Continúa el escándalo que se ha denominado “el carrusel de las palomitas” y que ha sido descubierto como acaecido dentro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
El diario El Tiempo trae un informe en el que da cuenta de los ataques que en contra de la Contralora General de la República Sandra Morelli han dirigido los magistrados vinculados al escándalo en retaliación porque esta funcionaria adelanta la investigación sobre las indecorosas actuaciones atribuidas a aquellos dignatarios judiciales, que parecieran muy prestos a juzgar a los abogados por faltas a la ética sin tener ética ellos mismos, que es como decir “un burro hablando de orejas”, o que miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en el propio.
Les invito, pues, a leer el siguiente informe del diario El Tiempo:
Magistrados investigados por “carrusel de pensiones” cuestionan a Contraloría.
DRA. SANDRA MORELLI, CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Duros cuestionamientos contra la Contralora Sandra Morelli hicieron algunos de los investigados fiscalmente por ese organismo de control, dentro del ‘carrusel’ de pensiones. Según el expediente, ellos son algunos de los protagonistas en las irregularidades investigadas.
Las irregularidades le habrían costado al país pagos por más de diez mil millones de pesos.
La Magistrada auxiliar, Martha Patricia Zea, dijo que en este proceso sus derechos fundamentales han sido atacados. “Parece que estuviéramos en un estado absolutista, tiránico, donde no se respeta ningún derecho”.
Acto seguido, la funcionaria que está vinculada a la investigación como aforada, le pidió a la Contraloría que defina su situación. “Basta ya de abusos por parte de la Contraloría, nosotros somos aforados, ustedes no tienen competencia”, afirmó la magistrada Zea.
Zea Ramos fue la nominadora del magistrado Jorge Iván Bravo quien logró una pensión de 13.148.156 pesos estando en el cargo entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre de 2008.
De igual manera, la también magistrada auxiliar, Petrona Perafán, denunció que su vida está en peligro por las acusaciones en su contra. “Informaron que yo había recibido 93 mil millones de pesos, que es casi el presupuesto de todos los pensionados, habían podido y pueden secuestrarme por ese dinero”, explicó Perafán.
Ella, según la investigación, logró aumentar su pensión de 3.850.939 a 11.537.500.oo, permaneciendo en el cargo entre el 3 de abril al 1 de julio de 2008.
A su turno, Rubén Darío Henao, abogado que defiende a la magistrada Julia Emma Garzón, dijo que la Contraloría viola la ley al no cumplir con el fallo de tutela que le ordenó no continuar con el proceso contra los aforados. “Le pido a la delegada del Ministerio Público se haga la correspondiente investigación disciplinaria contra la Contralora Sandra Morelli”, fue la solicitud de Henao.
Por su parte, Jairo Enrique Bulla, defensor de Álvaro Rojas Mayorquín, cuestionó el que la Contralora Morelli filtre a los medios de comunicación los detalles del proceso. “Pareciera que la Contralora sufriera del síndrome de linotipo y de micrófono, ella habla de lo divino y de lo humano, y ha salido a hacer cacería de servidores públicos”, precisó Bulla.
Estas posiciones de los investigados se dieron en el marco de una sesión en las instalaciones de la Contraloría General de la República donde el organismo de control no instaló la audiencia de descargos en cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conocida el pasado viernes.
En la sentencia esa Corporación le ordenó a la Contraloría “que se abstenga de incurrir en irregularidades sustanciales” como “iniciar o proseguir investigación alguna de carácter fiscal (resarcitoria o sancionatoria) contra los funcionarios aforados constitucionalmente en el artículo 174 de la Constitución Política”.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el mismo tema en sentido contrario a comienzos de este año: dijo que las investigaciones fiscales, es decir, las relacionadas con el manejo de la plata pública, competen a la Contraloría y no a la Comisión de Acusación en el caso de los funcionarios aforados.
A la magistrada Julia Emma Garzón la investigan, entre otros, por el nombramiento de Zilath Corrales Pérez quien es cuñada del exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Eduardo Campo Soto, que entre el 2000 y el 2008 fue titular del mismo despacho en el que Julia Emma Garzón trabajó como magistrada auxiliar durante cinco años.
[Tomado de: Diario EL TIEMPO. 10 de septiembre de 2013]
