Yo no lo podía creer. Otra vez la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, otra vez el magistrado Ovidio Claros, otra vez el magistrado Henry Villarraga, en fin, otra vez —como decía Gaitán— los mismos con las mismas. El informe de la FM, rendido por uno de los periodistas subalternos de Vicky Dávila, no dejaba lugar a dudas: de nuevo el escándalo sacudía a la corporación que se ufana de las cifras de abogados sancionados por ella en razón a no haber actuado con Ética, entre ellos aquellos que son multados por tener el valor civil de reprocharles a los malos funcionarios judiciales sus reprobables actuaciones en contra de los derechos de los más frágiles. Aunque en esta oportunidad ya no era el “carrusel” de las “palomitas” dentro de la propia Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, denunciado por la revista Semana y que ahora tiene a las puertas de la cárcel, no a los implicados en aquella impúdica desfachatez contra el erario, la Ética y la decencia pública —quienes siguieron campantes en sus cargos—, sino al investigador, el doctor Carlos Umaña, el honesto y valeroso contralor delegado que intentó ir hasta el fondo del asunto: ahora es otro “carrusel”, también de pensiones, pero para timar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) a punta de tutelas previamente arregladas desde el reparto mismo.
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¡Esto hasta cuándo, por Dios!