Presencia y ausencia del Estado en la autopista. Por Óscar Humberto Gómez Gómez.

A lo largo de la “autopista”, y con el claro propósito de esquilmar a los desgraciados usuarios de esa lerda e insoportable vía de comunicación entre la capital de Santander y la que algunos consideran ya la segunda ciudad del departamento, la dirección de tránsito de esta última ha instalado, no dos, como dice el periódico Vanguardia Liberal, sino numerosas cámaras, con el fin de sorprender a los conductores que sobrepasen la máxima velocidad.

Velocidad máxima que tampoco es de 60 kilómetros por hora, como dice Vanguardia Liberal, al menos si les creemos a las también numerosas señales informativas colocadas por la misma dependencia oficial a lo largo del tramo sobre el cual ejerce competencia, porque cualquiera que haga el recorrido por la autopista observará que mientras unas indican como velocidad máxima la de 60 kph, otras hablan de 50 kph, otras señalan 40 kph y otras obligan a transitar a máximo 30 kph.

Por supuesto, a 30 kph no conduce nadie en una autopista, ni siquiera el director de tránsito, mucho menos sus agentes, los mal llamados “alféreces”. Ello salvo, claro está, los sufridos usuarios de esa vía cuando pretenden llegar a sus sitios de trabajo en las denominadas “horas pico”, que prácticamente ya son todas las horas, a quienes por lo general les toca circular parados.

La autopista es una vía nacional, es la vía nacional que conduce nada menos que a la capital de la república. Como tal, como vía nacional que es, está gobernada por el Código Nacional de Tránsito . El código permite conducir en las vías nacionales hasta a 80 kph. Hasta a 80 kph, digo, si nos atenemos a la norma más tradicional de cuantas se han dictado sobre velocidades máximas en este país de leyes a montones, porque llegó hasta a establecerse una extravagante velocidad máxima de 120 kph, que, por fortuna, sigue pendiente de regulación.

El caos en el tránsito, y ahora el caos en el punto de la velocidad máxima permitida en una autopista, se ha agudizado debido a la atomización que ha sufrido la autoridad de tránsito en Colombia, la cual ha quedado en manos del capricho de cada municipio, que es como decir que cada director de tránsito manda en su pedazo de territorio y hace en él cuanto le viene en gana. En el caso de las vías que llevan a los viajantes desde Piedecuesta hasta Bucaramanga, quienes tienen la opción de irse por el anillo vial, por cierto otra vía nacional que comunica con la Costa Atlántica, esos martirizados residentes de Piedecuesta, si optan por dicha vía, tienen que vérseles con los retenes que montan las autoridades de tránsito de Piedecuesta, con los que montan las autoridades de tránsito de Floridablanca (por cuya jurisdicción territorial alcanzan a circular), con los que montan las autoridades de tránsito de Girón y, finalmente, con los que montan las autoridades de tránsito de Bucaramanga, las cuales lo reciben “con los brazos abiertos” y la libreta de comparendos lista, a la altura de Campohermoso.

Claro que si los desdichados no utilizan la opción del anillo vial y se van por la autopista hasta Bucaramanga, los esperan, también con los brazos de par en par y la libreta de comparendos a su entera disposición, los retenes que montan las autoridades de tránsito de Bucaramanga sobre la carrera 27 en la Puerta del Sol.

En el área metropolitana de Bucaramanga ya nadie dirige el tránsito. Y nadie lo hace, porque dirigir el tránsito no deja plata. Ahí queda solamente, para la historia, la memorable fotografía de don Carlos Eslava, de cuando la Policía Nacional, a través de sus agentes de circulación y tránsito, lo hacían, en la Bucaramanga de los años 60.

Hoy en día, de lo único que viven preocupados los agentes de tránsito es de ver a quién le pueden sacar del bolsillo las exorbitantes multas que se imponen en Colombia, un país donde el salario mínimo legal mensual es de alrededor de seiscientos mil pesos y a esa cifra puede llegar una multa.

Y eso —el que las direcciones de tránsito del área metropolitana no vivan pendientes sino de esquilmar al ciudadano— es muy grave, además de triste.

Grave, porque se deja de lado la verdadera función de las autoridades de tránsito en un país donde la circulación automotriz es cada vez más caótica y difícil.

Triste, porque se rebaja la majestad del Estado a un papel vulgar e impropio de su dignidad, respetabilidad y altura.