Desde el principio nos vinculamos a la lucha por la ABOLICIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, y más específicamente de su SALA JURISDICCIONAL- DISCIPLINARIA, pero no para que terminara reemplazado por otra entidad oficial que continuara haciendo lo mismo, sino para que, por fin, se rescatara en Colombia la majestad del derecho mediante el reconocimiento por parte del Estado de la independencia intelectual del abogado y su plena libertad para expresar sus opiniones, formular sus críticas y elevar sus clamores de justicia sin la cortapisa que le significa la posibilidad de una reacción disciplinaria oficial en su contra con miras a silenciarlo.
Lo que propugnamos es el final del ya antiguo sometimiento de la Abogacía al poder disciplinario del Estado.
Y es que consideramos que el Estado no tiene por qué controlar a los abogados en su ejercicio profesional a través de su poder disciplinario, porque —como lo venimos repitiendo— los profesionales del derecho no son funcionarios suyos, sino que ejercen una profesión liberal.
Por ello, para el juzgamiento ÉTICO de la abogacía proponemos la creación del Tribunal Nacional de Ética del Abogado y del Cliente.
Y en cuanto al juzgamiento disciplinario de los funcionarios judiciales, hemos propuesto el restablecimiento de la desaparecida Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.
De esa manera, la Sala Jurisdiccional- Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas jurisdiccionales- disciplinarias seccionales no tendrán ya razón de ser.
En cuanto a la otra función, la de dirimir los conflictos de jurisdicción, la misma debe atribuírsele a la Corte Constitucional, pues el tema es de rango constitucional.
CREACIÓN DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA DEL ABOGADO Y DEL CLIENTE.
Es la abogacía una profesión liberal, sí, pero sujeta, por supuesto, a la Ética.
Ética con la que, dicho sea de paso, también debe actuar el cliente, a veces convertido en el peor enemigo de su abogado.
Amenazan con volverse epidemia deslealtades como la de revocarle el poder al abogado cuando, luego de largos años de trabajo profesional, ha ganado limpiamente el pleito. Esas revocatorias de última hora persiguen timarle los honorarios.
Como esa, hay muchas conductas que clientes sin ética llevan a cabo contra su abogado.
En esto debe haber reciprocidad.
Por eso, insistimos en proponer la creación del Tribunal Nacional de Ética del Abogado y del Cliente, conformado por juristas de excelsas calidades y —lo más importante— que hayan ejercido la profesión de abogado con lujo de competencia y hayan, por tanto, conocido de cerca las vicisitudes que rodean ese ejercicio.
Este tribunal contaría con sus correspondientes seccionales, todas ellas integradas por magistrados ad-honorem, como sucede con, pongamos por caso, el Tribunal Nacional de Ética Médica y los tribunales seccionales de ética médica. En el caso de estos tribunales, quienes ejercen la magistratura continúan ejerciendo también su profesión normalmente.
NUESTRA PROPUESTA:
Dado lo avanzado que está el trámite de la reforma constitucional, y que toda propuesta debe surtir ocho (8) debates y solo faltan dos (2) sin que el tema se haya ventilado, nos estamos dirigiendo a la senadora Claudia López, la única congresista que se acordó de los abogados litigantes como sector que debía ser vinculado a la reforma de la justicia, para que dentro de las funciones del ente que reemplazará a la Sala Jurisdiccional – Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura NO se incluya a la Abogacía independiente.
Ello permitiría que posteriormente, por vía legislativa, se pudiera crear este Tribunal.
En otras palabras, la cuestión ética de la Abogacía, ni de ninguna profesión liberal, debe formar parte de la Constitución.
Ese intento se perdió. Ya no lo rescata el tiempo, ni la compostura de la Senadora aludida. No lo crea que acudo al conocimiento público de su vida privada, es que no es coherente, ni uniforme en sus conceptos, criterios y declaraciones. ¡Que vaina¡