Ya este portal se había pronunciado antes sobre la actitud carente de seriedad que venía asumiendo el ex Fiscal General de la Nación doctor Mario Iguarán ante los medios de comunicación al anunciar, con bombos y platillos, demandas multimillonarias por hechos respecto de los cuales las indemnizaciones, de prosperar la reclamación, serán necesariamente muchísimo más pequeñas. (*) Ese viejo truco se ha empleado de siempre para atraer la atención del público incauto hacia el profesional del derecho que tales catástrofes para el erario y semejante enriquecimiento para sus clientes (y, claro: para él) anuncia.
Pero si ello resultaba explicable en épocas ya lejanas, cuando los abogados demandantes estábamos habilitados para escribir cualquier cifra en nuestras demandas, pues no se exigía razonamiento alguno acerca de dónde salían las mismas, es inadmisible por completo en los tiempos actuales cuando la ley procesal, con claridad que el agua envidiaría, obliga a hacer lo que se llama la estimación razonada de la cuantía.
El doctor Mario Iguarán se ha especializado, por lo visto, en tales exageraciones.
Lo grave, sin embargo, no son las exageraciones desaforadas del ex Fiscal General: allá cada cual con su ética. Lo verdaderamente grave es que al doctor Iguarán le están sirviendo como caja de resonancia periodistas que, sin preocuparse de preguntarle de dónde saca semejantes cifras, las van de una vez publicando y, de esa manera, generan dentro de la opinión pública desconcierto y asombro. Para no ir tan lejos, EL TIEMPO, en su edición del domingo pasado, le dedicó una página a los anuncios del ex Fiscal sobre las indemnizaciones que, según él, la entidad a la que él sirvió y que llegó a encabezar deberá pagarles a Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero, los implicados en la muerte violenta que sufrió —según unos por suicidio, según otros por accidente y según otros por asesinato— el joven estudiante de la Universidad de los Andes Luis Colmenares. Dice el locuaz ex Fiscal que les tendrán que pagar alrededor de diez mil millones de pesos por cabeza, pero no se preocupa de explicar de dónde saca semejante cifra si el Consejo de Estado viene reconociendo un máximo de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño moral derivado de la privación injusta de la libertad y del descrédito público que se haya hecho alrededor de la misma, e incluso en los casos en que un hijo pierde a uno de sus padres o un padre pierde a uno de sus hijos, o la esposa pierde a su marido o viceversa, y si el salario mínimo legal mensual vigente es de seiscientos veinte mil pesos aproximadamente significa que cien salarios mínimos equivalen a sesenta y dos millones de pesos, que sería lo que le reconocerían a cada uno de los injustamente privados de la libertad.
Pero eso tampoco es lo peor. Al menos no lo es para quienes ejercemos, en mi caso desde hace más de treinta años, el Derecho Administrativo.
Y es que el ruido periodístico que se hace con tales extravagancias repercute, por supuesto, en nuestros clientes, quienes no entienden por qué el doctor Iguarán habla de cifras del tamaño de una catedral, mientras nosotros apenas hablamos de cifras del tamaño de un oratorio.
El Consejo de Estado debería pronunciarse públicamente acerca de esto.
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* Véase: Sección DERECHO, entrada del 9 de abril de 2013.
