“El testimonio en poder de la Fiscalía es elocuente: “Yo asumí el cargo de magistrada y a los tres meses recibí una llamada de una de mis superiores en Bogotá para pedirme que presentara la renuncia porque yo no tenía el apoyo político de un congresista de la Comisión de Acusaciones (quienes investigan a los magistrados) y que mi cargo debían entregárselo a otra persona por compromiso”.
Y continúa. “Dije que no tenía investigaciones ni mala conducta y me explicaron que no importaba. No renuncié y me trasladaron a una ciudad de la Costa. Pero me llamaron a Bogotá y dos magistrados del Consejo Superior me dijeron que si no renunciaba me declaraban insubsistente. Yira Olarte, la secretaria del Consejo Superior me llamaba con insistencia para que presentara la renuncia. Como no lo hice me echaron. En mi cargo nombraron a una mujer de 33 años sin experiencia y a los seis meses la echaron. Así era el carrusel”, contó.
Versiones como esta, conocidas por Semana.com, son las que han escuchado los fiscales delegados ante la Corte, en lo que se ha dado llamar “el carrusel de las pensiones”, en el Consejo Superior de la Judicatura y que tiene en la mira a varios altos juristas de ese tribunal por presuntamente consentir que abogados lograran cargos como magistrados para poder alcanzar la pensión.
En principio se dijo que la Fiscalía investigaría a siete magistrados auxiliares que lograron alcanzar pensiones que bordeaban en lo irregular. Pero la cuenta se ha incrementado. Semana.com conoció el listado de los magistrados investigados que supera ya los 25.
Entre ellos hay siete de Tolima y el resto de las distintas ciudades del país. La Fiscalía avanza en las pesquisas y muchos de ellos han sido llamados para que rindan interrogatoria. Fuentes del proceso aseguran que la Fiscalía tiene información importante según la cual son 80 las personas que se habrían pensionado bajo esta modalidad.
Los últimos llamados para que rindan testimonio son: Álvaro Rojas Mallorquín, José Felipe Vidal, Petrona Perafán, Constanza Margarita Navia, Zenaida Mejía, Zilath Corrales, Marta González, Luis Evelio Hoyos, Margot Castellanos y José Martín Hernández, quienes entre el 18 y el 20 de septiembre deberán rendir declaración.
Investigadores que hablaron con Semana.com explicaron que estas personas no han sido declaradas culpables ni son imputados por haber obtenido los cargos. Lo que está haciendo el ente acusador, según se supo, es que con los testimonios se podrá establecer cómo obtuvieron sus nombramientos de magistrados seccionales y auxiliares, quiénes los propusieron, si ese cargo lo obtuvieron por concurso de méritos y qué magistrados del Consejo Superior influyeron en esas designaciones. Será allí cuando se determine la responsabilidad de los nominadores y de ellos mismos si es necesario.
“Hay información de casos de personas que tuvieron que hipotecar sus propiedades o vender cosas para poder pagarles a quienes ayudaban a que lograran el cargo de magistrado para alcanzar la pensión”, dijo una fuente que pidió mantener su nombre en reserva.
Semana.com conoció también que dos magistrados expulsados de la judicatura, en cuyos cargos fueron nombrados personas que se hicieron a altas pensiones en poco tiempo, han entregado información valiosa. De estos testimonios, unidos a otros, fue de donde salieron los nombres de los magistrados Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Angelino Lizcano como los presuntos responsables de estas prácticas. Ellos son investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y hasta ahora no se sabe mucho de ese proceso.
En el caso de Yira Olarte, secretaria judicial del Consejo Superior de la Judicatura, hay evidencias de que era ella, quien a solicitud de los magistrados, revisaba y verificaba la documentación de los funcionarios que iban a pensionarse. La funcionaria, sin embargo, ha dicho en declaraciones judiciales que no tenía la potestad de nombrar. No obstante, en los procesos de la Contraloría contra los magistrados por presunto detrimento patrimonial, queda claro que ella cumplía con esas instrucciones.
Ese organismo de control, en una decisión que tomó hace poco dentro de las pesquisas del carrusel aseguró: “resulta claro que las prácticas resultaron lesivas desde la óptica fiscal, toda vez que constituyeron un menoscabo a financiación del Sistema General de los recursos públicos destinados para las pensiones, siendo inequívocamente una conducta direccionada por nominador y nominado en aras a un favorecimiento”.
Con estos argumentos la Fiscalía avanza para hallar a los responsables”.
[Tomado de: Revista SEMANA, 29 de agosto de 2013].
