“Reforma a la Justicia”: la razón la tiene don Teodoro.

La mal llamada “Reforma de la Justicia” nunca tuvo porvenir y, al final, nació como tenía que nacer: muerta.

Y nunca tuvo porvenir, y al final nació muerta, porque, como dijo don Teodoro Duarte Garzón, con la sencillez de esa sabiduría elemental y simple que dan los años, “la Justicia no se puede reformar porque ella es eterna, es un concepto, un valor, un principio, un ideal, un sentimiento que vive eternamente en el corazón de los hombres justos“.

Sí.  Como dijo don Teodoro, la Justicia no es eso que entiende por Justicia el señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón cuando para “reformarla” se va directamente a buscar el beneplácito de las Altas Cortes, dando por sentado que ellas, y solo ellas, son las voceras del Poder Judicial, sin cuyo permiso ese Poder no puede ser reformado. Ni Justicia es lo que entiende por Justicia el señor ex Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, quien se esfuma del Ministerio del Interior y de Justicia justamente cuando ese ministerio se va a escindir y va a resucitar el desaparecido Ministerio de Justicia, porque produce más caudal electoral regalarles casas a los mismos que siempre han cambiado su voto por una mochila de mercado, que medírsele al berenjenal de “reformar la Justicia”.  Ni Justicia es lo que entiende por Justicia el señor ex Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero -el mismo que primero felicitó efusivamente al Congreso por haber aprobado la “reforma de la Justicia” y luego renunció porque lo aprobado “le” era inadmisible-.  Ni, mucho menos, Justicia es lo que entiende por Justicia el Congreso Nacional de Colombia, encabezado por Juan Manuel Corzo y Simón Firmoncito, que pretendía volver a reformar la reformada Constitución de 1991 para reformar lo que ese mismo Congreso Nacional había aprobado, en anterior reforma, por supuesto a favor de él: el fuero de ser juzgados sus miembros única y exclusivamente por el más alto tribunal de justicia del país, y no, como nos toca a todos los parroquianos, por jueces y tribunales de inferior jerarquía, con posibilidad de llegar a ese máximo tribunal solamente por la vía del exótico, difícil e improbable recurso extraordinario de casación; fuero que el Congreso Nacional se aprobó a sí mismo sin vaticinar, claro, que años después sus integrantes irían a querer escapársele a ese mismo alto tribunal de justicia cuando empezara a no resultarles beneficioso en su búsqueda de impunidad para sus fechorías.  Es más: Justicia no es lo que por Justicia entienden hoy en día las Altas Cortes, que aquí demostraron, hasta la saciedad, salvo contadas y brillantes excepciones, cuánto les importa a sus miembros ese inmenso ideal pregonado por el gran filósofo de Nazaret de “Dar a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César”, al entrar en absoluto mutismo apenas les ofrecieron gabelas como la de ver incrementados de 8 a 12 años sus períodos y de 65 a 70 años su edad de retiro forzoso, amén de un juzgamiento penal prácticamente imposible por sus eventuales conductas prevaricadoras o constitutivas de abuso de autoridad consumadas en contra de la gente que acude a ellos en busca de protección para sus derechos conculcados o puestos en peligro.

Como dijo sabiamente don Teodoro, la Justicia no se puede reformar.  En efecto, lo que se puede reformar son unas instituciones y unos procedimientos.  Y era eso lo que iban a reformar: unas instituciones y unos procedimientos.  Instituciones y procedimientos que fueron creados, en teoría, precisamente con miras a facilitarnos a los colombianos la anhelada aproximación al ideal de Justicia.  Instituciones y procedimientos que, por el contrario, en la práctica, terminaron siendo vergonzosas fuentes de injusticia, como la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, o la acción de tutela contra providencias judiciales.

Pero no. No fueron capaces de hacerlo.  Se gastaron prácticamente 12 meses en eso, para, al final, resultar dándole un entierro de tercera a su propia creación, a su propio Frankenstein.

La revista Dinero informa que un congresista le cuesta a la nación la bicoca de 83.3 millones de pesos mensuales. El Congreso tiene 266 miembros.

Ustedes mismos hagan la cuenta de lo que nos costó este nuevo fracaso anunciado.

Porque, eso sí, habrá que pagarles por lo que no hicieron, pues el Congreso no trabaja gratis, así su trabajo, a la postre, no sirva para absolutamente nada, excepto para aumentar nuestro desánimo.

Por eso, vaticinamos que todos, senadores y representantes, secretarios, subsecretarios, asesores y lagartos, en lugar de devolver, por elementales razones de decoro, lo que como retribución por su ineficaz labor recibieron, no sólo no lo reembolsarán, sino que inclusive seguirán cobrando sus jugosas remuneraciones, ganadas por no hacer nada.

¿Apostamos?