El silencio de los púlpitos, donde se predicaba la honradez como una de las virtudes fundamentales de una sociedad cristiana, donde se hablaba de las buenas costumbres y se denunciaba el mal comportamiento de los funcionarios que asaltan el patrimonio público, ha hecho que aquella sea una hermosa costumbre del pasado. De la honradez ya no se habla ni siquiera en la tribuna sagrada, porque la concupiscencia ha tocado también los valores de la Iglesia Católica y de otros credos religiosos, donde los pastores y sus familias se enriquecen con la plata de los diezmos.
La corrupción en Colombia, en Santander y en las principales administraciones municipales del país ha llegado a niveles insospechados. Contratos amarrados para un solo proponente, como los que últimamente se han venido aplicando para los megaproyectos de las obras públicas; licitaciones en las cuales colocan cláusulas exorbitantes, que eliminan la participación democrática de otros proponentes.
Los grandes medios de comunicación guardan silencio y hasta la Procuraduría General de la Nación, que tiene entre sus funciones constitucionales investigar la conducta de los funcionarios públicos, se ha vuelto impotente para controlar la contratación oficial, que se ha convertido en la única razón del ejercicio de la política, porque ha de saberse que muchos parlamentarios reciben coimas de los negocios del estado para financiar sus campañas electorales y para fortalecer sus finanzas personales.
El analista Víctor Julio Rodríguez Toscano, muy cercano a las diferentes administraciones departamentales y municipales que ha manejado su partido liberal, afirma que el departamento de Santander es un nido de ratas, donde se robaron la Empresa Electrificadora de Santander, quebraron artificiosamente los hospitales públicos, monopolizaron la compra de medicamentos, amarraron los contratos de los megaproyectos viales, les robaron las tierras a los campesinos del Páramo de Santurbán, acabaron con las empresas de transporte público para crear el monopolio de Metrolínea, fiel reflejo de toda la concupiscencia del Estado.
Los columnistas que denunciaban el saqueo de los dineros públicos han cambiado su pluma, su estilo y su comportamiento, por el ditirambo y la lisonja, porque crearon fundaciones y corporaciones que se nutren con negocios oficiales a cambio de su silencio. ¿Qué pasó con la acción entablada ante un juez competente para solicitar la nulidad de la venta de las acciones de la nación en la Electrificadora de Santander, un proceso civil que había liderado un notable periodista y abogado santandereano? La ilusión era la de recuperar esta empresa santandereana.
En los hospitales públicos del departamento, que fueron refinanciados hace pocos años porque estaban quebrados, se han distraído recursos de la contratación oficial en una interminable racha de reajustes y modificaciones de diseños, como ocurre con el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Regional de Barrancabermeja y el Hospital Regional del Socorro, donde la construcción de nuevos pabellones para los servicios de salud y para la atención de los pacientes se han convertido en el Pozo de Donato de diferentes administraciones, que guardan silencio cuando la opinión pública pide explicaciones sobre la ejecución presupuestal.
¿Qué pasó con las obras del nuevo acueducto del Socorro, donde el contratista que ejecutó los diseños se quedó también con el contrato de las obras civiles y suspendió la ejecución de las obras porque no le gustaron sus propios diseños? Por esa razón hace dos años paralizó los trabajos mientras los Ministerios del Medio Ambiente y Vivienda aprueban sus modificaciones. La ciudad del Socorro no se merece este chantaje de un contratista que ha puesto en juego el futuro del proyecto más importante para la capital comunera de Colombia.
Casi todas las obras contratadas durante los últimos años por la administración nacional y por los gobiernos regionales han quedado en obra negra. Los contratistas sobornan a los funcionarios públicos y obtienen cuantiosos reajustes, en un 50% que es la proporción establecida en la legislación fiscal, pero nunca los recursos son suficientes para entregar las obras terminadas. Este panorama es desolador. Los contralores departamentales y municipales contribuyen con su silencio para no maltratar a sus patrocinadores políticos.
