¿Qué pretende el gobierno nacional: defender a los compositores, acabar con SAYCO o favorecer a los grandes empresarios?

Pertenezco a SAYCO, pero no vivo de la música.  Soy consciente, sin embargo, de que la inmensa mayoría de los demás compositores, por no decir todos, sí viven -o sobreviven- de ella y soy totalmente solidario con su cada vez más inocultable tragedia.

Desde hace muchos años se venía denunciando públicamente la dramática situación del compositor colombiano. También desde hace muchos años, no pocos compositores venían cuestionando el manejo que las directivas de SAYCO le venían dando a la entidad, empezando porque los cargos -en su sentir- se repartían entre una rosca de personajes sin brillo alguno en el mundo musical, artístico o cultural, de quienes nadie entendía qué méritos habían exhibido para merecer que se les entregasen las riendas de la institución. Igualmente, desde hacía muchos años se venía diciendo -o mejor, clamando- que algo muy grave está pasando en Colombia como para que buena parte de los géneros y aires musicales (bambuco, pasillo, guabina, canción protesta, pasodoble, tango, cueca, vals, marcha, zarzuela, milonga, huapango, bolero, danza, contradanza, rumba criolla, etcétera) hubiesen prácticamente desaparecido de la red radial, de la televisión y, en general, de los medios de comunicación, con el consiguiente grave perjuicio para sus autores y compositores, dado que si la música de alguien no suena, tampoco ese alguien recibe regalías de manos de SAYCO, acentuándose así las condiciones de pobreza de los creadores de toda esa música discriminada. Y finalmente, cada vez menos en secreto, se venía haciendo referencia a la denominada “PAYOLA”, vale decir, el forzoso pago por debajo de la mesa que supuestamente debían hacer las grandes disqueras o los artistas independientes que aspiraran a que su música sonara en las emisoras.  En fin, desde hacía mucho tiempo era tema recurrente el calamitoso, inmoral e insostenible estado de cosas dentro de la música y la glacial indiferencia del Estado colombiano ante esa problemática. Es curioso, sin embargo, que sólo a partir de la publicación del comunicado de un poderoso empresario bogotano en el periódico EL TIEMPO de Bogotá, el Estado decida hacer valer su inmenso poder para, supuestamente, entrar a defender enérgicamente al débil y marginado compositor nacional.

Pero más curioso resulta que el Estado entienda como defensa enérgica del olvidado compositor nacional el cierre de su asociación gremial y la caótica atomización del recaudo de los derechos de autor, y que a eso reduzca la solución del complejo, delicado y apremiante problema.

En efecto, a partir del escándalo suscitado luego del concierto de la banda rockera Aerosmith en Bogotá, organizado por el señor Ricardo Leyva, autor del extenso, costoso y efectivo comunicado de prensa, se ha venido aprovechando el desorden (“En río revuelto, ganancia de pescadores”) para propiciar el cierre de la sociedad de compositores. Cierre que se pretende justificar con el argumento, a todas luces sofístico, de que dicha entidad no está velando, realmente, por los intereses del compositor colombiano, como si la mejor manera de entrar, por fin, a proteger al abandonado compositor nacional fuera el acabarle de raíz todo vestigio de organización como gremio.

RICARDO LEYVA

El señor Ricardo Leyva, al publicar, pagándola de su bolsillo, una página entera del periódico nacional EL TIEMPO, cuyo costo todos sabemos que alcanza varios millones de pesos, no sólo demostró que es un empresario pudiente, sino, a juzgar por el texto de su comunicado, que había decidido asumir, con toda decisión, la defensa, no de los intereses del compositor colombiano, desde luego, sino de SUS PROPIOS INTERESES PERSONALES, afectados con el cobro de las regalías ordenadas por la ley a favor del compositor colombiano, y buscar, a como diera lugar, el cierre de SAYCO. Fue elocuente la frase inicial de su comunicado: “NO MÁS SAYCO“.

Hábilmente, el mismo señor Leyva aprovechó, además, sus evidentes contactos personales en la radio, pero principalmente en la emisora La W, para generar un largo espacio -dos horas continuas- a hacer creer, de manera sofística, que como el compositor colombiano se muere de hambre y de olvido, la solución es, simple y llanamente, cerrar a SAYCO.

Las influencias del poderoso empresario hicieron posible que el propio Ministro del Interior Dr. Germán Vargas Lleras interviniera en el asunto y fue así como el Estado, inveteradamente sordo a las súplicas del compositor colombiano, de la noche a la mañana mostró una “preocupación” desmedida y urgente por su situación, procediendo a  la apertura inmediata de una exhaustiva investigación a SAYCO.

GERMÁN VARGAS LLERAS

Esa investigación, asombrosamente vertiginosa, prácticamente comenzó con la exigencia de la inmediata renuncia del Director Nacional de Derechos de Autor (a menos que su dimisión haya sido voluntaria y una mera coincidencia).

También procedió el Estado a dejar, igualmente casi de inmediato, sin efectos el reconocimiento del Gerente de SAYCO, señor Jairo Ruge.

JAIRO RUGE

Finalmente, el gobierno comenzó a sugerir, palabras más, palabras menos, que los días de SAYCO estaban contados.

Para un respetable sector de los compositores, es evidente e indudable que, desde hace mucho tiempo, SAYCO viene siendo manejada por una rosca impenetrable y que son muchos los creadores de música colombianos que no se están beneficiando de la sociedad en ningún sentido. También pareciera -según lo que ha trascendido a los medios- haber quedado al descubierto que los administradores de la sociedad venían incurriendo en irregularidades de diversa naturaleza en el ejercicio de sus funciones y que su remoción resultaba aconsejable. Pero eso es una cosa, y otra, totalmente distinta, es que a Colombia se le envíe el mensaje equívoco de que frente a ese mar de injusticias en el que se ahoga el compositor colombiano lo procedente, entonces, es cerrar a SAYCO, que el Estado tampoco asuma directamente las tareas de recaudo y distribución de regalías a los compositores, y que, sencillamente, una de dos: o que la música pase a ser, sin más ni más, del dominio público, aun en vida de sus creadores, llevando a la tumba no sólo los derechos de autor, sino a quienes viven de su talento creativo en el área musical, o que cada compositor se las ingenie para ver de qué manera cobra, directamente en las emisoras y en los conciertos, lo que le corresponde. O una de tres: las dos anteriores o que se creen todas las organizaciones gremiales de compositores que sean posibles, es decir, que se atomice lo que durante muchos años fue SAYCO.

Curiosamente, en medio de la tormenta y con velocidad vertiginosa, el Congreso Nacional aprobó una ley -cuya gestación y desarrollos no tenemos claros- que fue pregonada también a los cuatro vientos bajo el sugestivo título de que le habían puesto “el tatequieto” a SAYCO, por medio de la cual -según dicen- se redujo de manera más que drástica el porcentaje que a su favor estaba legalmente establecido del producto de los conciertos.

De igual manera, y distrayendo en forma habilidosa la atención acerca de los verdaderos problemas que agobian al compositor colombiano y sobre las razones que tomó en cuenta el legislador para establecer la obligatoriedad del cobro porcentual a favor de SAYCO por la explotación económica de la música en el territorio nacional, se echó a rodar el sofístico argumento de que el 50% de la música que se escucha en Colombia es extranjera y que, “en consecuencia”, no se le tiene por qué pagar nada a compositores de aquí cuya música no se escucha. Nada se habla, eso sí, sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad manifiestas que tiene la perversa y arbitraria EXCLUSIÓN de la música nacional, exclusión sorprendentemente aupada por el propio Estado (el cual también, como ciertos sectores de la sociedad, pareciera AVERGONZARSE de ser de este país), ni de los convenios internacionales que SAYCO ha suscrito para el recaudo por el uso de la música de compositores extranjeros.

La absurdidad de la “solución” que se pretende sugerir frente a la posible desaparición de SAYCO, según la cual cada compositor ha de mirar a ver cómo recauda sus derechos, seguramente yendo de emisora en emisora, de bar en bar y de concierto en concierto, salta a la vista.  Es una “solución” tan absurda, como inconveniente para la fortaleza del gremio resulta la otra “solución” planteada: la de que se promueva la creación de múltiples asociaciones de compositores, de modo que lo que reine sea la desunión, el caos y el desorden.

En suma, la dramática situación del compositor colombiano sólo se está tomando como el pretexto perfecto para justificar el cierre de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, sin que se hable en absoluto sobre qué entidad la reemplazaría o de qué manera va a garantizar el Estado el efectivo recaudo de sus derechos. No se habla, ni por asomo, de la desaparición de SAYCO, pero como punto de partida para una política oficial de defensa de todo aquello que le daría al compositor nacional la dignidad que no tiene y que, sin embargo, se merece, a saber:

a.) Que la red radiofónica y televisiva de este país sean conminadas por el Estado a difundir la música de TODOS los compositores colombianos, pero especialmente de los más afectados con la discriminación y la exclusión, que son, ¡vaya paradoja!, aquellos que crean música COLOMBIANA, y más concretamente aquellos que, en la más absoluta soledad y abandono, luchan por no dejar morir el bambuco, la guabina, el pasillo, la danza, la rumba criolla y, en fin, las expresiones musicales que constituyen la preciosa riqueza folclórica nacional andina de Colombia, quienes ven su música EXCLUIDA hasta de la Radio Nacional.

b.) Que la divulgación de la música colombiana no esté condicionada al pago de la inmoral PAYOLA, vicio detestable que pareciera haberse convertido en la talanquera para el progreso de nuestros compositores y que estaría alejando de la radiodifusión la música de aquellos que no tienen recursos económicos para sobornar a inescrupulosos “hombres de radio” que -explícita o implícitamente- les estarían poniendo como condición, para difundirles sus canciones, el que primero les paguen exorbitantes cantidades de dinero, sumas que obviamente no están al alcance del empobrecido compositor colombiano. El debate público sobre la PAYOLA debe ser abierto ya.

c.) Que las emisoras cumplan con su deber legal de PAUTAR la música que se pone a sonar durante el día y que dicha pauta SE REPORTE oportuna y debidamente a la organización que administre los derechos de los autores y compositores, conforme también lo ordena la ley, ya que es esa pauta la que permite saber CUÁNTO debe reconocérsele a cada maestro por concepto de regalías.

d.) Que los empresarios de conciertos, como el señor Leyva, sean conminados a no seguir ignorando la música representativa del país y a que contraten también a grupos y artistas de música colombiana, PERO EN CONDICIONES DE DIGNIDAD, no como meros “teloneros” de relleno, gratuitos o mal pagados.

e.) Que el Estado INTERVENGA la organización de ferias, carnavales, festivales y certámenes de todo orden realizados en el territorio nacional, en los cuales una rosca impenetrable mantiene excluidos a los compositores colombianos ajenos a ella y, por supuesto, a la música tradicional colombiana, tratada en estos eventos como una cenicienta, si es que alguna participación, así sea indecorosa, se le permite.

En fin, cerrar a SAYCO, solamente para satisfacer a los empresarios poderosos asegurándoles que se beneficiarán con un margen de utilidad mayor al no tener que volver a pagarle nada ni a SAYCO, ni a organización alguna que represente a los autores y compositores de Colombia, sería la peor afrenta que el poderoso Estado colombiano le haría al frágil y olvidado creador de música en este país.  Una afrenta que desconocería la imperiosa necesidad existente, no de matar a SAYCO, sino de REFORMARLA DE MANERA RADICAL, cerrándole legalmente el paso a la conformación de roscas que se perpetúen en los puestos de mando.  Una afrenta que ignoraría que dejar a los compositores sin organización gremial alguna y atomizar el recaudo de los derechos de autor significa conducir al compositor nacional de su precaria condición actual a la de literalmente irse al abismo de manera definitiva, víctima de la debilidad, que es a lo único que lleva la desunión.  Una afrenta, en fin, que consumaría, por enésima vez, el abuso de la posición dominante del fuerte para pisotear los derechos del débil.