Sí, claro: el subsuelo es de la Nación y, por lo tanto, el Estado —que es su personero— tiene a cargo su manejo y el ejercicio de la potestad de entregar concesiones mineras de conformidad con la ley.
Pero son las comunidades locales, asentadas en los lugares donde están ubicadas las minas y los yacimientos, las que tienen que beber el agua contaminada como consecuencia colateral de la explotación aurífera o respirar el aire contaminado como corolario de la explotación carbonífera.
Ni el mercurio, ni el arsénico les contaminan a los poderosos magistrados de la Corte Constitucional el agua que beben, ni tampoco los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre les contaminan el aire que respiran, porque los nueve colombianos que la integran, y que prácticamente deciden por toda la nación colombiana, viven en lujosos barrios de Bogotá, así como también viven en Bogotá el ministro de minas y el presidente de la república. Esas sustancias tóxicas —ligadas a enfermedades gástricas y respiratorias muy graves, que incluyen el cáncer— solo afectan, precisamente, a esas comunidades, las mismas a las que el Tribunal Supremo de la Jurisdicción Constitucional, en una sentencia de tutela, les ha cercenado de un tajo su derecho a oponerse a que les contaminen los recursos naturales ubicados en sus territorios.
Sí, claro: el Presidente de la República es también el presidente de esa gente, y el ministro de minas y energía también manda sobre esas regiones. Este es un país centralista hasta los tuétanos y, consiguientemente, Bogotá es el polo magnético alrededor del cual giramos los colombianos sin poder salirnos de la órbita.
Empero, este es también un país democrático y así como se les dijo a los municipios que podían elegir a sus alcaldes, y se les dijo a los departamentos que podían elegir a sus gobernadores —con lo que, dicho sea de paso, no estuvimos de acuerdo, porque presentíamos, y el tiempo nos dio la razón, que eso significaría servirles el poder en bandeja de plata a los caciques y gamonales de siempre—, así también se les debe garantizar, de alguna manera, que tomen parte activa en las grandes decisiones sobre asuntos que les afectan derechos tan fundamentales como el de la salud y el de la vida, por los cuales tanto ha cacareado la Corte Constitucional cada vez que ha puesto un huevo en esas materias.
Que puedan exigir, por ejemplo, la adopción de medidas muy serias para precaver los desastrosos efectos atinentes a la contaminación del medio ambiente, la asunción de responsabilidades claras y concretas que les garanticen a las víctimas de esta su pronto acceso a una atención científica de alto nivel y el que reciban reparaciones justas a los daños y perjuicios sufridos, o la carga ineludible de que, al retirarse de la zona, tengan que dejar las cosas en las condiciones ambientales en que las encontraron, porque el progreso y la felicidad de unos no puede montarse sobre el atraso y la desdicha de otros.
Frente a la realidad del fallo de la Corte, que declaró contrarias a la Constitución las consultas populares locales en materia de explotación minera, va a tener que conciliarse la verdad incontestable de que el subsuelo es de la Nación con la verdad, no menos incontestable, de que no todos los integrantes de la Nación sufren de manera directa las consecuencias ambientales que acarrea la explotación minera, sino que, por el contrario, son las comunidades residentes en las zonas de ubicación geográfica de las minas y yacimientos las que tienen que afrontar en solitario esas consecuencias, por lo cual lo mínimo que un Estado democrático puede hacer por ellas es garantizarles el derecho a voz y voto en las decisiones que tocan con materias tan sensibles.
O si no, que nos digan si, por ejemplo, la espeluznante contaminación ambiental generada por la explotación carbonífera a cielo abierto en El Cerrejón ha afectado la salud de los bogotanos, o de los paisas, o de los santandereanos, o de los boyacenses, o de los vallunos, o de los nariñenses, o de los habitantes de San Andrés y Providencia.
