Hay que pararle bolas, y con prontitud, a eso de la elección “popular” de gobernadores y alcaldes.
Sabido es, en efecto, que la democracia colombiana le permite al pueblo elegir a sus gobernantes.
Pero como “pueblo” es todo el mundo, todo el mundo puede votar: vota la dama más decente y vota la más relajada de las prostitutas, vota el industrial exitoso y vota el tabernero que atiende por las noches una cantina de mala muerte, vota el más conspicuo defensor de la dignidad de la mujer y vota el más vil de los proxenetas, vota el hombre más honrado y vota el más peligroso de los atracadores, vota el ilustrado y vota el analfabeto, vota el que vive con comodidad y vota el miserable con cédula que duerme en los andenes, vota el ciudadano de bien y vota el más vulgar exponente del lumpen, vota el científico sobresaliente y vota el más cerrado de los ignorantes, vota el borracho y vota el sobrio, vota el vago y vota el trabajador, y, en fin, podríamos enumerar un largo e interminable etcétera.
Empero, esta democrática realidad, que es la fortaleza misma de la democracia, se convierte, a la vez, en su más evidente y peligrosa debilidad.
Porque mientras el ser humano no viva en unas condiciones medianamente dignas, es inevitablemente presa fácil del demagogo, del comprador de conciencias, del que maneja a la pobrería irredenta como a una recua que no tiene derecho a pensar, sino que está condenada a votar por quien le señalen a dedo los que le regalan una mochila de mercado o le pagan el recibo del agua y de la luz, o dicen proveerle beneficios estatales como el SISBEN.
Y es que en cada municipio y en cada departamento hay feudos de poder y roscas impenetrables, y son esas roscas las que, finalmente, deciden quién será el siguiente gobernador o quién, el siguiente alcalde.
Son esos feudos y esas roscas los que escogen a los candidatos, se los imponen a la masa de electores y luego entran a repartirse el botín: los puestos, los contratos, el manejo de la salud pública, etcétera.
Por ello, la elección “popular” de alcaldes y gobernadores —que debería ser la máxima expresión de la democracia— es hoy un ejemplo de lo que son en este país desventurado las figuras importadas de otras latitudes —con realidades económicas, sociales y culturales totalmente diferentes a la nuestra— cuyo fracaso dentro de nuestra sociedad es evidente, pero que se siguen manteniendo por mera conveniencia, debido a los intereses que están en juego.
Una de dos: o se le pone fin a la elección “popular” de alcaldes y gobernadores, o se le pone orden a ese vergonzoso caos en que se convirtió desde hace rato y que ha posibilitado gobernadores criminales, alcaldes ladrones y, como dije atrás, un largo e interminable etcétera.
