Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas.
Desacato tras desacato. En este país a la justicia ya no la respeta nadie, ni nadie le obedece. Ni siquiera las propias entidades del Estado, que deberían ser las primeras en dar ejemplo. Aunque según observadores, la propia Justicia tiene la culpa porque no se hace respetar, ni hace respetar sus decisiones.
Un poco de historia
Hace ya más de cinco años, la justicia condenó al Hospital de Girón por la muerte de la niña de tres años Gladys Andrea Castellanos Aguirre. Desde entonces, el hospital se ha negado a cumplir el fallo.
Un vergonzoso vía crucis
El desafiante incumplimiento de la sentencia condenatoria por parte del hospital gironés ha sido objeto de debate, por orden cronológico, en las siguientes entidades: en la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, en la Personería Municipal de Girón, en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en el Tribunal Administrativo de Santander, en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, en la Corte Constitucional, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, de nuevo en el Tribunal Administrativo de Santander, en la Fiscalía General de la Nación, en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Consejo de Estado y en la Sección Cuarta de la misma Sala de lo Contencioso- Administrativo del Consejo de Estado.
A la postre, sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ha obligado al hospital a que cumpla el fallo.
El sainete continúa
En los que han sido los últimos actos de este vergonzoso sainete —que según todos los observadores ha puesto en ridículo a la justicia contencioso-administrativa, a la jurisdicción constitucional y, desde luego, también a la abogacía— se conocieron varios hechos que ponen en evidencia hasta qué extremos inaceptables se ha llegado.
Desapareció la documentación
En lo que constituyó, si no la primera irregularidad, si una de las más graves de cuantas han sucedido hasta ahora, la documentación que le había sido entregada a la entidad en el año 2010 para que iniciara el trámite administrativo encaminado a cumplir la condena desapareció dentro del hospital.
Cuando con decir “eso se extravió” basta
Sin embargo, cuando la madre de la niña y su familia pensaban que comenzarían las destituciones y los encarcelamientos —porque se habría cometido una falta disciplinaria gravísima y, de acuerdo con el artículo 292 del Código Penal, un delito de falsedad documental por destrucción, supresión u ocultamiento—, al director del centro asistencial le bastó decir en una notaría que esa documentación se había extraviado y que nadie había vuelto a verla, para que automáticamente una sala del Consejo de Estado conceptuara que la madre de la niña debía, entonces, conseguir otra y volverla a presentar. No hubo el más mínimo reproche a la desaparición de la documentación dentro del hospital.
Desaparecen el expediente disciplinario
Pero no desapareció solamente la documentación que se le había entregado al hospital en el año 2010. Otro hecho que ha causado absoluto desconcierto en la familia de la niña fue la desaparición del expediente disciplinario que supuestamente adelantaba la Personería Municipal de Girón contra los funcionarios del hospital a cargo de darle cumplimiento a la sentencia y que se habían negado a hacerlo.
El gerente del hospital consigue otra “primera” copia de la sentencia a espaldas del juez
Como en una de las tantas tutelas que ha logrado ganar la madre de la niña —la fallada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga a su favor— se le ordenó perentoriamente al director del hospital que en un plazo de 48 horas le devolviera a la mujer la primera copia de la sentencia que le había sido entregada al hospital en el año 2010, el director se consiguió otra “primera” copia en el propio juzgado donde se dictó la sentencia (Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga) y se la entregó al juzgado a cargo de hacer cumplir la orden del tribunal (Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado), como prueba de que había cumplido tal orden.
El juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado aceptó esa nueva “primera” copia como suficiente y ordenó el archivo del incidente de desacato que ya tramitaba y que había puesto al director del hospital al borde de la cárcel. Pero la madre de la niña se negó a recibir esa supuesta “primera” copia porque eso no era lo que se le había entregado al hospital y, entonces, acudió otra vez a la tutela.
En la nueva tutela, el Tribunal Administrativo de Santander encontró que esa supuesta nueva “primera” copia era espuria, pues el gerente del hospital la había obtenido en el juzgado a espaldas del juez. Fue así como la copia fue declarada carente de validez y se ordenó devolvérsela al juzgado de donde procedía para que la anulara. En la misma sentencia de tutela, el Tribunal Administrativo de Santander dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Municipal de Girón para que se investigara lo ocurrido.
Hasta ahora, sin embargo, en ninguna de las tres entidades ha sucedido absolutamente nada.
La madre de la niña le había encarecido a la Procuraduría que vigilara el cumplimiento del fallo porque no confiaba en la imparcialidad de la Personería de Girón, pero la Procuraduría se negó a hacerlo
En realidad, lo que se le había pedido a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga era que el Ministerio Público vigilara el cumplimiento de la sentencia. Empero, lo que hizo la Procuraduría fue remitirle el expediente a la Personería Municipal de Girón. La familia de la niña se opuso a esa remisión y le rogó a la Procuraduría que ejerciera el poder disciplinario preferente por considerar que la Personería de Girón se encontraba totalmente politizada y no haría nada contra los funcionarios del hospital que se habían burlado del fallo, todos ellos del grupo político dominante en ese municipio y liderado por el actual alcalde Héctor Josué Quintero Jaimes, conocido como “Vasito de agua”. Sin embargo, la Procuraduría insistió en el envío del caso a la Personería donde, como lo habían pronosticado los familiares de la niña, perdieron el expediente.
Tres tutelas burladas
La humilde mujer ha ganado ya tres tutelas ante la Jurisdicción Constitucional y hasta adelantó un incidente de desacato contra el director del hospital por negarse a devolverle la documentación, tal y como se lo había ordenado la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, pero la justicia absolvió al funcionario pues este dijo que no la podía devolver porque esa documentación se había perdido y nadie dentro del hospital sabía nada de ella.
En todas las tutelas, sin embargo, solo se le ha ordenado al hospital que le conteste a la madre de la niña sus derechos de petición o que le devuelva la documentación que ella le entregó en el 2010, pero igualmente se le ha advertido a esta que por la vía de la tutela no pretenda que se obligue al hospital a cumplir el fallo porque para eso existen el juicio ejecutivo y los correspondientes embargos.
Los bancos negaron el embargo de las cuentas
No obstante, y en lo que constituye un nuevo revés para la madre de la niña muerta, acaba de suceder un hecho que deja a la modesta mujer sumida en la más absoluta incertidumbre. Ocurrió que cuando ya se había decretado el embargo de las cuentas bancarias del ente oficial, los bancos donde tiene sus cuentas desacataron la orden judicial con el argumento de que el tesorero del hospital les había informado que esos dineros eran inembargables. Incluso uno de ellos que ya había cumplido la orden del juzgado se echó para atrás luego de consultar con el mismo tesorero si esos dineros eran embargables y de haber recibido de este funcionario la respuesta de que no lo eran. La entidad bancaria levantó la medida sin siquiera consultar con el juzgado que la había ordenado.
La espera continúa
Maritzabel Castellanos Aguirre sigue esperando que se haga justicia. Ahora le ha pedido al juzgado que dictó la sentencia condenatoria contra el hospital, y que es el mismo ante el cual adelanta el hasta ahora frustrado proceso ejecutivo, que le defina, de una vez por todas, si existe manera de obligar al hospital a pagarle o si le tocará acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (USA) para denunciar a Colombia por este interminable calvario al que ha sido sometida durante ya tantos años.
Lo que ordena la ley
La ley colombiana ordena que una vez sea condenada una entidad estatal al pago de una indemnización, es su obligación hacer de inmediato la correspondiente apropiación presupuestal y luego de un breve trámite jurídico interno dictar la resolución administrativa que ordena el pago del capital más los intereses moratorios; a continuación se notifica esa resolución administrativa y de inmediato se procede al pago.
Dilatar el cumplimiento de una sentencia condenatoria es causal de mala conducta
Incluso la ley advierte que el pagar las condenas judiciales más lentamente que el resto de las obligaciones constituye para los funcionarios que lo hagan causal de mala conducta.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación no ha hecho absolutamente nada.
No creo en la Justicia porque no se hace respetar y la tienen como a los bobos del pueblo: parece que lo quieren, le toman fotos, lo miman, pero en el fondo todos cargan en su conciencia una burla; y, como andan sucios, algunos loS miran como a algo que el gato trajo de la calle. ¡Lamentable!