La política prácticamente se apropió de la justicia.
La relación entre política y justicia se hizo tan estrecha, que estoy seguro de que los directores y los jefes de redacción de los periódicos ya no atinan a quién encomendar el cubrimiento de las noticias de mayor audiencia hoy en día: si a un cronista judicial o a un redactor político.
Y mientras el turbión noticioso político-judicial arrasa, mientras a diario se vuelve tendencia, mientras se hace viral en las redes y recibe carátula en las revistas, primera página en los diarios, cubrimiento durante horas en la radio y “prime time” en la televisión, la suerte de los casos que afectan a los ciudadanos comunes no les importan a nadie.
Las decisiones judiciales erróneas o incluso arbitrarias son numerosas y todas ellas deberían generar una respuesta solidaria y fuerte de la sociedad. Una injusticia en contra de un miembro de la comunidad debería ser considerada una ofensa contra el tejido social todo. Pero no, lamentablemente esas decisiones, por muy erróneas o arbitrarias que sean, si no afectan a una figura política de primer orden, o no se refieren a temas con connotación política, no merecen atención alguna por parte de quienes podrían neutralizar sus dañinos efectos. Y que lo podrían hacer, digo, porque cuentan con inmensos poderes para echarlas abajo.
La acción de tutela, por ejemplo, y particularmente cuando se ejerce contra providencias judiciales, está condenada la mayoría de las veces a la indiferencia absoluta. Los fallos parecieran hechos con una plantilla.
La inmensa mayoría de las solicitudes de amparo constitucional son falladas de cualquier manera por jueces y magistrados que no son parte realmente de ninguna “jurisdicción constitucional”, sino que simplemente recibieron esa carga adicional de trabajo para que la asumieran ADEMÁS de sus funciones normales.
En efecto, en Colombia no existen juzgados constitucionales, ni tribunales constitucionales, sino tan solo una Corte Constitucional que escoge libremente los casos que quiera y desecha el resto, sin tener que darle a nadie explicación alguna.
Peor aún: lo que se comenta es que los jueces y los magistrados a cargo de decidir las tutelas en primera y en segunda instancia realmente no lo hacen y que son subalternos suyos los que tienen que empaparse del asunto. A juzgar por la calidad de las sentencias, pareciera que procuran no mojarse tanto.
Así, los derechos fundamentales de los frágiles, de los que no tienen ninguna significación política, de los que no tienen amigos en los grandes medios de comunicación que llamen la atención de la Corte Constitucional a ver si se digna escoger sus casos entre los pocos que revisa, naufragan a diario entre montañas de hojarasca inútil y mares y mares de frases de cajón y lugares comunes que se repiten una y otra vez: “La tutela no es una tercera instancia”, “No se observa arbitrariedad alguna”, “Lo que se pretende es reabrir un debate ya clausurado”, etcétera. A más de esas cantinelas, las sentencias de tutela no hacen sino copiar y pegar lo que ya se ha repetido por años.
Pues bien; como si lo anterior fuera poco, ahora resulta que esos ciudadanos anónimos para quienes definitivamente no hubo justicia en Colombia —ni por la vía ordinaria, ni por la vía constitucional— tampoco tendrían la opción extrema de buscarla más allá de nuestras fronteras.
En efecto, ahora se pretende sentar como premisa la de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos —dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)— solo acepte casos “relevantes” (léase: políticos) y deseche los demás por ser irrelevantes, que es como decir casos de poca monta.
Este último criterio de escogencia, que ahondaría aún más la justicia selectiva que ya nos asfixia, está siendo impulsado en el seno de la OEA por Colombia a través del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Camilo Gómez.
Un político, por supuesto.
