Copio textualmente la noticia tal y como la da EL TIEMPO:
“A las 8:10 de la noche de este lunes el vigilante Libardo Sogamoso Beltrán recibió un disparo en la frente después de impedir el atraco de una joven que acababa de retirar dinero de un cajero automático.
Esta muerte encendió las alarmas en el barrio Pablo VI de Bogotá, donde se presentó el hecho.
Al parecer, la víctima fue seguida por dos bandidos: un hombre y una mujer que se movilizaban en una moto de alto cilindraje.
Sogamoso Beltrán, por protegerla, cerró una reja que separa a la etapa nueva de la antigua del tradicional sector de Pablo VI, para evitar que los ladrones le arrebataran la cartera.
Pero entonces, el conductor de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre, de 56 años.
El general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana, nombró un grupo especial de investigación para dar con los responsables de este delito y que no quede en la impunidad.
Un vocero de la Policía aseguró que la comunidad ha colaborado de manera notable y que no habría necesidad de recompensa”
(…)
Sogamoso Beltrán, el celador asesinado, llevaba cuatro meses trabajando en ese sitio, aunque desde muy joven se dedicó a ser vigilante.
Durante gran parte de su vida trabajó desempeñando ese oficio en conjuntos residenciales, bancos y centros comerciales.
La víctima era nacido en Ortega, municipio del departamento de Tolima, y actualmente vivía en el barrio Pastranita, de la localidad de Kennedy.
El hombre estaba casado con Nelsy Capera, y le sobreviven tres hijos (…).
Mientras las autoridades hacían el levantamiento del cadáver los vecinos del barrio exigían mayor seguridad”.
Inseguridad en la capital
Para explicar este tipo de crímenes que se presentan en la capital Jairo Libreros, experto en seguridad, dice que el problema radica en que en los últimos cuatro años “no hubo voluntad política por parte de las administraciones para luchar contra el crimen organizado. Eso llevó a que pequeñas bandas de secuestradores, de fleteros, de sicariato, oficinas como la de Envigado y otras oficinas tuvieran la oportunidad de mejorar el conocimiento que tienen de la ciudad”.
El experto asegura que por esa situación las bandas “aprendieron a conocer el entorno de Bogotá y están en capacidad de hacer inteligencia. No son bandas de recién llegados al mundo del crimen, son bandas dedicadas a modalidades delictivas con la técnica de la inteligencia“.
Libreros argumenta que en la medida en que la Policía esté dedicada únicamente a identificar cuáles son los establecimientos comerciales que no cierran a las once de la noche por vender trago y a hacer el control de convivencia se complica la labor fundamental de la Policía.
Según el analista, “se requiere un trabajo por parte de policía judicial y de inteligencia para poder desarticular este tipo de bandas. Eso demanda voluntad política para apoyar a la Policía, recursos económicos para capacitar a los policías de Bogotá y una acción decidida de la Fiscalía”.
Sobre el pie de fuerza Jairo Libreros argumenta que “no hacen falta más policías. Aunque en cantidad no se suplen las necesidades mínimas, sí es un número muy importante que puede garantizarnos el control de la ciudad en términos de espacio público y el tema de investigación criminal. Bogotá necesita tener mayores unidades dedicadas a la investigación criminal que al control del espacio público”, afirma.
Por otra parte, el sociólogo Hugo Acero sostiene que una medida inmediata que podría prevenir este tipo de hechos violentos sería que los establecimientos bancarios y los cajeros tengan cámaras de video que funcionen tanto al interior como al exterior.
Otra opción para Acero sería “fortalecer el trabajo conjunto entre vigilancia privada y policía“, y, por último, “pedirle a la vigilancia privada que no pierda la esperanza después de estos hechos”.
Hasta aquí la noticia de EL TIEMPO. Aclaro que las negrillas son del periódico, no mías.
Ahora bien:
¿Qué está pasando en Bogotá? ¿No es Bogotá la capital de la república? ¿No es la sede de los comandos de las fuerzas que componen las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Y no es, acaso, de público conocimiento, dónde atracan a diario? ¿Por qué tantos atracos seguidos en los cajeros automáticos y a la gente que acaba de retirar dinero de un banco? ¿Qué está fallando en el sistema bancario como para que sus clientes tengan que pagar con sus vidas la operación, completamente normal, de retirar una porción del dinero que tienen depositado en él? ¿Por qué actúan los hampones con tanta tranquilidad y en lugares donde un ladrón no actuaría por temor a ser aprehendido? ¿Qué tan efectiva está siendo la pena como instrumento estatal y social de disuasión frente al potencial delincuente? ¿Será que el Estado ya no le inspira temor a nadie, excepto a la gente honesta? ¿Por qué en Colombia los malandrines cuentan con motocicletas de alta cilindrada y armas de grueso calibre y largo alcance, mientras la seguridad ciudadana queda en manos de humildes celadores cuyo único apoyo logístico es un taburete viejo y un bolillo? ¿Será que los delincuentes salen libres con demasiada facilidad? ¿Será que la privación de la libertad como pena está demostrando su fracaso y hay que repensar el derecho penal y el derecho penitenciario para que la cárcel no sea, simplemente, el nuevo centro de operaciones del bribón? ¿No será que el Estado está inconscientemente animando al delincuente y desestimulando a la persona de bien? ¿Será que las mismas autoridades están dando mal ejemplo y que, debido a ello, el delincuente reflexiona diciéndose algo así como: “si roban los altos funcionarios, ¿por qué no he de robar yo? ¿Será que la colosal tarea que el Estado debe asumir, de manera inmediata, no es ni siquiera la lucha contra la delincuencia, sino la reorganización general de la sociedad y del Estado mismo, que ya hicieron crisis?
Señor Presidente: La reforma de la justicia colombiana no es cuestión de oír a las “altas cortes” a ver qué cosa les sirve y qué cosa no les sirve, para acomodar la estructura y el funcionamiento de la Rama Judicial, así como los procedimientos judiciales, a sus particulares y egoístas intereses. La reforma de la justicia, que la nación entera reclama a gritos, debe consultar, única y exclusivamente, los intereses de la comunidad, los intereses de los ciudadanos, de la gente de bien, de la gente que trabaja y estudia, de la gente que paga impuestos, de la gente que enaltece con su vida la condición de ser colombianos.
La problemática de la justicia colombiana, señor Presidente, comienza en las leyes, prosigue en el Poder Judicial, continúa en las entidades encargadas de cumplir las órdenes de los jueces (para que se capture a alguien, para que se pague una indemnización judicialmente decretada, para que se retenga un vehículo cuyo embargo y secuestro han sido decretados, etcétera), y culmina en la actitud ciudadana.
Las leyes, señor Presidente, tienen que empezar a ser claras, lo más concretas y claras que sea posible. Así se evitarán esas interpretaciones acomodadas o la pluralidad de interpretaciones, a cuyo amparo todo el mundo termina evadiéndolas. Entre más extensas y engorrosas sean las leyes, más se prestan para la corrupción, el abuso, la impunidad o la injusticia. Si no, veamos nuestra ley de leyes: tenemos una de las constituciones más extensas y más violadas del mundo.
Pero las leyes, además, deben ser estables. Es absolutamente imposible continuar con unas leyes que rigen un día y desaparecen al siguiente. No sólo los sicarios, los ladrones y los asesinos están acabando con el país: también lo está haciendo la inseguridad jurídica en la que vivimos permanentemente.
¡La inseguridad jurídica está matando a Colombia, señor Presidente!
Sin embargo, las solas leyes no producen efectos mágicos. De nada sirven las leyes si no hay justicia o si hay una justicia carente de compromiso con la tarea de dar a cual lo suyo: con la tarea formidable de ser justos. El Poder Judicial no es el escampadero de los mediocres, de aquellos que llegan a fungir de jueces o magistrados, no porque tengan una vocación de servicio a la comunidad y una elevada conciencia de ser justos, sino porque les dio miedo dedicarse a ejercer la profesión de la abogacía o intentaron hacerlo y fracasaron estruendosamente. La justicia no es para pagar favores, para armar roscas y trincas, para acercarse de manera lenta, segura y ladina a una jugosa pensión de jubilación dejando que la tarea la hagan los subalternos ni, mucho menos, para emplearla como mazo a fin de golpear a aquel que no goza de nuestra simpatía. La justicia tiene que ser un COMPROMISO, un compromiso serio e irreductible con el ideal común de construir una sociedad más libre y menos injusta.
Sin embargo, nada sacamos, señor Presidente, si contamos con una buena administración de justicia, pero las órdenes de nuestros jueces y magistrados son desacatadas por quienes deben obedecerlas, y nada sucede. Hoy en día un tribunal tiene que oficiarles a las entidades públicas o privadas de las cuales requiere una respuesta, una vez, dos veces, tres veces, y en muchas ocasiones no hay, definitivamente, respuesta alguna. Hoy en día un abogado tramita un pleito durante quince o dieciséis años y después tiene que dar inicio a otro: al litigio con la entidad que debe cumplir lo ordenado por la Rama Judicial. Si un juez expide una orden de captura, pero quienes deben hacerla efectiva no lo hacen, ¿hacia dónde irá ese caso? Hacia la impunidad, por supuesto. Ese panorama vergonzoso tiene que acabarse.
Finalmente, de nada sirven las leyes, ni la justicia, ni el que las entidades administrativas que deben colaborar con ésta lo hagan, si la ciudadanía sigue siendo indiferente, si lo que sucede en el país a nadie le importa, si la muerte de alguien ni nos va ni nos viene porque, en últimas, no mataron a nadie de nuestra familia. Esa falta de COMPROMISO CIUDADANO tiene que llegar a su fin. Pero sólo llegará a su fin si el Estado MOTIVA a la ciudadanía a colaborar. Y esa motivación nace del TRATO que el Estado le dé al ciudadano honesto. Necesitamos premios para el hombre honrado, señor Presidente, y castigo para el pícaro. No más persecución oficial, no más trabas innecesarias, no más trampas tributarias, no más acorralamiento legal contra el que trabaja, contra el que estudia, contra el que cumple sus deberes. No desanimemos al hombre trabajador y honesto. Al contrario: demostrémosle que la autoridad está de su parte.
Hacemos votos porque la muerte de este humilde defensor del más débil, que pagó con su vida el interponerse entre el hampón armado y la víctima inerme, que dejó viudez y orfandad, desolación y lágrimas, pobreza e incertidumbre, únicamente por oponer su precaria autoridad de vigilante de barrio ante el desafiante poderío que en este país exhiben los delincuentes, no haya sido en vano. Lo exhorto, con todo comedimiento, señor Presidente, a que el Estado del que Vd. es Jefe, según los dictados de nuestra Constitución, le brinde a esta desamparada familia el apoyo que su cabeza limpiamente se ganó ofrendando su modesta existencia, y que en la reforma a la justicia se examine, pero no solamente con las “altas cortes”, sino con EL PUEBLO COLOMBIANO, cuáles son los vicios que presenta nuestra Justicia, desde la ley misma hasta el último eslabón de la cadena que implica su aplicación en el seno social, y de verdad tengamos una reforma a la justicia que extirpe tanto crimen cobarde y le devuelva a Colombia la sensación de libertad por la que regaron su sangre nuestros próceres.
