Para perseguir a Al Capone, en Estados Unidos se integró un grupo de investigadores liderado por Eliot Ness al cual se le dio el remoquete de “Los intocables”, para hacer ver que con ellos no podía meterse nadie.
Aquí, en Colombia, estamos literalmente hastiados de otros intocables: aquellos funcionarios encopetados que sienten que por encima de ellos no hay nadie y que cuentan con patente de corso para hacer con los demás lo que les venga en gana.
A esta situación inadmisible se le quiere poner remedio cuanto antes. De ahí, el creciente movimiento nacional que propende por la eliminación de la inepta Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, gracias a cuya inercia los altos funcionarios del Estado no tienen investigador que los investigue, ni juez que los juzgue, como si en este país no rigiera el principio de que la ley es para todos.
Y es que las denuncias penales por prevaricato y abuso de autoridad formuladas contra —por ejemplo— ciertos magistrados de las Altas Cortes, por quienes pagamos impuestos, precisamente para sostenerlos en sus cargos, duermen en los anaqueles de aquella comisión inservible.
Pero como cada cual tira hacia donde le conviene, ahora resulta que a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, es decir, a la misma cuyo nombre terminó pluralizado y se empezó a llamar Comisión de Acusaciones, para indicar con mordacidad que realmente no acusaba a nadie, hasta que la chispa popular la bautizó, con su ingenio, “Comisión de Absoluciones“, le salió un defensor: el Fiscal General de la Nación.
El perseguidor oficial del delito no acepta, en efecto, la posible creación del Tribunal de Aforados y exige que se deje intacta la susodicha comisión para que sea ella la que siga dizque “investigando” las denuncias que los pobres ciudadanos eleven contra los magistrados de las Altas Cortes y demás intocables.
La razón ha saltado a la vista de inmediato: uno de los altos dignatarios del Estado que están amparados por la impunidad que simboliza esa comisión es ¡ vaya casualidad ! el Fiscal General de la Nación.
Y, mientras tanto, magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura que han incurrido en evidentes abusos siguen ahí, tan campantes como aquel añejo güisqui.
Por ahora, gracias a la prensa libre que, por fortuna, aún queda en este país amordazado, esos atropellos judiciales al menos se han podido denunciar públicamente.
Y es que cuando en una democracia no funciona la denuncia judicial, la única que queda como opción es la denuncia en los medios.
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* Miembro del Colegio Nacional de Periodistas.
Distinguido Dr. ÓSCAR HUMBERTO: lo felicito de antemano porque el 2 de noviembre es su cumpleaños. Retomando su artículo recuerdo que en la universidad nos enseñan a los estudiantes este aforismo, que es una realidad palpable: un Juez cuando se equivoca, incurre en prevaricato; un Magistrado cuando se equivoca, sienta jursprudencia. Moraleja: la pita se rompe por el lado más delgado.