La crisis de la justicia en Colombia y los oportunistas de última hora. Por Óscar Humberto Gómez Gómez

Hábilmente, algunas personas que delinquieron y que, por ello, están siendo perseguidas por la Justicia colombiana, vienen aprovechando la circunstancia desgraciada de que dentro de nuestro aparato judicial se han detectado reprobables procederes, para pretender distraer la atención respecto de las conductas que cometieron y por las cuales se les está juzgando.

Para zafarse de su deber de dar la cara y asumir con entereza sus propias responsabilidades, tal y como le toca hacerlo al resto del sufrido pueblo colombiano, estos oportunistas personajes se han parapetado detrás de fenómenos indudablemente condenables como los “carruseles” de pensiones, el sesgo político de algunos funcionarios judiciales, la manera como se están proveyendo los cargos de jueces y magistrados -donde por momentos pareciera dársele más importancia a la rosca que al interés superior de la justicia-, los palmarios errores procesales que se cometen, la falta de profundidad en el estudio de los expedientes o las decisiones manifiestamente injustas, males que, entre otros no menos graves, tienen a la Justicia sumida en una de sus peores crisis de credibilidad.  Se trata, pues, de pescadores astutos que aprovechan para pescar en río revuelto.

La Justicia no debe dar pie para que los destinatarios de sus actuaciones puedan cuestionarla y restarle crédito. Por eso es que insistimos tanto en que quienes sean investidos con el poder jurisdiccional del Estado deben ser personas intachables y que en su comportamiento personal, social y oficial no den pie a consejas, dudas ni reproches de ninguna índole. Ese es el precio que hay que pagar por ser juez, un cargo que, como sugiere Pietro Ellero, casi que eleva a quien lo ostenta a la altura de los dioses.

Pero una cosa es que la Justicia esté en el ojo del huracán y otra, muy distinta, que viejos zorros aprovechen esa coyuntura para tender un manto de duda sobre las cosas indebidas que han hecho.

Nunca los sagaces oportunistas de ahora exhibieron la más mínima preocupación por la Justicia colombiana, por la tragedia de hombres humildes como, pongamos por caso, el señor Mena, condenado a largos años de prisión y liberado a los tres años por ser inocente, gracias a la diligente gestión del programa Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán; ni por los juicios que se demoran veinte años; ni por el drama de viudas, huérfanos y lisiados que siguen a la espera interminable de un fallo judicial; ni por la tragedia inenarrable de los padres que se envejecieron o murieron esperando justicia ante la muerte de sus hijos o de los niños que se hicieron adultos esperando que se hiciera justicia por la muerte de sus padres; en fin, jamás les importó la lamentable situación judicial en la que sucumbe Colombia, la misma que sólo algunos pocos abogados colombianos hemos tenido el valor civil de denunciar y contra la que venimos luchando desde hace lustros, poniendo la cara, dando nuestros nombres y apellidos, y sometiéndonos a retaliaciones soterradas y persecuciones disciplinarias (todas, por cierto, terminadas con exoneración total).  Solamente ahora, cuando los afectados con sentencias condenatorias o privaciones de libertad son ellos mismos, o sus parientes próximos, o los amigos o compañeros de partido político o de andanzas, salen a despotricar contra la Justicia de este país para hacer creer a los ingenuos que su suerte no responde a sus acciones reprochables, sino a que son perseguidos de la Justicia.

Sí: la Justicia ha cometido atropellos, errores y abusos. Nosotros los hemos denunciado y los seguiremos denunciando, así como también continuaremos luchando porque la Administración de Justicia colombiana esté en las mejores manos, porque el leguleyismo sea desterrado de la actuación jurisdiccional para siempre, porque el martillo del juez no se emplee para golpear con él a quienes no gozan de sus simpatías.

Pero que no vengan los oportunistas a pretender presentarse como adalides de lo que nunca fueron y a borrar su mala imagen pública desprestigiando a jueces, magistrados y fiscales, muchos de los cuales son funcionarios rectos, estudiosos y decentes.

Cada caso tiene sus propias particularidades. Y en el análisis de si la Justicia está funcionando o no, es bueno que se tenga ojo avizor y no se permita que detrás de la crítica -más que merecida- a los protuberantes lunares de nuestra Administración de Justicia, terminen agazapándose quienes sí actuaron mal y que, en consecuencia, en el fondo no han sido condenados por tribunal alguno, sino por sus propios actos repudiables.