DR. CARLOS EDUARDO UMAÑA, ABOGADO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Y EXFUNCIONARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INTENTÓ LLEGAR AL FONDO DE LO QUE ESTABA SUCEDIENDO DENTRO DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CON EL LLAMADO “CARRUSEL DE LAS PENSIONES” O “CARRUSEL DE LAS PALOMITAS”. AHORA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUIERE METERLO PRESO.
“Carlos Eduardo Umaña, el excontralor que hoy está en el radar de la Fiscalía por supuestamente excederse en sus funciones tras investigar a magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el tema de las megapensiones, advirtió que en ningún momento prevaricó y que hasta la fecha no ha sido notificado para asistir a una audiencia de imputación de cargos. Sus líos se deben a que cuando ejerció como contralor delegado para el Sector Social –se retiró el pasado 6 de octubre– le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a personas que tenían fuero constitucional y supuestamente no manejaban recursos públicos.
En diálogo con El Espectador, el excontralor Umaña indicó que, cuando abrió el proceso contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y sus magistrados auxiliares, precisó que no estaba diciendo que los funcionarios manejaran presupuesto, sino que sí ejercían funciones administrativas que tenían incidencia en los recursos públicos. Es decir, que Umaña tenía la hipótesis de que a través de los nombramientos los magistrados favorecieron a personas que estaban a meses de jubilarse para ayudarles a incrementar considerablemente sus pensiones.
“Algunos pasaban de tener pensiones de $5 millones a unas de $15 millones, cuando jamás habían cotizado sobre esa base. Esos $10 millones los termina asumiendo el Estado, por lo que hay un detrimento patrimonial”. Umaña también precisó que la discusión sobre si la Contraloría no puede investigar aforados aún no está muy clara. Precisó que mientras el Consejo de Estado ha manejado una línea que le da la razón al organismo de control, un fallo en septiembre de 2013 de la Corte Suprema de justicia le ordenó cesar cualquier proceso con los aforados constitucionales. La sentencia indicó que sólo podían ser investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes así se tratara de un expediente penal, disciplinario o fiscal.
Uno de los argumentos de la Fiscalía para advertir que el excontralor Umaña prevaricó, fue cuando éste solicitó información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de los magistrados y su círculo familiar sobre sus productos financieros y bienes. Para el ente investigador, a pesar de sus dudas sobre si se estaban o no enajenando bienes, Umaña no podía recibir información ya que no pertenecía a un organismo judicial y además estas personas no administraban recursos públicos.
En su defensa, el excontralor puntualizó que después de solicitar la información, la Uiaf le envió una “pastoral” en la que se negaba a enviarle los reportes argumentando que no tenía facultades. “No volví a insistir en el tema a pesar que lo hacía para levantar unas medidas cautelares. Por eso es falso cuando dicen que accedí a información de la Uiaf. Nunca recibí información alguna”, agregó. Tras ese episodio fue cuando el Consejo de Estado le dijo a la Contraloría que sí podía investigar a aforados constitucionales. Sin embargo, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, Umaña envió todas las cajas que componían el expediente a la Comisión de Acusación. Desde ese entonces no se ha tomado determinación alguna. La decisión final sobre si la Contraloría puede o no investigar a los aforados, la tiene la Corte Constitucional”. [EL ESPECTADOR, lunes 22 de diciembre de 2014].
