No recuerdo bien si era el cuarto o era el quinto año de primaria el que yo cursaba en la Concentración Escolar de Varones José Camacho Carreño, de Bucaramanga, cuando uno de los textos obligatorios era el libro “Lecturas escolares”, de Álvaro Marín, pero lo cierto es que en uno o en otro, en el de cuarto o en el de quinto, se hallaba un poema titulado “El mundo al revés” que empezaba diciendo:
“Juan Locato se soñó
que todo al revés andaba”.
En este poema, que lamentablemente no recuerdo, ni he logrado conseguir tampoco un ejemplar de esas dos cartillas, o al menos un ejemplar de alguna de ellas, para poder copiarlo, el autor (que tampoco recuerdo) traía varios ejemplos de las escenas absurdas que aquel personaje soñaba, como por ejemplo (esta sí la recuerdo muy bien) “la perdiz tras el halcón”.
En todo caso, la sabiduría popular habla de “los pájaros tirándoles a las escopetas” para denotar lo mismo que soñaba aquel durmiente a quien la realidad se le trastocó por completo en el sueño.
Sirvan las anteriores palabras a manera de introducción para presentar lo que está sucediendo por estos días en esta Colombia irreal donde al hombre honrado lo persigue el Estado mientras que, por el contrario, condecora y asciende en los escalafones de la burocracia al violador de la ley.
No otra cosa, la más enconada persecución del hombre honrado y el premio de la impunidad a los violadores de la ley, es lo que acontece con el doctor Carlos Umaña, el contralor que en el natural ejercicio de sus funciones inherentes a la defensa del erario tomó cartas en el escándalo conocido como “el carrusel de las palomitas”, puesto al descubierto dentro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, corporación judicial donde vino a saberse que a punta de “palomitas” (que es como se les llama a eso de ocupar un alto cargo por poco tiempo y en provisionalidad para pensionarse con el sueldo correspondiente a ese fugaz cargo y no con el salario propio del cargo titular) muchos funcionarios judiciales se habían jubilado con jugosas mesadas y con un fraude manifiesto en contra del tesoro nacional.
Y es que ahora al investigador lo están investigando y no sería raro que hasta resulte en la cárcel mientras quienes saquearon las arcas oficiales con las “palomitas” se salgan con la suya y terminen celebrando con güisqui y con mariachis el apresamiento de quien se atrevió a investigarles sus indelicadezas.
Y para que no digan que son meras invenciones mías, les comparto el siguiente informe del diario nacional EL ESPECTADOR:
DR. CARLOS EDUARDO UMAÑA, ABOGADO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Y EXFUNCIONARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INTENTÓ LLEGAR AL FONDO DE LO QUE ESTABA SUCEDIENDO DENTRO DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CON EL LLAMADO “CARRUSEL DE LAS PENSIONES” O “CARRUSEL DE LAS PALOMITAS”. AHORA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUIERE METERLO PRESO.
“Carlos Eduardo Umaña, el excontralor que hoy está en el radar de la Fiscalía por supuestamente excederse en sus funciones tras investigar a magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el tema de las megapensiones, advirtió que en ningún momento prevaricó y que hasta la fecha no ha sido notificado para asistir a una audiencia de imputación de cargos. Sus líos se deben a que cuando ejerció como contralor delegado para el Sector Social –se retiró el pasado 6 de octubre– le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a personas que tenían fuero constitucional y supuestamente no manejaban recursos públicos.
En diálogo con El Espectador, el excontralor Umaña indicó que, cuando abrió el proceso contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y sus magistrados auxiliares, precisó que no estaba diciendo que los funcionarios manejaran presupuesto, sino que sí ejercían funciones administrativas que tenían incidencia en los recursos públicos. Es decir, que Umaña tenía la hipótesis de que a través de los nombramientos los magistrados favorecieron a personas que estaban a meses de jubilarse para ayudarles a incrementar considerablemente sus pensiones.
“Algunos pasaban de tener pensiones de $5 millones a unas de $15 millones, cuando jamás habían cotizado sobre esa base. Esos $10 millones los termina asumiendo el Estado, por lo que hay un detrimento patrimonial”. Umaña también precisó que la discusión sobre si la Contraloría no puede investigar aforados aún no está muy clara. Precisó que mientras el Consejo de Estado ha manejado una línea que le da la razón al organismo de control, un fallo en septiembre de 2013 de la Corte Suprema de justicia le ordenó cesar cualquier proceso con los aforados constitucionales. La sentencia indicó que sólo podían ser investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes así se tratara de un expediente penal, disciplinario o fiscal.
Uno de los argumentos de la Fiscalía para advertir que el excontralor Umaña prevaricó, fue cuando éste solicitó información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de los magistrados y su círculo familiar sobre sus productos financieros y bienes. Para el ente investigador, a pesar de sus dudas sobre si se estaban o no enajenando bienes, Umaña no podía recibir información ya que no pertenecía a un organismo judicial y además estas personas no administraban recursos públicos.
En su defensa, el excontralor puntualizó que después de solicitar la información, la Uiaf le envió una “pastoral” en la que se negaba a enviarle los reportes argumentando que no tenía facultades. “No volví a insistir en el tema a pesar que lo hacía para levantar unas medidas cautelares. Por eso es falso cuando dicen que accedí a información de la Uiaf. Nunca recibí información alguna”, agregó. Tras ese episodio fue cuando el Consejo de Estado le dijo a la Contraloría que sí podía investigar a aforados constitucionales. Sin embargo, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, Umaña envió todas las cajas que componían el expediente a la Comisión de Acusación. Desde ese entonces no se ha tomado determinación alguna. La decisión final sobre si la Contraloría puede o no investigar a los aforados, la tiene la Corte Constitucional”. [EL ESPECTADOR, lunes 22 de diciembre de 2014].
