Argumentando que magistrados y jueces sustrajeron de la reserva el contenido de los exámenes que debían realizarse este fin de semana en Bogotá, para aspirar a los ascensos en la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió las pruebas y ordenó investigar la conducta de numerosos funcionarios comprometidos en la falsificación.
No hay derecho a que las pruebas de méritos sean adulteradas, que se roben los formularios con los cuestionarios resueltos y que se vendan a millón de pesos las respuestas que cada uno de los candidatos a los cargos de magistrados y jueces deben responder en la prueba de conocimientos.
Basta ya de felonías, de golpes de audacia, de corrupción y de tráfico de influencias en los más altos niveles de la rama judicial del país. Los magistrados nada dijeron por la prolongada huelga que adelantaron ilegalmente los empleados de los despachos judiciales. Una especie de complicidad, donde todos se arropan con la misma cobija.
Cuando Colombia era todavía un país respetable, los magistrados y jueces daban ejemplo de pulcritud en todos los actos de su vida profesional. Les estaba prohibido paralizar actividades, mucho menos promover huelgas. Los funcionarios de la rama judicial solamente podían presentar respetuosas reclamaciones laborales.
La suspensión de los exámenes para los magistrados y jueces que quieren colocarse en lista de espera para ascender en la carrera judicial, por la intención de fraude que a tiempo fue descubierta, deja mucho que decir de este segmento de la sociedad colombiana que se ha corrompido hasta los tuétanos.
Este año se han conocido hechos de corrupción en los más altos niveles de la cúpula judicial del país. La llamada “silla giratoria”, que monopoliza los altos cargos en este sector de la administración pública, ha dado lugar para el mas aberrante tráfico de influencias. “Yo te elijo y tú me eliges” parece ser la consigna en los círculos concéntricos, de manos veladas que se reparten los honores de la magistratura, dejando en manos de funcionarios oficiales los temas gruesos de la administración de justicia.
El carrusel de las pensiones, el desprecio por las normas administrativas que establecen el forzoso retiro de los magistrados a los 65 años de edad, el nepotismo rampante y la corrupción en el trámite de las sentencias, le han hecho mucho daño a la majestad de la justicia en Colombia.
En los altos círculos, los procesos judiciales se acomodan a los intereses particulares de los grupos de presión que rodean el funcionamiento del aparato judicial del país. Suspender los exámenes de la carrera judicial, por la falsificación de las pruebas, que se vendieron esta semana a los interesados en clasificar dentro de la lista de espera que organiza la magistratura, es una vergüenza nacional.
Razón tienen quienes piden la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reorganice la justicia, que revise la estructura judicial del país y que coloque en su lugar a los responsables del tráfico de influencias, negocios y sentencias, que han convertido a Colombia en un país inviable ante la mirada de la comunidad internacional.
