La jurisprudencia errónea o injusta —¿puede haber una jurisprudencia errónea que sea justa?— causa, por supuesto, un inmenso daño a los derechos de las personas. Pero si, además, se prevé que ella tendrá una vigencia a futuro durante muchos años, sin que exista posibilidad alguna de que se rectifique y retorne la correcta y justa, lógicamente aquella jurisprudencia injusta o errónea se constituye en fuente de profundo desaliento para los hombres y las mujeres que luchan en el foro por el imperio del derecho y de la justicia.
A esa sombría perspectiva contribuyó el cada vez más desacertado Congreso Nacional al aprobar, prácticamente a espaldas de la nación colombiana —buena parte de la cual todavía lo ignora o todavía no acaba de digerir semejante “reforma a la justicia”— el incremento de cinco años en la edad de retiro forzoso para los magistrados de las cortes y de los tribunales, y para los jueces, que estaba fijada en 65 años y que quedó, en consecuencia, establecida en setenta.
Desde luego, no son solamente los magistrados de las cortes y de los tribunales los que aseguraron su permanencia “eterna” en el cargo y su consiguiente jubilación —cerrándoles, dicho sea de paso, el camino a las nuevas figuras del derecho colombiano—, pues también se perpetuarán hasta los 70 años todos los demás empleados estatales.
Con todo, esto no tendría nada de particular si no fuera porque cada día son más y más las quejas por la pésima atención en las oficinas públicas a la comunidad, una comunidad que, con sus impuestos, es la que paga los sueldos y las demás prestaciones laborales de toda la frondosa burocracia que tan mal la atiende, y si no fuera porque, de un tiempo para acá, y gracias a las ambigüedades de la Constitución de 1991 y a los magistrados de la Corte Constitucional —quienes, sobra decirlo, declararon exequible la prolongación hasta los 70 años de la permanencia de ellos mismos en el poder—, ya casi no quedan en Colombia jueces o magistrados respetuosos de la jurisprudencia de sus superiores jerárquicos, de modo que ya lo que diga o deje de decir el Consejo de Estado tiene sin cuidado a magistrados de tribunal administrativo o a jueces administrativos que piensan distinto, o que, más bien, no estudian los temas acerca de los cuales deben fallar, y quienes con tan solo redactar unos renglones con frases de cajón o lugares comunes, quedan habilitados para desconocer aquellas decisiones de sus superiores, las mismas que antes de la Constitución de 1991 eran citadas como fundamento científico en los fallos que sus inferiores jerárquicos proferían.
Al sentido concordante de estos fallos se le llamaba en aquel entonces jurisprudencia y a esta —a la jurisprudencia— se le estudiaba como una de las fuentes del derecho, al lado de la doctrina, la costumbre y, por supuesto, la ley.
Ahora, aunque una norma de la Constitución las mencionó, lo hizo con tal ambigüedad, que, a pesar de la extensa aclaración que, a su vez, hizo la Corte Constitucional, cada vez más son letra muerta, así de dientes para afuera todo el mundo diga que se les sigue respetando.
Aunque, la verdad sea dicha, “en todas partes se cuecen habas”: también abundan dentro de las ahora llamadas “Altas Cortes” la falta de estudio de los casos y las consiguientes providencias con la profundidad de un plato pando.
¿Conviene que un juez o un magistrado se perpetúe en el cargo?
Eso, como canta Jarabe de Palo, “Depende”.
Porque una cosa es que se perpetúen en sus cargos los buenos jueces, los buenos magistrados o los buenos secretarios judiciales y otra cosa, diametralmente distinta, es que lo hagan personajes que uno no entiende cómo diablos lograron llegar a esos cargos.
Ya se habla de una Constituyente que reorganice este caos.
Tocará por ahí, porque por el lado del Congreso, del Gobierno y de la Corte Constitucional —como decía mi cuñada Ilianita cuando era niña— “nanay cucas”.
