Consejo Nacional de Disciplina Judicial.
Así se llamaría ahora la institución del Estado que —sin ser ellos funcionarios judiciales— juzgaría disciplinariamente a los abogados y examinaría su ética profesional…siempre desde el punto de vista oficial, como es obvio.
Con ello, el Estado pretende de nuevo negarle a la Abogacía el trato que tienen las demás profesiones liberales. Conforme hemos venido sosteniendo, esa igualdad de trato solo se la daría creando el Tribunal Nacional de Ética del Abogado, así como existe, por ejemplo, el Tribunal Nacional de Ética Médica.
Empero, el querer mantener a los abogados bajo la amenaza de su garrote disciplinario para que se porten juiciosos y no se atrevan a “irrespetar” a los verdaderos funcionarios oficiales —no solo del poder judicial, sino tampoco del poder ejecutivo o legislativo— ejerciendo la libertad de expresión y el derecho de reproche y de denuncia, es política del Estado que viene de vieja data.
Mucho antes, en efecto, lo hizo a través de la llamada “Supercorte”, esto es, del Tribunal Disciplinario, que en segunda instancia los juzgaba y sancionaba, luego de que en primera instancia los investigaran y juzgaran los magistrados de las salas penal, civil o laboral de los tribunales superiores, ante los cuales debían comparecer como si fuesen subalternos suyos, a dar explicaciones de su conducta profesional y hasta del por qué vertieron en sus escritos esta o aquella otra opinión acerca de determinado funcionario.
Eran esos mismos magistrados aquellos ante los cuales los abogados litigantes tenían que ejercer su profesión presentando recursos y alegaciones.
Después vino la actual Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, también en segunda instancia, los juzga y sanciona luego de que en primera instancia lo han hecho las salas jurisdiccionales-disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.
Esta es la tristemente célebre sala del “carrusel de pensiones” a través de “palomitas”, denunciado por la revista Semana, mucho después de que —sin el mismo eco, lógicamente— lo hiciéramos nosotros en otros escenarios.
¿De qué se trataba? De que, para timar al erario, en la Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de Judicatura se nombraba a jueces que se iban a jubilar con una mesada acorde al cargo que ocupaban, para que se pensionaran, no con esa mesada, sino con la correspondiente a un magistrado auxiliar. De esta manera, a quien debería recibir una mensualidad calculada sobre un salario de cuatro millones, se la terminarían calculando sobre un salario de diecisiete millones. Así, la mesada de tres millones mensuales que le esperaba, se transformaba, como por artes de magia, en una mesada de trece millones. [*1]
Aquella gravísima denuncia, que ha debido sacudir al país, a las facultades de derecho y a las asociaciones de abogados hasta producir el cierre de ese foco de corrupción, no sacudió a nadie. Mucho menos, a la también tristemente célebre Comisión de Acusaciones, llamada con razón “Comisión de Absoluciones”, que se dedicó a reclamar para sí el derecho a adelantar la dizque “investigación” del escándalo y hasta se enfrentó con la Contralora General de la República Sandra Morelli cuando esta inició las pesquisas sobre aquel bochornoso caso, desde el punto de vista del enorme daño fiscal que tales prácticas habían traído consigo para el erario, o sea, para la plata que el Estado recauda —entre otras fuentes— a costillas de quienes pagamos impuestos. [*2]
Y a propósito: ¿ en qué paró aquel escándalo?
En lo de siempre: en que hoy el señor Ovidio Claros y sus compañeros de hazaña siguen ahí, tan campantes, como el güisqui Johnny Walker, mientras que la doctora Sandra Morelli tuvo que exiliarse en Italia para evitar que el acucioso y severo Fiscal General de Colombia la capture, enjuicie, condene y encarcele.
Y es esa misma Sala, y es ese mismo señor Ovidio Claros, quienes investigan, juzgan y sancionan a los abogados colombianos por …¡qué horror!…¡¡¡¡¡faltas a la Ética!!!!!
Pero esto no es todo. A este país desmemoriado, y a nuestra Abogacía sin memoria, hay que recordarles que en el pasado proyecto de “Reforma a la Justicia”, es decir, en ese mismo que se hundió bajo el peso agobiador de los micos y orangutanes que le colgaron —según el presidente Santos a sus espaldas—, se había dispuesto que desaparecería la cuestionada Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y que “mientras tanto”, vale decir, mientras se ponía a funcionar el organismo estatal que los juzgaría en adelante, a los abogados los investigaría, juzgaría y sancionaría disciplinariamente…¡por favor!…¡¡¡¡¡la Procuraduría General de la Nación!!!!!
Basta leer el nombre de la nueva entidad (Consejo Nacional de Disciplina Judicial) para apreciar de bulto el absurdo: el abogado litigante, el profesional liberal que ejerce la profesión liberal de la Abogacía, no es funcionario ni empleado del Poder Judicial.
¿Qué dirán las facultades de Derecho?
¿Qué dirán las asociaciones de abogados?
¿Se pronunciarán enérgicamente y se opondrán a que este exabrupto continúe?
O será que el nuevo Consejo Nacional de Disciplina Judicial se impondrá como nuevo juez disciplinario de la Abogacía libre sin que nadie —excepto este aislado periodista— al menos proteste…
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