El delito TÍPICO del que se puede sindicar a un juez es el delito de PREVARICATO. No es el del homicidio, ni el del hurto. Aunque hipotéticamente puede haber jueces homicidas o ladrones, eso no es TÍPICO del juez; cualquiera puede ser homicida o ladrón; en cambio, no cualquiera puede ser prevaricador.
Ahora bien: el juez solo puede cometer el delito de prevaricato precisamente, y única y exclusivamente, EN SUS PROVIDENCIAS. No lo puede cometer con una pistola, como el homicidio, o con una ganzúa, como el hurto.
Por eso, es absurdo que ahora se pretenda decir que a ciertos jueces NO se les podrá perseguir penalmente POR EL CONTENIDO DE SUS PROVIDENCIAS.
¡Otra vez la Ley del Embudo!
El anuncio de que nadie podrá denunciar penalmente a un juez, cuando ese juez sea, no el Juez Promiscuo Municipal de Jordán Sube o un magistrado del Tribunal Superior de Cali, sino un magistrado de alguna de las llamadas Altas Cortes, porque de inmediato le archivarán su denuncia, es el peor abuso de poder que pretenden imponernos quienes están reformando nuestra maltrecha justicia.
Apartarse abruptamente y sin fundamento alguno de la ley, y torcer el recto criterio por sentimientos de simpatía o antipatía contra alguien constituye aquí y en Cafarnaún el delito de prevaricato, y cualquier juez o magistrado está en esa posibilidad.
Decir que hay magistrados que están al margen de eso, es decir, en otras palabras, que en Colombia hay, dentro del Poder Judicial, intocables con patente de corso para cometer delitos.
Mal, muy mal, esa discriminación, así se haga con el seductor —pero sofístico— argumento de que de esa forma se protegerá a los magistrados de las Altas Cortes de que los puedan perseguir penalmente por defender —como lo hizo el doctor Carlos Gaviria— puntos de vista revolucionarios en materias de derecho.
No, no y mil veces no. Ese no es el punto. Una cosa son las “herejías constitucionales”, como las llamó el propio doctor Gaviria en su libro, y otra totalmente distinta es que se les diga de antemano a los altos dignatarios del Poder Judicial —a todos: a los honestos y a los deshonestos— que pueden hacer en sus providencias lo que les venga en gana con la libertad y la inocencia de las personas, o con sus derechos, o hacerse los de la vista gorda con las pruebas y evidencias, sin que les pase nada.
Lo inconcebible es que esto sucede cuando precisamente se ha venido hablando en el seno de la Abogacía colombiana acerca de las decisiones asombrosas, de los cambios espeluznantes e inexplicables de posición de un día para otro, de los atropellos inauditos, y todo eso se ha venido explicando en los corrillos como el resultado apenas obvio de las visitas (hasta ahora conocidas) de uno que otro Víctor Pacheco a las oficinas y a las residencias de ciertos magistrados. Con lo cual quedó claro que, como dice la sabiduría popular, “En todas partes se cuecen habas”.
No hay razón alguna para los temores, porque la cuestión es muy simple: sencilla y llanamente, si a un magistrado se le denuncia por prevaricato y no lo ha cometido, pues se archivará el expediente. Y si la denuncia fue temeraria, pues se le abrirá proceso penal por falsa denuncia al denunciante.
Lo que no se puede aceptar es que, justamente cuando han estallado los escándalos que pusieron en evidencia que no es precisamente aquí en Colombia donde queda la Corte Celestial, se pretenda impedirles a los afectados con las tropelías judiciales denunciar a los malos funcionarios judiciales —que los hay en cualquier instancia, del mismo modo como en cualquier instancia los hay irreprochables— y se les quiera tender de antemano un manto de impunidad que los proteja.
Todos somos iguales ante la ley. Que eso no se quede en una mera frase de cajón.
