Si algo tiene que combatirse en este país, corrompido hasta la médula, es el lobby.
¿Cómo es eso de que, mientras todos pagamos impuestos para sostener la burocracia, los altos funcionarios solamente reciben en sus despachos a unos cuantos personajes que cobran millonarias sumas para que el burócrata de turno atienda a alguien o escuche una propuesta o reciba una queja?
¿Es que, acaso, no es un deber de todo funcionario atender a la gente? ¿Es que, acaso, no tenemos todos derecho a que se nos escuche en las altas esferas gubernamentales?
El vergonzoso caso del “jurista” (como lo llamaron los medios) Víctor Pacheco, un cagatintas visitante frecuente de la Corte Constitucional, a quien el propio presidente de la Corte Luis Ernesto Vargas atendía en su despacho, y con quien se tuteaba, y quien, en conversación que el mismo magistrado grabó con su celular, reconoció que había estado platicando con el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub acerca de la escogencia de una tutela para revisión, ha debido desencadenar una reacción popular de grandes dimensiones para exigir que se explicara públicamente si existía el mismo lobby en el resto de esa corporación, en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema, en el Consejo Superior de la Judicatura, en la presidencia de la república, en los ministerios, en las gobernaciones, en las alcaldías, y, en fin, en todas las demás dependencias oficiales.
Hace algunos años nos contaron que un senador le exigía dieciséis millones de pesos a alguien por conseguirle que un ministro lo atendiera unos minutos. De ser ello cierto, ni el más costoso de los profesionales liberales de Colombia, es decir, ni el más reputado médico, ni el más conspicuo consultor, gana más que un ministro, ni que un personaje dedicado al lobby.
En Bucaramanga, para no ir tan lejos, acaba de quedar al descubierto que un hijo del alcalde, con contrato firmado y todo, es decir, con toda la carga de leguleyada propia de este país de leguleyos, se comprometió a hacer lobby para la adjudicación de un cuantioso contrato administrativo.
En cambio, cuando contribuyentes del erario -del nacional y del municipal-, es decir, personas que con sus impuestos estaban contribuyendo a sostener la burocracia, que nunca habían estado presos por apropiarse del erario, ni por nada; que ejercían actividades lícitas; en una palabra, que eran personas de bien, iban en busca de que el anterior alcalde, el hoy preso Lucho Bohórquez, los atendiera -como, en cierta ocasión, en la que se le iba a advertir de un timo que se preparaba dentro de la alcaldía en contra de un respetable profesional del derecho y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no los atendía. En aquella oportunidad lamentable, conocida muy de cerca por nosotros, los quejosos terminaron remitidos ¡vaya paradoja! a la misma funcionaria a la que iban a denunciar.
Ojalá nuestro pueblo, embrutecido hasta la sinrazón por el fútbol, el licor, el raegguetón, el pseudovallenato, los corridos prohibidos y las telenoveluchas de mala muerte, entienda que hay cosas más importantes para sus intereses y los intereses de sus descendientes, como lo es el exigir que su voz sea escuchada en las dependencias oficiales sin necesidad de intermediarios.
No más lobby en Colombia; no más lagartos de alto nivel apropiándose del derecho que todos tenemos a hablar con los altos empleados públicos.
Estos se deben a la comunidad.
Y la comunidad somos todos.