prevaricato, abuso de autoridad, fraude procesal y obstrucción a la justicia, había sido solicitada ante el Despacho del Fiscal General de la Nación Guillermo Mendoza Diago. La acción de tutela también cobija a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, alta corporación que respaldó la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía.

 

 

Aunque las perspectivas de la acción de tutela antes de su remisión a la Corte Constitucional no son halagüeñas, dado que es la misma Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Civil, la que tramita y resuelve las tutelas que se entablan en contra suya, y dicha Corporación ya ha repetido que la tutela, en su criterio (completamente contrario al de la Corte Constitucional), no procede contra decisiones judiciales, y por ende mucho menos se cree que vaya a aceptar su procedencia contra una decisión emergida del seno de la propia Corte Suprema, se optó por entablarla, de todas maneras, para dejar constancia de que se agotaron todas las vías posibles del derecho interno colombiano en busca de que se hiciera justicia. Ello, como soporte a la decisión que ya se tomó de llevar el asunto de José Franklin Jerez Villalobos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, mediante denuncia contra el Estado colombiano en razón a la actuación desplegada en este vergonzoso caso por las autoridades locales que tuvieron que ver con él.

 

 

Para rememorar las circunstancias que han rodeado el absurdo caso de José Franklin, dé, por favor, clic izquierdo encima del siguiente enlace:

 

http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=3193

 

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