Las extravagantes cuentas de Mario Iguarán. Por Óscar Humberto Gómez Gómez.

Tragar entero es uno de los peores defectos que puede tener un periodista.

Para la muestra, un botón:

El periódico Vanguardia Liberal, uno de los dos diarios de Bucaramanga,  publicó ayer una extensa entrevista que algún periodista de la agencia de noticias Colprensa de Bogotá le hizo al exfiscal general de la nación Mario Iguarán, quien, al parecer, ahora se pasó del campo penal al contencioso-administrativo según nos cuenta en esa entrevista, montando una oficina que, según también nos cuenta, se llama “Mario Iguarán Asociados”, la cual, según igualmente nos cuenta, tiene “50 casos”.

Dentro de esos “50 casos” el entrevistado se refiere a 9.  Se trata de 9 presos cuya libertad fue obtenida por el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, que, según así mismo nos cuenta, él lidera.

Nada tendría de particular la entrevista, excepto su inocultable apariencia de publirreportaje, si no fuera porque el entrevistado no tiene óbice alguno en decirle al país que por cada uno de esos 9 presos injustamente privados de la libertad la demanda que él entablará será del orden de los cinco mil a los seis mil millones de pesos, de manera que el entrevistador, multiplicando -y eso por lo bajo- concluye, y así se lo informa a Colombia en tremendo y escandaloso titular, que las nueve demandas de Iguarán serán por la bicoca de cuarenta y cinco mil millones de pesos.

Copio a continuación los apartes pertinentes de esa entrevista:

“¿Por qué al Estado le vienen demandas millonarias?

Lidero el programa Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán. Esto es un proyecto muy bonito que tenemos con los estudiantes de la facultad. Por medio de investigaciones hemos analizado que hay muchos presos inocentes en las cárceles a quienes no se les prestó ayuda judicial en su momento. Revisando el historial judicial, tomamos algunos casos y hemos trabajado en ellos. Hasta el momento hemos sacado a nueve personas de las cárceles, privadas de la libertad injustamente.

¿Contemplan algún tipo de denuncia contra el Estado?

Evidentemente. A estas personas se les debe pagar por la vulneración a sus derechos y los daños causados por estar presos. Esto es un estado social de derecho donde se debe proteger a todos los ciudadanos, y esto es una clara vulneración al derecho. Aunque el dinero no suprime el daño físico y moral causado por estas condenas injustas, sí ayuda a enmendarlo.

¿De cuánto podrían ser las demandas?

Eso depende de la persona, los daños sufridos y la afectación que se pueda probar. Le podría decir que se contemplan acciones de reparación de entre $5.000 y $6.000 millones cada uno.

¿Y este programa seguirá?

Sí. Tenemos una responsabilidad moral con muchas personas inocentes presas.

¿Qué falló para que estas personas fueran condenadas injustamente?

Por lo que hemos analizado hubo errores de procedimiento de algunos jueces. Pero, sobre todo, faltó rigurosidad en las investigaciones que se realizaron. El Estado creó un grupo de abogados para evitar los pagos multimillonarios.

¿Qué se puede hacer para evitar estas condenas multimillonarias y además impedir que se lleven personas inocentes a la cárcel?

Se evita revisando el proceder judicial y actuando conforme a la ley. Siempre, se debe llevar con excelencia el derecho”.

Pues bien;

La entrevista adolece de una manifiesta, lamentable y perjudicial falta de profesionalismo.

Le faltó rigor profesional al periodista, pues no le exigió al locuaz entrevistado que razonara su estrambótica aseveración explicando de dónde le salían semejantes cuentas.

Y le faltó rigor profesional al entrevistado, porque por ninguna parte las cuentas arrojan ese monumental resultado.

Cualquier persona medianamente vinculada a las lides del Derecho Administrativo sabe perfectamente que hay un tope máximo hasta el cual la jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce el daño moral. Ese tope es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes aproximadamente a unos sesenta millones de pesos. Tope que no se le concede a todo el mundo, sino, pongamos por caso, se le reconoce a quien ha sufrido la mutilación de sus piernas. En el caso de la persona injustamente privada de su libertad, el que se le reconozca ese tope máximo depende de diferentes factores, como, por ejemplo, el tiempo que el preso haya permanecido en prisión.

Y sabe perfectamente también -cualquier persona medianamente vinculada a estas lides-que el lucro cesante se tasa de acuerdo con el ingreso mensual del afectado y que, por ende, en el caso de los 9 presos que sacó libres el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, por tratarse de gente humilde, se tasa por el salario mínimo legal mensual vigente.

Sabe, además, que para liquidar ese lucro cesante se toma en cuenta el tiempo que el preso duró preso. Y si el caso más sonado de los 9 es, seguramente, el de Manuel José Mena, quien duró preso 3 años, la cuenta del lucro cesante en esos 3 años a razón de $600.000 mensuales, es decir, $7’200.000 anuales, no alcanza, ni por asomo, esa colosal cifra.

A los seis mil millones de pesos de los que habla el doctor Iguarán no se llega ni poniendo la escalera de agregarle potenciales rubros adicionales, por cierto de muy exótica ocurrencia y de muy difícil demostración,  rubros que, en todo caso, tampoco dan, ni por atisbo, para que la cauchera se estire tanto.

Como al presentar una demanda es obligatorio ahora sustentar la cuantía con una explicación seria y documentada de la misma, Colprensa, y por supuesto sus periódicos abonados, entre ellos el que aquí publicó ayer esa entrevista, deberían, cuando el doctor Iguarán presente sus nueve demandas, verificar si, en realidad, las mismas fueron formuladas por los cuarenta y cinco mil millones de pesos de los que habló el locuaz entrevistado, sobre qué bases hizo sus cuentas para que le diera semejante cantidad, y si la Jurisdicción Contencioso-Administrativa consideró debidamente fundamentadas esas colosales pretensiones.

Más aún: como, de todos modos, uno puede pedir esta vida y la otra, y hasta hacerles a sus estrambóticas peticiones una sustentación aparentemente razonable, de modo que posibilite la admisión de la demanda para trámite, sin que eso signifique que por esos montos vayan a salir finalmente las condenas, Colprensa y por supuesto sus periódicos abonados, entre ellos el que aquí publicó ayer la entrevista, deberían comprobar, en su momento, el monto de ellas.

Estas ruidosas exageraciones solamente buscan atraer la atención de la población ignorante y crear una visión desigual entre los abogados sugiriendo que mientras el doctor Fulano sí es “un duro” porque pide de a miles de millones, el doctor Zutano no merece ser contratado porque se limita a solicitar sumas menos rimbombantes.

Por lo demás, EL DAÑO que esta clase de noticias le están causando AL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO, en un momento en que por todas partes se está vendiendo la idea de que quienes demandan al Estado no son sino unos hampones saqueadores del erario -afirmación genérica que, como toda afirmación genérica, termina siendo injusta-, resulta ser un daño INMENSO.

Tan INMENSO como las cifras desorbitadas que dio el doctor Iguarán y que uno de los dos diarios de aquí publicó ayer.

Y que publicó, como dicen los expertos en derecho sucesoral, sin el más mínimo beneficio de inventario.