Nueva bofetada contra la Abogacía colombiana: El Gobierno desiste de eliminar la Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Credencial y Cédula de Periodista No. 2014026 del Colegio Nacional de Periodistas (CNP)

 

El Ministro de Justicia y del Derecho Yesid Reyes Alvarado acaba de reconocérselo esta mañana a Julio Sánchez Cristo en la W: No será eliminada la Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Ello significa que la vieja aspiración de la Abogacía colombiana de que desaparezca la cuestionada y represiva sala vuelve a sufrir un duro revés.

Y significa, obviamente, que el añejo anhelo de que la Abogacía sea vigilada éticamente, no por el Estado —de cuyo poder disciplinario no tiene por qué depender—, sino por los propios abogados, como acontece con todas las profesiones liberales, ha quedado en veremos.

Como se recordará, quien estas líneas escribe viene promoviendo la creación del Tribunal Nacional de Ética del Abogado y del Cliente, idea planteada con entusiasmo con ocasión de la pasada reforma, esto es, aquella que los habilidosos congresistas aprovecharon en beneficio propio y terminó enterrada en unas sesiones extras convocadas por el presidente a última hora y ante la avalancha de críticas que se desató.

A la par con esta desalentadora noticia, hemos sabido que, en cambio, el Gobierno sí proyecta la eliminación de la otra Sala del mismo Consejo: la Sala Administrativa. Claro: es la Sala que hasta ahora maneja el presupuesto de la Justicia y los nombramientos de jueces, magistrados y empleados judiciales. Ya ustedes se imaginarán por qué tanto interés en eliminarla.

Con esto queda demostrado hasta la saciedad lo que hemos venido sosteniendo: que para afrontar la defensa de sus intereses gremiales ante el mar de desorden, politiquería, inmoralidad y abuso en que está inmersa la Justicia colombiana, la Abogacía tiene que unirse; no le queda otro camino; no tiene otra opción. Si los centenares de miles de abogados que tiene Colombia pretenden que su importante profesión —que es suya la ejerzan o no— recupere la dignidad y respetabilidad perdidas, tienen que unirse bajo una misma bandera, o el Estado seguirá decidiendo por ellos, continuará expidiendo códigos disciplinarios a su amaño y conveniencia, y será el Estado mismo —a pesar de que los abogados no son funcionarios suyos— el que los investigará, juzgará y sancionará disciplinariamente.

Y lo peor de todo: lo seguirá haciendo a través de una corporación duramente cuestionada precisamente ¡vaya paradoja! por sus faltas a la ética. Faltas muy graves, como la del “carrusel” de los magistrados y las “palomitas”, alcahueteado por la también cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, públicamente denunciado por la revista Semana —mucho tiempo después de que, como lo rememoró Rafael Serrano Prada en EL FRENTE, lo hiciéramos nosotros— e investigado, sin conclusión alguna hasta hoy, por la Contraloría General de la República.

O sea, que mientras de aquel escandaloso carnaval de nombramientos por breves períodos, encaminado a facilitar el acceso de los favorecidos a elevadas mesadas pensionales, es decir, que mientras de aquel descarado timo al erario, nada se ha dicho en concreto, y ahí siguen el señor Ovidio Claros y los demás magistrados de la Sala Jurisdiccional – Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en sus puestos, tan campantes como cierto güisqui, sancionando abogados a diestra y siniestra, incluso por fuera de los términos de prescripción o solamente porque han cobrado a título de honorarios lo que el propio Ministerio de Justicia aprobó como tarifa, o únicamente porque han ejercido el derecho de protesta, de crítica o de reproche, todo con tal de mostrar estadísticas y con ellas aseverar su eficacia y justificar así la supervivencia de sus cargos; y mientras los abogados arbitrariamente sancionados han tenido que ser literalmente rescatados por la Corte Constitucional, gracias a haberles seleccionado sus tutelas; y mientras los infelices a quienes esa Corte no les escoge sus tutelas para revisión no tienen las opciones que tuvo, pongamos por caso, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, de acudir en demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, porque contra las decisiones disciplinarias del todopoderoso Consejo Superior de la Judicatura no procede demanda de nulidad pues así lo prohibe el Código Contencioso Administrativo; y mientras las tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura las decide finalmente… ¡el mismo Consejo Superior de la Judicatura! … luego de que los consejos seccionales de la judicatura, es decir, …¡sus organismos subalternos!…, las han decidido en primera instancia; mientras todo esto pasa, digo, son los abogados quienes tienen que seguir soportando todo el peso de la problemática que agobia a la justicia colombiana, dando la cara para explicar el por qué de la lentitud en el trámite de los procesos, aguantando la falta de preparación académica de no pocos de los jueces, magistrados y empleados que, inexplicablemente, son nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura al margen de los concursos ordenados por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y, en fin, respondiendo ante sus clientes por los garrafales errores, los abusos y los atropellos que a diario se cometen dentro del Poder Judicial, y que ahora —en asombrosa e inadmisible jurisprudencia— el Consejo Superior de la Judicatura prohibe a los abogados criticar o reprochar, so pena de sanción disciplinaria por irrespeto si se atreven a hacerlo.

Notificados esta mañana por el Ministro de Justicia de que se mantendrá a ultranza la Sala Jurisdiccional – Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y que por consiguiente continuará el juzgamiento disciplinario de los abogados por parte del mismo Estado a través de esa cuestionada Sala, este portal dará inicio a una estrategia diferente y más radical para contribuir a la defensa de los derechos de los abogados y el futuro de la Abogacía. Oportunamente estaremos informando sus desarrollos.

¡Qué lástima, señor Presidente! Sí: qué lástima que Usted no haya cumplido la palabra empeñada —tal y como se lo recordó esta mañana a su ministro de Justicia el periodista Julio Sánchez Cristo—, qué lástima que nunca se haya dignado escuchar a la Abogacía y que se haya limitado a oír a las Altas Cortes —entre ellas al Consejo Superior de la Judicatura— y al Congreso, acerca de un tema que, como el de la justicia, quienes conocen de él son quienes día a día trajinan con ella y padecen en carne propia el calvario de las fallas estructurales que la aquejan: los abogados de Colombia.

__________

NOTA DEL PORTAL: Dada la mordaza que a la libertad de expresión de los abogados ha impuesto la Sala Jurisdiccional – Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a partir de la fecha todo cuanto tenga que ver con la Abogacía se escribirá y se publicará en este portal bajo el entendido de que se hace, única y exclusivamente, en nuestra condición de periodistas.

 

¡Gracias por compartirla!
Esta entrada fue publicada en Controversia, Periodismo. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *